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Los ecologistas y Ayuntamiento piden a la delegación de gobierno y CARM que dote de más agentes para proteger Calnegre de los sabotajes.

Tanto Ecologistas en Acción, como Naturactúa, han exigido al Gobierno Regional que actúe con rapidez, para que este grave hecho no quede impune.

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Los ecologistas y Ayuntamiento piden a la delegación de gobierno y CARM que dote de más agentes para proteger Calnegre de los sabotajes.

La asociaciones ambientalistas Naturactúa y Ecologistas en Acción, han denunciado este viernes la roturación con tractor de varias zonas de alto valor ambiental, incluyendo numerosa flora protegida, en Calnegre (Lorca). También se han arrancado bolardos, que precisamente se colocaron para proteger dichas zonas del acceso y afección por vehículos.

Para ambas organizaciones la acción supone un sabotaje muy grave, con consecuencias posiblemente irreparables debido a las características de la zona afectada.

Sabotaje en 2018 a la caseta instalada por el Ayuntamiento de Lorca para proteger los accesos a las playas.

Y recuerdan que no es la primera vez que ocurren este tipo de actos, ya que el verano pasado, agricultores y vecinos contrarios a la protección del Parque Regional y a la regulación de accesos a playas con ecosistemas muy sensibles, se saldó con multitud de acciones de sabotaje, como eliminación de bolardos, rotura de una caseta, rotura de señalización y de estructuras de sombraje, entre otras.

Tanto Ecologistas en Acción, como Naturactúa, han exigido al Gobierno Regional que actúe con rapidez, para que este grave hecho no quede impune.

Las organizaciones plantean las siguientes medidas:

  • Que se investigue a fondo para tratar de localizar a los posibles culpables, que por las características del ataque, debe ser una o más personas de la zona, que disponga de tractor. Recuerdan que el sector agrícola cercano ya ha mostrado recientemente su rechazo a la protección efectiva de la zona.
  • Tras la investigación debe procederse a la restauración ambiental urgente de las zonas afectadas, y en caso de localizarse a los culpables, repercutir a estos el coste de dicha restauración (sin perjuicio de que el expediente sancionador imponga otras sanciones).
  • Ante los recurrentes actos de sabotaje, la administración debe establecer un dispositivo especial de vigilancia, para disuadir de dichos actos.
  • Y la aprobación urgente del PORN y de los Planes de Gestión Red Natura 2000, así como de los Planes de fauna y flora protegida, presente en el Parque Regional.

Por otro lado, a las organizaciones ecologistas les resulta inaudito que se haya permitido el avance desmedido del regadío en esta área protegida, y exigen al Gobierno Regional una auditoría del regadío de la zona, para esclarecer los siguientes puntos:

  • Cuanta de la superficie regada cuenta con todos los permisos legales, y dotación de agua suficiente.
  • Qué superficie se ha roturado de manera ilegal, afectando a poblaciones naturales y especies protegidas.
  • También es necesario que las explotaciones agrícolas que reciben ayudas de la PAC, las cuales están supeditadas a la aplicación de medidas agroambientales en los terrenos que reciben dichas ayudas, sean auditadas, al menos en todas aquellas explotaciones que se encuentran dentro del parque regional.

Una vez realizada la auditoría, se debe exigir la reposición de los espacios afectados, y exigir la devolución de las ayudas percibidas a los infractores.

Ambas asociaciones piden al Gobierno Regional que entre las medidas de gestión que se adopten para compatibilizar la actividad agrícola con la protección de la zona, se vinculen las ayudas de la PAC a la adopción de modelos de cultivo realmente sostenibles y la aplicación de buenas prácticas agrícolas que minimicen el impacto ambiental.

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El Ayuntamiento condena el ataque perpetrado en las calas de Calnegre contra la vegetación protegida y solicita la colaboración ciudadana para localizar al responsable.

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Por su parte IU-Verdes Lorca culpa a la CARM ante Europa por la roturación ilegal.

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha anunciado que su formación política ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de la Región de Murcia por infracción del Derecho comunitario. Denuncia que también realizarán ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

El motivo es el grave delito ecológico y medioambiental que ayer se perpetró en las calas lorquinas de Calnegre, Baño de las Mujeres y Siscal, y que tuvo como consecuencia la destrucción de tres importantes hábitats comunitarios (1210, 2110 y 2230), formados por dunas móviles embrionarias que albergan especies botánicas singulares.

La edil de IU censuró que «el odio y la codicia de cuatro desalmados» les impida ser conscientes del «daño brutal e irreparable» que realizan a este verdadero tesoro natural. «Aquí hay gente que se ha dedicado a destrozar con motosierras infraestructuras pagadas por todos los contribuyentes, a amenazar con prender fuego o con moler a palos a los ecologistas», explicó la edil. Sin embargo, a día de hoy, no hay ni un solo detenido por estos actos vandálicos. «No es verdad que nadie vea nada, que nadie sepa nada. Resulta infame que lo que reine aquí sea una auténtica omertá, una auténtica ley del silencio por miedo a represalias o para proteger a los culpables que pretenden que lo que impere en nuestro litoral sea la ley del salvaje Oeste», aseguró.

Martín ha instado al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, a que se incrementen los efectivos destinados a velar por la protección de estos espacios naturales. «Es imposible que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), pueda realizar su trabajo con dignidad y eficacia si sólo hay tres agentes para toda Lorca, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo, que tocan a 728 km2 cada uno», dijo al respecto sobre unos efectivos a quienes calificó de «auténticos héroes».

También ha exigido al presidente autonómico, Fernando López Miras, que amplíe la plantilla de agentes medioambientales, incluidos los que se integran en la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida). «Se sienten invadidos por la impotencia cuando comprueban que algunos de sus atestados se meten directamente en un cajón» explicó Martín, quien se preguntó qué intereses hay detrás del ocultamiento de estas denuncias y si la Fiscalía de Medio Ambiente conoce estas prácticas, ante lo que pidió que se investiguen.

Por último, la concejala de Izquierda Unida-Verdes pidió al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP), que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se personen como acción popular en las diligencias que puedan abrirse en el juzgado por estos hechos.