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La Audiencia Provincial fija una fianza de casi 50 millones de euros para los 14 acusados por el Caso LIMUSA.

La Audiencia deniega el recurso de los implicados, a los que se acusa de defraudar 2,9 millones de euros. Destacados hombres de negocios de Lorca y Águilas, que pueden ahora perder todos sus bienes, están inmersos en la causa

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La Audiencia Provincial fija una fianza de casi 50 millones de euros para los 14 acusados por el Caso LIMUSA.

El procedimiento judicial que ha dado origen a esta fianza multimillonaria se inició en 2007, con la denuncia de un antiguo empleado de LIMUSA en la que relataba con detalle las presuntas irregularidades cometidas desde la sede de esa compañia y que contó con la colaboración de los 14 acusados.

La denuncia del extrabajador dio origen a la ‘Operación Limusa’, en la que quedó probado el uso de fondos públicos para sufragar gastos tan particulares como fiestas en prostíbulos y que acabó costándole al gerente de la firma, Francisco Gil Eguino, una condena a siete años y medio que ha tenido que purgar en prisión.

Pero, además, Jacinto Parra relató cómo las oficinas y el personal de Limusa se utilizaban para otras cuestiones no menos privadas de Gil Eguino, como eran las de contar grandes cantidades de dinero que llevaba allí de sus negocios inmobiliarios. «Era dinero negro que obtenía de operaciones realizadas con sus actividades privadas; lo llevaba en bolsas de basura y de comercio», refirió a los investigadores, para añadir seguidamente que los fajos de dinero «los extendía en una mesa y los distintos empleados los contaban y hacían cinco montones, todos ellos del mismo importe, y los metían en cinco sobres a los que les ponían nombre».

Lo más interesante para los policías nacionales que, por orden del juzgado, se encargaban de realizar las averiguaciones sobre este asunto, es que el exempleado de Limusa se acordaba perfectamente de quiénes eran esos beneficiarios. «Estas personas, a cada una de las cuales se les entregaba su parte de todo ese dinero negro, eran el propio Gil Eguino, Miguel Miras García, Urbano Alejo Vicente, Sebastián Fernández Rabal y Ángel Trinidad Martínez Tudela».

¿Montones de dinero negro? ¿Negocios inmobiliarios no declarados? ¿Contabilidad opaca? ¿Importantes hombres de negocios involucrados, identificados por sus nombres y apellidos? Demasiado sugerente para dejarlo caer en saco roto.

Poco después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca abría las diligencias previas 1.094/2007 por un supuesto delito de defraudación tributaria, que el pasado septiembre concluyeron con la redacción del auto de apertura de juicio oral. El fiscal, tal y como desveló ‘La Verdad en esas fechas, solicitó penas que rozan los cien años de cárcel para los catorce acusados, multas por un total de 22,6 millones y el pago de indemnizaciones que suman 2,9 millones, que es la cifra a la que ascenderían las cantidades supuestamente defraudadas a la Hacienda Pública en varias operaciones inmobiliarias.

Los procesados por estas diligencias, que ya están solo pendientes de que se señale y celebre el juicio, son un exconcejal socialista de Lorca, Miguel Miras García; el notario Sebastián Fernández Rabal, el dentista Urbano Alejo Vicente; el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez Tudela; los empresarios Ana María Cánovas Sánchez, Diego Cánovas Griñán y Manuel Latorre Millán; el arquitecto José Bartolomé García Martínez, y los promotores José y Antonio Baño Albacete, Juan y Felipe Reverte Segura y José Antonio González García.

FUENTE LA VERDAD.ES – Ricardo Fernández