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Solicitan al Alcalde un Pleno Extraordinario para resolver la aplicación de la prescripción a los damnificados por la devolución de las ayudas de los terremotos.

Gloria Martín también pide a la Corporación que vuelva a exigir al Gobierno de España la condonación de los intereses de demora correspondientes al Estado, así como solicitar al órgano correspondiente la exención del pago de los recargos impuestos por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia a los afectados a los que ha sido remitida providencia de apremio.

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Solicitan al Alcalde un Pleno Extraordinario para resolver la aplicación de la prescripción a los damnificados por la devolución de las ayudas de los terremotos.

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha solicitado a Fulgencio Gil (PP) que haga valer su condición de Alcalde para que convoque un pleno extraordinario al efecto de resolver los problemas que se están generando para la aplicación de los criterios de prescripción en el caso de la devolución de ayudas de los terremotos de 2011.

Martín ha apelado a la sensibilidad de Gil consciente de que Izquierda Unida no tiene el número de concejales suficientes para hacer efectiva dicha convocatoria de Pleno.

Los afectados no tienen ninguna culpa de que la Comisión Mixta tardara dos años en reunirse para atender sus alegaciones.

La edil de IU-V ha explicado que el Pleno serviría para solicitar a la Asesoría jurídica del Ayuntamiento su criterio sobre la caducidad de un trámite de audiencia enviado a los afectados en 2015 y que para la CARM interrumpe el cómputo de la prescripción.

Martín explicó que dichos trámites de audiencia no eran parte del procedimiento formal de exigencia del reintegro, por lo que no interrumpen dicha prescripción, tal y como avala la Jurispridencia.

Pero es que además, las alegaciones planteadas por los afectados en el año 2015 a dichos trámites de audiencia no fueron tenidas en consideración por la Comisión Mixta hasta finales del año 2017. “La Administración tiene unos plazos para culminar los procedimientos iniciados de oficio -12 meses- y si no los cumple, están caducados, son inexistentes y, por tanto, están privados de efectos”, dijo. A lo que añadió que “los afectados no tienen ninguna culpa de que la Comisión Mixta tardara dos años en reunirse para atender sus alegaciones”.

De celebrarse dicho Pleno extraordinario, la intención de IU también es que la Corporación vuelva a solicitar al Gobierno de España la condonación de los intereses de demora de la parte estatal de la ayuda. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que continúa gobernando por decreto, aún puede hacerlo, es sólo cuestión de voluntad política”. En ese sentido, Martín pidió amparo al nuevo Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, de quien dijo tener “un alto concepto”, para que traslade a Moncloa este ruego de los damnificados.

En el Pleno también se pediría al órgano correspondiente la exención del pago de los recargos impuestos por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia a los afectados a los que ha sido remitida providencia de apremio para el reintegro de las ayudas.

Gloria Martín ha recordado que la Administración tributaria ha dictado providencia de apremio sobre liquidaciones impugnadas en la vía administrativa, y respecto de la cual se solicitó la suspensión de la ejecución como medida cautelar por existir perjuicios de imposible o difícil reparación para los damnificados. Sin embargo, sin que la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia haya resuelto sobre los recursos de reposición y las solicitudes de suspensión planteadas, ha dado orden a Hacienda para que ésta proceda al cobro de las ayudas por vía ejecutiva. Para Martín, esto conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución, contraviene la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad.

Y, en cualquier caso, Martín exigió que la devolución de las ayudas en los casos que no puedan justificarse y que no hayan prescrito “no se convierta en una condena para los afectados, con la aplicación de intereses y recargos que incrementan hasta en un 40% la cantidad inicialmente concedida”. “La Administración no puede hacer caja con la tragedia que sufrieron los lorquinos porque ellas mismas no explicaran con la claridad suficiente las obligaciones que contraían los beneficiarios al aceptar las subvenciones”, explicó.

“Hay afectados que no pueden hacer frente a esta sangría que compromete más de la mitad de su salario o pensión. Algunos incluso han sacado el dinero de la hucha que tenían preparada para pagar la universidad de sus hijos”, concluyó.

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