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Critican las excusas del Ministerio de Justicia para retrasar ocho meses el inicio de las obras ya adjudicadas del Palacio de Justicia en el casco histórico.

IU: "Si se hubieran hecho bien las cosas, la adjudicataria del Palacio de Justicia estaría pagando 1.600 euros diarios de penalización por el retraso en las obras".

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Critican las excusas del Ministerio de Justicia para retrasar ocho meses el inicio de las obras ya adjudicadas del Palacio de Justicia en el casco histórico. 

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, dijo ayer que el Ministerio de Justicia cuestionó la viabilidad de la construcción de los nuevos juzgados locales en el lugar elegido para ello, después de que las obras para levantarlo en el casco histórico fueron adjudicadas hace ocho meses y aún no hayan han comenzado.

Gil hizo alusión a una reunión mantenida en diciembre en Murcia con representantes del ministerio, de la adjudicataria y de la Dirección General de Bienes Culturales autonómica ante el retraso en el inicio de las obras. Comentó que le «preocupó muchísimo» que el planteamiento de los representantes del ministerio sobre la conveniencia de levantar nuevas infraestructuras judiciales en entornos monumentales o históricos, por sus especiales dificultades constructivas.

Gil dijo que el resultado de la reunión fue «insatisfactorio y preocupante» y que le pareció un «viaje en el túnel del tiempo», ya que considera que el cambio de emplazamiento del proyecto o de la conservación de las fachadas históricas era «un asunto superado», una vez que la obra había sido adjudicada por 8 millones de euros.

IU también critica el retraso y recuerda la importancia que tiene la obra para agilizar la Justicia en Lorca.

Por su parte, Izquierda Unida-Verdes reclamó al Ministerio de Justicia el inicio de las obras de construcción del Palacio de Justicia. La concejala de IU, Gloria Martín, señaló que la empresa adjudicataria, Constructora San José S.A. «ya ha agotado una tercera parte de los 24 meses de que dispone para la ejecución de los trabajos».

Martín opinó que «las necesidades de los lorquinos en materia judicial no pueden depender del interés de una empresa», en alusión a los problemas planteados por la adjudicataria para el mantenimiento de las fachadas del siglo XIX incluidas en la parcela en la que tiene que construir el palacio.

La concejala añadió que la adjudicataria no puede pretender «tirar esa inversión por la borda y arrasar con parte del patrimonio histórico de los lorquinos sólo para abaratar costes y ampliar su margen de beneficio». «En virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración podría estar imponiendo hasta 1.600 euros diarios de penalización por incumplimiento de un plazo parcial de ejecución», afirmó Martín.

Martín ha informado que el diputado nacional de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, ha vuelto a preguntar por escrito al Gobierno de España sobre el retraso de unas obras “que los lorquinos llevan esperando más de 30 años”. Sixto pide conocer “los problemas técnicos o deficiencias en el proyecto que justifiquen su paralización, la fecha de reanudación de los trabajos así como la de entrada en funcionamiento del nuevo edificio”. La pregunta fue registrada en la Mesa del Congreso el pasado 29 de noviembre y aún no ha sido contestada, algo para lo que el Gobierno tiene de plazo hasta el 13 de febrero, según el Reglamento de las Cortes Generales.

FuenteFUENTE LAOPINIONDEMURCIA.ES
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