La organización sostiene que parte del suelo destinado a actividades empresariales continúa vacío o sin un uso efectivo, pese a la necesidad de facilitar espacios adecuados a las empresas y de impulsar nuevas oportunidades económicas en el municipio. La denuncia pone el foco en la distancia entre la disponibilidad formal de terrenos industriales y su puesta en funcionamiento.
El concejal de IU-Verdes Pedro Sosa ha planteado que la atención municipal que, a su juicio, ya se estaría prestando a solares vacantes del casco histórico se extienda también al polígono. La propuesta busca que el Ayuntamiento observe la situación de estas parcelas y valore qué medidas pueden contribuir a que el suelo empresarial disponible cumpla la función para la que fue habilitado. Sosa ha defendido que el cuidado y la activación de los espacios sin uso no deberían limitarse al centro urbano, sino considerar igualmente las áreas productivas de Lorca.
Desde IU advierten de que la persistencia de terrenos improductivos podría repercutir en la actividad económica local y en la capacidad del municipio para atraer proyectos. La formación expresa preocupación por las empresas que buscan instalarse en Lorca y necesitan contar con ubicaciones funcionales, así como por el aprovechamiento de las infraestructuras y del suelo industrial ya existente. En su planteamiento, disponer de parcelas no basta si estas no llegan a incorporarse a la actividad. Por ello, la denuncia reclama prestar atención a Saprelorca y examinar las causas que, según IU, mantienen parte de sus terrenos sin desarrollar. La formación vincula esta cuestión con la planificación económica municipal y con la posibilidad de ofrecer condiciones más favorables a iniciativas empresariales interesadas en establecerse en la ciudad.
La normativa de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia establece obligaciones para los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano. Ser titular de una parcela no supone únicamente conservarla: cuando el planeamiento prevé su desarrollo, también exige cumplir las actuaciones necesarias para que pueda utilizarse conforme a su destino. Estas cargas forman parte del proceso de transformación del suelo y deben atenderse en los términos y plazos fijados por los instrumentos urbanísticos aplicables.
Entre los deberes principales figura completar, cuando sea necesario, las obras de urbanización pendientes. La parcela debe alcanzar la condición de solar, lo que requiere disponer de los servicios y las infraestructuras exigidos por la legislación y el planeamiento, como accesos y redes de abastecimiento, saneamiento o suministro. Una vez cumplidas las condiciones urbanísticas correspondientes, los propietarios también deben solicitar las autorizaciones pertinentes y edificar dentro de los plazos previstos. Los plazos concretos dependen de la ordenación aplicable y de las circunstancias de cada ámbito, por lo que conviene revisar la documentación urbanística y los acuerdos que afecten a la parcela.
El incumplimiento de estos deberes puede activar mecanismos administrativos para impulsar la ejecución de las previsiones del planeamiento. Según el caso y con las garantías procedimentales establecidas, la Administración puede exigir que se cumplan las obligaciones pendientes y recurrir a instrumentos de intervención, entre ellos la expropiación, la venta forzosa o la sustitución forzosa del propietario en la gestión o ejecución de las actuaciones. No se trata de consecuencias automáticas: su aplicación requiere atender a la normativa vigente, a los plazos y trámites correspondientes y a las circunstancias concretas del terreno.
Este marco se relaciona con los objetivos del plan regional de ordenación territorial del suelo industrial, orientado a facilitar una ejecución más ágil de los polígonos y a que el suelo disponible llegue efectivamente a la actividad productiva. Al promover el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, se busca evitar que parcelas aptas queden inmovilizadas durante largos periodos por estrategias de retención especulativa. Para los propietarios, conocer sus deberes y los plazos aplicables permite anticipar costes, planificar la urbanización y la edificación, y reducir el riesgo de procedimientos administrativos.
