La Plataforma de Afectados por el Terremoto de Lorca exigió ayer que se hagan efectivas las ayudas públicas para alquileres y reconstrucción de viviendas en la ciudad, y anunciaron movilizaciones si éstas no llegan a los damnificados antes del 31 de agosto.
Representantes de la plataforma se reunieron ayer por la mañana con la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, y con representantes de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) para informarles de la situación que vive la ciudad cuatro años después de los seísmos de mayo de 2011.
Según explicó el portavoz de la organización, José Alberto Lario, el tema más urgente para los afectados es la recepción de las ayudas públicas previstas para hacer frente al pago de alquileres y la reconstrucción de edificios.
De los 78 millones de euros comprometidos para esos conceptos, aún faltan por llegar unos 13 millones de euros, lamentó, lo que supone que muchos de los afectados tienen que costear de su bolsillo el alquiler de las viviendas que ocupan y las hipotecas de las que están en reconstrucción, una situación «vergonzosa y sangrante, que no se puede excusar».
Por eso, la plataforma anunció que si esas ayudas no llegan antes del próximo 31 de agosto, los afectados llevarán a cabo movilizaciones para concienciar sobre su difícil situación. Otra de las principales preocupaciones de la plataforma, indicó, es la situación de 60 familias que tendrán que embarcarse en un contencioso-administrativo con el Consorcio de Compensación de Seguros por las bajas tasaciones de sus viviendas.
Para Lario, estas familias están «en el minuto cero del terremoto» y ni siquiera han podido demoler sus viviendas, y la situación de este problema es, a su juicio, cuestión de «voluntad política», dado que el Consorcio depende directamente del Ministerio de Economía.
De las 1.150 viviendas que se demolieron a consecuencia de los seísmos, solo una tercera parte, unas 450 familias, han podido regresar a sus hogares, mientras que el resto continúan desplazadas cuatro años después.
También denunció que el instituto Francisco Ros Giner continúa pendiente de su apertura para el próximo curso, y recordó que unos 1.200 jóvenes llevan desde 2011 estudiando desplazados de ese centro.
En cuanto al centro de salud Lorca Centro, lamentó que tras su demolición «a día de hoy no se ha puesto ni un ladrillo», y se quejó de la «merma de los servicios públicos» en el municipio tras la catástrofe.
Por último, y entre otros temas, la plataforma exigió el cumplimiento del ‘Plan Lorca’ y «transparencia» para saber qué inversiones se han llevado a cabo con el préstamo de 135 millones de euros del Banco Central Europeo (BCE) para reconstruir la ciudad.
Lario agradeció la buena acogida y el rápido recibimiento de los grupos políticos en la Asamblea y se mostró «ilusionado y confiado» en que en esta legislatura, con mayor pluralidad política, los partidos cumplan con sus compromisos de trabajar por la Ciudad del Sol y elevar el problema a las instancias que sea preciso.
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