Piden el cese inmediato de la secretaria General de Fomento de la CARM por los graves errores incurridos en la reclamación de reintegro de ayudas a los damnificados del terremoto.
La concejala de esta formación, Gloria Martín, criticó duramente que la administración autonómica mantenga en uno de sus más altos escalafones a una persona que traslada información falsa y contribuye a la confusión de los ciudadanos afectados por la devolución de las ayudas concedidas tras los seísmos de 2011
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha pedido hoy el cese, de manera fulminante, de la secretaria General de la Consejería de Presidencia y Fomento, Yolanda Muñoz, por mostrar difundir «información falsa», contribuir a la confusión de los ciudadanos y por mostrar un «gravísimo desconocimiento» de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que debe aplicarse a los afectados por la devolución de las ayudas por los terremotos de 2011 en Lorca,
En declaraciones a un medio de comunicación regional, Muñoz dijo ayer en relación con los plazos de prescripción, que, «en realidad, el plazo de seis años no es desde que se produjeron los terremotos sino desde el pago de la ayuda». Al respecto, Martín recordó que según el artículo 33.1 de la citada Ley de Subvenciones, «prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro». Un plazo que tampoco empieza a computar «desde el pago de la ayuda», como afirmó Muñoz, sino desde «el día siguiente a aquel en que venció el plazo para presentar la justificación [de la ayuda] por parte del beneficiario» (art. 33.1.a).
Martín criticó duramente que la administración autonómica mantenga en uno de sus más altos escalafones a una persona que «manifiesta un profundo e injustificable desconocimiento de las leyes que rigen todo el procedimiento de subvenciones autonómicas». En sus declaraciones, la secretaria General de la Consejería de Presidencia y Fomento llega a asegurar que el Ayuntamiento es también responsable de la concesión de unas ayudas que eran «autonómicas y estatales al 50%».
También afirmó que la CARM no está obligando a devolver ninguna ayuda y que el hecho de que el procedimiento se titule «de reintegro», o sea, de devolución, es «una simple denominación» y un «mero trámite». Al respecto, Martín aseguró que muchos damnificados han recibido cartas en las que se les informa que la Comisión Mixta, en una reunión del pasado 27 de julio, «eleva al órgano competente iniciar expediente de reintegro», relativo a las subvenciones. «Si eso no es un requerimiento para la devolución de las ayudas que venga Dios y lo vea», denunció Martín.
Una Comisión Mixta que, además, procede a modificar la cuantía inicial de las ayudas, «más de cinco años después del acto administrativo de referencia, que es la concesión de la subvención». En ese sentido, Martín explicó que si bien la Administración tiene la facultad y competencia para revisar de oficio sus propios actos, tiene un plazo legalmente reconocido para llevarlo a cabo, tal y como establece la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. «La revisión de dicho acto transcurrido el plazo legalmente establecido, resulta contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes», aseguró.
La concejala de IU-Verdes, criticó a Muñoz por asegurar que la CARM vela porque las subvenciones públicas «no prescriban», cuando el propio Tribunal de Cuentas ha «tirado de las orejas» al Gobierno regional, tras detectar «retrasos significativos desde la detección de la irregularidad [en la justificación de las ayudas] hasta el inicio del procedimiento de reintegro, así como demoras desde la fecha de notificación del mismo hasta la liquidación del reintegro».
Por último, Martín exigió a la CARM que «deje de hacer oídos sordos» a los requerimientos del Pleno del Ayuntamiento de Lorca para aplicar una solución «técnica y política» al proceso de devoluciones masivas de subvenciones iniciado en Murcia. Al respecto recordó que el máximo órgano de representación de los lorquinos ha instado al Gobierno autonómico en este sentido en dos ocasiones julio y septiembre de 2017- a través de sendos acuerdos plenarios.