Pedro Sosa anunció que defendería en el pleno municipal una iniciativa para reclamar que el Ayuntamiento actúe ante las parcelas industriales de Saprelorca que continúan sin desarrollarse. La propuesta plantea aplicar los instrumentos contemplados tanto en la legislación urbanística como en el plan regional, con el objetivo de que el suelo previsto para usos productivos pueda incorporarse efectivamente a la actividad económica.
La moción toma como referencia las actuaciones municipales dirigidas a propietarios de solares vacantes situados en zonas del centro histórico. Desde esa comparación, solicita una respuesta de alcance comparable para los terrenos industriales que permanezcan inactivos. No se trata de afirmar que ambos contextos sean idénticos, sino de pedir que la Administración valore y utilice las herramientas disponibles también cuando la falta de desarrollo afecta a parcelas destinadas a empresas y actividades productivas.
En términos políticos, la iniciativa insta al gobierno local a examinar la situación de esos terrenos y a promover el cumplimiento de las obligaciones y previsiones urbanísticas que resulten aplicables. La legislación y la planificación regional ofrecen mecanismos para impulsar la transformación efectiva del suelo; la moción pide que se consideren en Saprelorca y que la gestión municipal no se limite a los solares del casco histórico. La petición queda planteada como una propuesta para que el pleno debata la conveniencia de extender esa línea de actuación al ámbito industrial.
El propósito declarado es que las parcelas cumplan la función económica para la que fueron ordenadas y que exista suelo disponible para el establecimiento o la expansión de actividades empresariales. Mantener terrenos sin desarrollar puede limitar la capacidad de ofrecer espacios adecuados a iniciativas productivas, mientras que activar las parcelas podría contribuir a aprovechar mejor la planificación existente. La moción, por tanto, vincula la intervención pública con la disponibilidad de suelo industrial y con la posibilidad de que Saprelorca responda a las necesidades de empresas. Su planteamiento no presenta el desarrollo como un resultado automático: propone utilizar las herramientas previstas y promover una actuación municipal que permita avanzar hacia ese objetivo.
Las propuestas municipales para Saprelorca se centran en modernizar infraestructuras y estudiar la ampliación del polígono industrial. Son actuaciones relevantes para mejorar la capacidad del área y sus condiciones de servicio, pero no resuelven por sí solas una cuestión distinta: qué ocurre con las parcelas que ya existen y continúan sin actividad. La disponibilidad física de suelo no equivale necesariamente a una oferta efectiva para empresas, especialmente si determinados terrenos permanecen sin desarrollar o no están accesibles en condiciones adecuadas.
Izquierda Unida considera insuficiente la respuesta cuando se limita a plantear mejoras generales o una posible expansión, sin abordar el estado de los terrenos existentes. En ese debate, el concejal Pedro Sosa invitó a comprobar visualmente la situación mediante herramientas cartográficas, como imágenes aéreas y mapas disponibles en internet. Esa consulta puede servir para identificar parcelas aparentemente vacantes y plantear preguntas sobre su evolución, aunque no permite, por sí sola, determinar su situación jurídica, el uso autorizado o las razones por las que no presentan actividad. Para ello hacen falta datos y comprobaciones específicas.
Mantener suelo industrial infrautilizado puede reducir la superficie realmente disponible para nuevas iniciativas, dificultar que una empresa encuentre una ubicación adecuada y añadir incertidumbre a sus decisiones de inversión. También puede limitar la capacidad del municipio para aprovechar oportunidades de empleo, producción y actividad económica. No obstante, estas consecuencias potenciales no demuestran que exista un incumplimiento concreto en una parcela determinada. Cualquier aplicación de la normativa exigiría estudiar individualmente cada terreno, revisar sus circunstancias y documentación, y seguir los procedimientos administrativos correspondientes, con las garantías previstas para las personas afectadas. Así, la modernización y la ampliación del polígono podrían complementarse con una evaluación rigurosa del suelo ya disponible, sin presuponer responsabilidades antes de contar con información suficiente.
