El Gobierno municipal de Lorca ha vuelto a trasladar a las Cortes Generales su batalla para salvar las casas de Puntas de Calnegre. La concejala de Urbanismo, María Hernández, asistió a la sesión plenaria del Senado donde se debatió y votó una moción presentada por el Partido Popular que exige modificar la actual Ley de Costas, una normativa que mantiene bajo amenaza de demolición a cerca de 50 viviendas tradicionales del litoral lorquino.
Una moratoria contra las excavadoras
La propuesta que se debatió en el Senado —surgida de la Comisión General de las Comunidades Autónomas— plantea un decálogo de medidas. Entre las más destacadas se encuentra la petición urgente de una Conferencia Sectorial y la implantación de una moratoria inmediata para todos los procedimientos de deslinde. Esta paralización bloquearía de forma temporal cualquier orden de derribo, expropiación o caducidad de concesiones, dando un respiro a los propietarios frente a la pérdida de sus derechos de propiedad.
«No es una cuestión de ladrillos, es una cuestión de personas», defendió la edil de Urbanismo, quien recordó que el poblado de Puntas de Calnegre cuenta con más de dos siglos de historia. «Sus habitantes llevan más de dos décadas conviviendo con el temor constante de ver sus hogares destruidos. No vamos a parar hasta que se haga justicia», añadió.
Cuarto intento en las Cortes
Esta iniciativa parlamentaria supone el cuarto intento en la presente legislatura para modificar la normativa de Costas y la tercera ocasión en la que el debate llega al Senado. Desde el consistorio lorquino critican la «inseguridad jurídica» e «indefensión» que sufren los vecinos, muchos de ellos al frente de pequeños negocios familiares de generación en generación.
Hernández enfatizó que la legislación estatal debe ser capaz de discernir entre la construcción descontrolada y los núcleos urbanos históricos del litoral: «No todo lo que está cerca del mar es ilegal. Puntas de Calnegre forma parte de nuestra identidad y de nuestras raíces». Asimismo, reiteró el compromiso absoluto del alcalde, Fulgencio Gil, asegurando que el Ayuntamiento «estará al lado de sus vecinos hasta el final» para garantizar que ninguna vivienda sea demolida.
