La polémica enfrenta dos indicadores distintos de la salud financiera del Consistorio: la capacidad de mantener unas cuentas saneadas y la agilidad para pagar a quienes prestan servicios al Ayuntamiento. Ambos aspectos son relevantes, pero no miden lo mismo.
El PSOE pone el foco en los retrasos y el Gobierno responde con los datos de deuda y ahorro
La oposición exige explicaciones por los 49,4 días de media para pagar a proveedores
El concejal socialista Isidro Abellán sostiene que Lorca se encuentra entre los siete municipios de la Región de Murcia con peores registros en el periodo medio de pago a proveedores. Según los datos de julio del Ministerio de Hacienda citados por el PSOE, el Ayuntamiento alcanza los 49,4 días, lo que supone superar en 19,4 días el límite legal de referencia de 30 días.
Abellán considera que el deterioro del indicador perjudica a empresas, autónomos y trabajadores que dependen de los cobros municipales para atender sus propios gastos. También reclama que se publique la evolución mensual de los pagos y se adopten medidas para recuperar los plazos legales.
El PSOE vincula además estos retrasos con la tramitación de facturas mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, que utiliza como argumento para cuestionar la planificación económica y administrativa del actual Gobierno.
El Ayuntamiento rechaza las críticas y acusa al PSOE de ofrecer una visión sesgada de la situación financiera. Su respuesta cuestiona que Abellán compare un dato de julio de 2026 con otro correspondiente al cierre de 2022, al tratarse de periodos de referencia diferentes.
El Gobierno de Fulgencio Gil defiende su gestión con otros indicadores económicos. Según los datos municipales difundidos el 19 de octubre, la deuda se ha reducido hasta los 23 millones de euros, más de 8,6 millones menos que en 2022, mientras que el nivel de endeudamiento habría bajado del 43,17% al 23,91%.
El Consistorio añade que el ejercicio de 2025 terminó con un remanente de tesorería de 8,4 millones de euros, un ahorro neto ajustado cercano a los 8 millones y un resultado presupuestario positivo de 5,5 millones. También destaca un resultado económico-patrimonial de 16 millones de euros.
Por tanto, el equipo de Gobierno defiende que la reducción de deuda y los resultados de las cuentas respaldan su gestión, aunque estas cifras no responden por sí solas a la cuestión concreta de por qué el periodo medio de pago habría aumentado hasta los 49,4 días.
Dos versiones que deben contrastarse con los datos
| Cuestión | PSOE, en la oposición | Gobierno municipal, PP y Vox |
|---|---|---|
| Pagos a proveedores | Denuncia 49,4 días de media en julio de 2026. | Cuestiona la comparación con 2022 y defiende su gestión global. |
| Deuda municipal | Considera que los retrasos contradicen el discurso de buena gestión. | Destaca una deuda de 23 millones y una reducción del endeudamiento. |
| Situación presupuestaria | Critica los problemas de planificación y las facturas pendientes de regularización. | Señala el remanente de tesorería, el ahorro neto y el resultado presupuestario positivo. |
| Qué exige al adversario | Explicaciones, publicación de datos mensuales y medidas para reducir los plazos. | Reclama al PSOE que explique su gestión económica anterior y los gastos fuera del presupuesto que le atribuye. |
La clave es distinguir entre solvencia financiera y cumplimiento de los plazos de pago. Un Ayuntamiento puede reducir su deuda, cerrar el ejercicio con superávit y, al mismo tiempo, acumular retrasos en el abono de determinadas facturas. No existe contradicción automática entre ambos escenarios.
Hay tres cuestiones que conviene aclarar:
El dato de 49,4 días es el principal argumento del PSOE. Si se confirma en la información oficial de julio, constituye una señal que merece explicación, dado que supera el límite legal de referencia. No obstante, para determinar las causas hay que conocer la evolución mensual y el detalle de los pagos.
Los datos de deuda y ahorro respaldan parte del argumento del Gobierno, porque aportan información relevante sobre la situación financiera municipal. Pero no demuestran que los proveedores estén cobrando dentro de plazo.
La comparación entre gobiernos necesita contexto. Contrastar diciembre de 2022 con julio de 2026 sirve para ilustrar la diferencia entre ambos registros, pero no basta para atribuir toda la variación a la gestión política sin analizar los meses intermedios, la composición de las facturas y las circunstancias administrativas.
También es importante diferenciar los reconocimientos extrajudiciales de crédito de una irregularidad demostrada: recurrir a ese procedimiento no permite concluir automáticamente que exista fraude o responsabilidad ilegal, aunque sí resulta razonable pedir explicaciones sobre por qué se utiliza y con qué frecuencia.
Conclusión
La controversia deja una cuestión concreta sobre la mesa: si el Ayuntamiento presenta unas cuentas saneadas, ¿por qué el indicador de pago a proveedores refleja un plazo medio de 49,4 días?
El PSOE tiene motivos para exigir explicaciones sobre ese dato si queda confirmado oficialmente. El Gobierno, por su parte, aporta indicadores positivos sobre la reducción de deuda y los resultados presupuestarios, pero necesita explicar también la evolución de los pagos para responder de forma directa a la denuncia.
La forma más transparente de resolver el enfrentamiento sería publicar la serie mensual del periodo medio de pago, su comparación con los límites legales y las causas documentadas de los retrasos, junto con los datos de ejecución presupuestaria y deuda.
Más allá de las acusaciones de incompetencia o de mala gestión del pasado, los proveedores de Lorca necesitan cobrar en plazo y los ciudadanos tienen derecho a conocer ambas caras de las cuentas municipales. Los datos, y no los descalificativos de unos y otros, deberían determinar el balance final.
