La electricidad y el gas no son bienes de lujo ni productos prescindibles. Son suministros esenciales para cocinar, calentarse, conservar alimentos, estudiar, teletrabajar o mantener unas condiciones mínimas de habitabilidad. Por ello, gravarlos con el tipo general del IVA del 21% tiene un efecto social muy diferente al de aplicarlo sobre bienes de consumo no esenciales.
Razones para no aumentar el IVA de la energía
Es un impuesto regresivo
El IVA afecta proporcionalmente más a las familias con menos ingresos. Una familia con rentas modestas destina una parte mucho mayor de su presupuesto a pagar luz y gas que una familia de renta alta. Por tanto, la subida aumenta la desigualdad.
La energía es una necesidad básica
Nadie puede decidir dejar de consumir electricidad o calefacción de la misma forma que puede renunciar a otros gastos. Cuando aumenta el IVA de estos suministros, muchas familias no tienen margen para reducir el consumo sin empeorar su calidad de vida.
Incrementa la pobreza energética
Miles de hogares ya tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada en invierno o verano. Un aumento de la factura puede empujar a más personas a situaciones de vulnerabilidad.
Genera efectos indirectos sobre los precios
La energía es un coste fundamental para comercios, industrias y servicios. Cuando aumenta su coste, parte de esa subida suele trasladarse a los precios finales de bienes y servicios, afectando al conjunto de la economía.
Reduce la capacidad de ahorro y consumo
El dinero destinado a pagar impuestos sobre suministros básicos deja de utilizarse en otros bienes y servicios, lo que puede perjudicar al consumo interno.
¿Qué gastos podría reducir el Gobierno para compensar la menor recaudación?
Aquí entramos en el terreno de las prioridades políticas. Algunas propuestas habituales que suelen plantearse en el debate público son:
Reducción de gasto administrativo duplicado entre distintos niveles de administración.
Eliminación o fusión de organismos públicos con funciones superpuestas.
Disminución de gastos protocolarios, publicidad institucional y campañas de comunicación no esenciales.
Revisión de subvenciones que no acrediten una utilidad social o económica clara.
Mayor control del gasto en asesores y cargos de libre designación.
Auditorías de programas públicos para eliminar partidas ineficientes.
Lucha más intensa contra el fraude fiscal y la economía sumergida para aumentar ingresos sin elevar impuestos sobre bienes básicos.
