“Seguimos descubriendo casos flagrantes, como un propietario que ha edificado hasta 10 viviendas, para albergar a un gran número de personas, en una parcela de 6.000 m². Ni más ni menos que 10 viviendas. Esos supuestos son los que no podemos permitir. Ahí es donde hay que actuar en defensa de la seguridad, la salud y la dignidad de las personas”.
Así lo ha trasladado la edil del Padrón, Belén Pérez, que ha puesto como ejemplo este caso en relación a los 87 expedientes sancionadores por vulneración del planeamiento municipal abiertos por la Unidad de Control del Padrón desde su puesta en marcha. “Estos son los procedimientos para ordenar a los promotores de infraviviendas el restablecimiento de la legalidad infringida bien a través de ceses de uso o de su demolición, con sanciones -además- como ya hemos conocido cercanas a los 100.000 euros”.
A ello, hay que sumar los 174 procedimientos sancionadores por infringir la Ordenanza Municipal del Padrón, desde junio de 2023, lo que se ha traducido en 45.000€ en multas. “Sólo este año, han sido incoados 50 procedimientos sancionadores”, ha matizado la edil que ha explicado las principales casuísticas.
“En la mayoría de casos, estas sanciones se producen como consecuencia de la falta de veracidad en las declaraciones realizadas por aquellos que intentan empadronar a otras o incluso por los propios solicitantes del empadronamiento. Dicha documentación es sometida a comprobación por los funcionarios del Padrón y por parte de agentes de Policía Local y, en los que casos en que no existe concordancia entre la realidad y lo declarado, se inician las correspondientes actuaciones sancionadores enfrentándose los infractores a multas que pueden alcanzar los 750 euros, en los casos leves, siendo de hasta 3.000 en los casos más graves.
Belén Pérez ha aludido en este punto a la Ordenanza Municipal, que fue modificada el pasado año -precisamente- para ampliar los tipos infractores y así poder perseguir todos aquellos actos que supongan no solamente un incumplimiento de las obligaciones que tienen los ciudadanos respecto del Padrón sino también y, más importante, las conductas que tengan por objeto obtener determinados beneficios a través de la declaración de datos que faltan a la verdad.
“Todas estas medidas son consecuencia de los trabajos e inspecciones que periódicamente llevan a cabo funcionarios del Órgano de Control de Padrón, bien de oficio o bien por denuncia. La transversalidad del mismo nos permite actuar para restablecer la legalidad, dando la oportunidad a los propietarios de hacerlo por su cuenta, pero no vamos a permitir que viviendas unifamiliares, almacenes, trasteros, garajes y locales comerciales se sigan convirtiendo en infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. O en zonas de huerta y pedanías, en instalaciones con uso agrícola y ganadero transformadas”.
“Las personas son lo primero y todos aquellos que cometan este tipo de infracciones, serán perseguidos. Y seguirán llegando sanciones para todos aquellos que incumplan sus obligaciones en relación al Padrón. Y seguiremos buscando, además, que el empadronamiento fraudulento sea tipificado específicamente como delito en el ordenamiento jurídico español, y se contemplen penas de privación de libertad y sanciones económicas, procesando a quienes se lucran con estas prácticas y a quienes participen en su comisión”.
Nuevas actuaciones frente a la inacción de la Confederación en defensa de los derechos de las personas
Belén Pérez también ha aludido en su comparecencia al caso de Camino Hondo. La edil ha explicado que “la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 30 de abril acordó iniciar un ‘procedimiento de ejecución forzosa’ contra la Confederación Hidrográfica del Segura por incumplimiento tanto por parte del Organismo de Cuenca como del Ministerio para la Transición Ecológica de la orden de ejecución dictada por este Ayuntamiento en relación a las instalaciones de su titularidad ubicadas en las inmediaciones del camino Hondo en la Diputación de Marchena, en concreto en el cauce del Rio Guadalentín a su paso por esta diputación”.
Como ya hemos indicado en anteriores ocasiones, en el lugar existen una serie de edificaciones habitadas en condiciones infrahumanas, además de una gran acumulación de basura y escombros procedentes tanto de la presencia de individuos como del deterioro de las propias edificaciones, situación que ha agravado los problemas de insalubridad pudiendo comprometer también la calidad ambiental del entorno.
Ya dimos un plazo de 10 días a la Confederación en el anterior procedimiento que abrimos en febrero de este año, sin respuesta; pero desde la Unidad vamos a continuar con todas las diligencias pertinentes para restablecer la legalidad y la dignidad de esas personas y si hay que ir al juzgado, iremos al juzgado.