Las ocho familias realojadas en San Fernando piden una vivienda digna.
El Consistorio pondrá «criterios igualitarios» para solicitar el acceso a un domicilio.
No pueden más. Son ocho familias entre las cuales hay quince menores de edad. Se trata de personas que están sobreviviendo en Lorca en casas prefabricadas desde los terremotos del año 2011, y que, una vez más, han reclamado ayuda a las autoridades para ser trasladadas a viviendas convencionales en régimen de alquiler. Y ayer se manifestaron en la Plaza de España.
Pedro Moreno, un portavoz vecinal, relataba a los periodistas este martes que la situación que siguen sufriendo es insostenible y que están «abandonados» sin que «nadie se acuerde» de su situación y sin que las autoridades los reciban para exponerles las dificultades que tienen al vivir en módulos que se han deteriorado tras nueve años de uso. «No queremos que nos den nada, queremos acceder a una vivienda y pagar como cualquier ciudadano», insistió este vecino. María, otra de las afectadas, manifestaba ayer a esta redacción que «lo sentimos especialmente por estos menores que no tienen amparo de ninguna clase, porque, los mayores, al fin y al cabo, podemos aguantar mejor o peor, algo que no ocurre igual con estas criaturas».
Este colectivo critica al mismo tiempo que les estén concediendo viviendas a familias realojadas en el barrio de San Fernando, lo mismo que a distintas asociaciones y «para nosotros no haya una casa digna». Afirman que no se niegan a pagar lo que les corresponda con el fin de disponer de una casa que se encuentre en condiciones.
Las ocho familias vivían en el barrio de San Fernando, que fue íntegramente derribado tras los terremotos, y la Cruz Roja les cedió las viviendas que ahora ocupan y que fueron instaladas en terreno municipal en la pedanía de Sutullena.
Así las cosas, la concejal de Servicios Sociales de Lorca, María Dolores Chumillas, explicaba ayer que estos vecinos no han podido regresar al barrio de San Fernando tras su reconstrucción porque nunca pudieron acreditar documentalmente ser propietarios de las viviendas que ocupaban en el momento del seísmo. Solo en algún caso eran propietarios, pero fueron expropiados por no acogerse al proceso de reconstrucción de los edificios.
Chumillas aseveró que tres de las familias vivían juntas en una misma vivienda de aquel barrio que fue demolido y otra carece de acreditación con padrón de residencia en San Fernando en el momento del seísmo.
También precisó que la mayoría de las familias que siguen en las casas modulares desempeñan trabajos remunerados y, además, son atendidas por la concejalía de Servicios Sociales.
La edil subrayó que los técnicos municipales trabajan en la redacción del pliego de condiciones que regulará el acceso a las viviendas de protección oficial que saldrán a la venta en el barrio de san Fernando, donde el consistorio es titular de casi 60 pisos.
Según indicó, estas familias podrán concurrir al concurso cuando sea convocado si cumplen el pliego de condiciones.
