El Ayuntamiento ya suma cuatro sentencias judiciales condenatorias que le obligan a devolver, a promotores urbanísticos, el dinero que adelantaron a cuenta en el año 2005, a la firma de convenios para construir miles de viviendas que no han llegado a ejecutarse. El último varapalo judicial es una sentencia del TSJ de la Región de Murcia que condena al consistorio a devolver los 486.000 euros que recibió como anticipo por un convenio con promotores privados para construir 2.052 viviendas en la pedanía de Almendricos, según confirmó ayer el alcalde, Francisco Jódar.
En la misma situación se encuentran otros tres convenios, en estos caso para conjuntos residenciales en las pedanías de Coy, Avilés y Zarcillla de Ramos. Los jueces, en esos casos, también obligan al consistorio a devolver el dinero porque el desarrollo del convenio no salió adelante en los tres años siguientes a su firma.
Estos cuatro convenios forman parte de un paquete de 17 que fueron aprobados en un pleno municipal en 2005 para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano en el que construir 87.000 viviendas y de los cuales ninguno llegó a desarrollarse. Los convenios fueron aprobados en solitario por el PSOE, que entonces gobernaba con mayoría absoluta, y en el pleno el PP se abstuvo de la votación e IU-V votó en contra.
Desde 2013 estos convenios han vuelto a primer plano de la actualidad local después de que los promotores urbanísticos hayan empezado a reclamar por la vía judicial al ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza (un 40% del total) a la firma del acuerdo.
El paquete de convenios está siendo investigado de oficio por la Fiscalía de la Región de Murcia, que en diciembre de 2013 abrió «diligencias de investigación penal»en torno a las posibles irregularidades de aquellos acuerdos. Las cuatro sentencias judiciales condenatorias que se han mencionado obligan al ayuntamiento al pago de 1,2 millones de euros.
