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El Ayuntamiento se libra de pagar 2,9 millones porque un convenio no tenía la ´cláusula trampa´.

Se trata de un acuerdo distinto a los otros por los que el Consistorio se enfrenta a la devolución de 16 millones

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El Ayuntamiento se libra de pagar 2,9 millones porque un convenio no tenía la ´cláusula trampa´.

El ayuntamiento de Lorca ha ganado a un grupo promotor inmobiliario un juicio en el que esta sociedad reclamaba al consistorio la devolución de 2,9 millones de euros por un convenio urbanístico firmado en 2001 para la construcción de viviendas que no se han desarrollado.

El concejal de Economía, Fulgencio Gil, ha señalado que el juzgado no ha estimado la demanda de la sociedad promotora y que el Ayuntamiento ha ganado el caso en primera instancia, por lo que no tendrá que devolver el dinero adelantado en su día por esa empresa, que ya recurrido el fallo judicial.

Gil ha recordado que este caso es diferente al de los 17 convenios para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para el desarrollo urbano, por los que el consistorio se enfrenta a la devolución de 16 millones de euros, cinco millones ya con sentencias judiciales condenatorias, debido a que incluían una «cláusula trampa».

La respuesta favorable por parte de los tribunales ha sido posible gracias a que estos convenios incluidos en el planeamiento del Plan General Municipal de Ordenación (PGOM), y aprobados entre los años 2001 y 2001, no recogían la conocida como “clausula trampa”, que forzaba al Ayuntamiento a devolver las cantidades anticipadas por los promotores de los convenios.

De esta forma se evidencia, para mayor claridad, que la aprobación de aquellos convenios supuso un manifiesto error, tal y como dejó claro el actual Alcalde en el pleno del año 2005 en el que el PSOE los aprobó en solitario.

Fulgencio Gil ha anticipado que desde el Ayuntamiento se seguirá informando a los ciudadanos detallada y puntualmente sobre el proceso de estos convenios, puesto que existen otros 2 convenios de planeamiento cuyos promotores también han reclamado, en su caso en vía administrativa, la devolución de los importes ingresados al Consistorio. Estamos hablando de convenios referidos a proyectos en Purias (reclaman 1,4 millones) y Aguaderas (540.910 euros).