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El mercado semanal de Lorca desata un nuevo enfrentamiento político tras su suspensión por el aviso rojo de calor

La suspensión del mercado semanal de Lorca debido al aviso rojo por temperaturas extremas ha abierto un nuevo frente político entre el equipo de Gobierno municipal y el PSOE

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cancelacion del mercado semanal por la alarma roja por calor

Mientras el Ayuntamiento sostiene que la decisión respondió exclusivamente a criterios de seguridad y al principio de prudencia, los socialistas denuncian que la cancelación fue unilateral, sin diálogo previo con los vendedores ambulantes y sin explorar alternativas que permitieran compatibilizar la protección de la salud con el desarrollo de la actividad comercial.

El Grupo Municipal Socialista, a través del concejal José Ángel Ponce, criticó que el Consistorio optara por la suspensión total del mercado cuando, a su juicio, la previsión meteorológica era conocida con suficiente antelación para consensuar medidas con el sector. El PSOE recuerda que en jornadas anteriores de intenso calor el mercado funcionó durante las primeras horas de la mañana y que en municipios como Murcia se adaptó el horario y el funcionamiento del mercadillo sin necesidad de cancelarlo completamente. Además, considera que proteger la salud y garantizar el derecho al trabajo son objetivos compatibles mediante planificación y diálogo.

La respuesta del Gobierno local no se hizo esperar. Desde el Ayuntamiento defendieron que la decisión se adoptó tras la activación por parte de la AEMET del aviso rojo, el máximo nivel de alerta meteorológica, dentro de un amplio dispositivo municipal que también incluyó la activación de planes de emergencia, medidas especiales para colectivos vulnerables y la adaptación de distintos servicios públicos. El Ejecutivo local acusó al PSOE de intentar generar una «falsa polémica» utilizando políticamente una decisión adoptada para proteger tanto a comerciantes como a clientes y trabajadores municipales.

¿Fue adecuada la suspensión?

Desde un punto de vista de gestión de emergencias, la suspensión puede considerarse una decisión prudente. Un aviso rojo de la AEMET implica un riesgo meteorológico extremo y las administraciones tienen la obligación de priorizar la seguridad de las personas, especialmente cuando se trata de actividades al aire libre que congregan a miles de ciudadanos durante varias horas.

Sin embargo, ello no impide que pueda debatirse si existían alternativas que redujeran el impacto económico sobre los vendedores. Algunas opciones que podrían estudiarse para futuras situaciones similares serían:

  • Adelantar excepcionalmente el horario del mercado para finalizar antes de que comiencen las horas de mayor riesgo.
  • Establecer protocolos previamente consensuados con las asociaciones de vendedores para los episodios de calor extremo.
  • Instalar zonas adicionales de sombra, puntos de hidratación y espacios de descanso cuando las condiciones lo permitan.
  • Mantener un sistema de comunicación anticipada con suficiente margen para que comerciantes y clientes puedan reorganizarse.
  • Valorar caso por caso la intensidad y duración del episodio meteorológico, diferenciando entre avisos amarillos, naranjas y rojos.

No obstante, cuando el aviso es rojo y coincide además con otros riesgos asociados —como tormentas, fuertes rachas de viento o granizo, tal y como ocurrió en esta ocasión— la suspensión de un evento multitudinario resulta mucho más justificable desde el punto de vista de la protección civil.

Un debate que va más allá del mercado

La polémica evidencia dos enfoques distintos. El Ayuntamiento defiende que, ante un riesgo extremo, la prioridad absoluta debe ser evitar cualquier exposición innecesaria de la población. El PSOE, por su parte, no cuestiona la necesidad de proteger la salud, sino la falta de planificación y de consenso con el colectivo afectado.

Probablemente ambas posiciones contienen parte de razón. La seguridad debe prevalecer cuando existe un aviso rojo, pero precisamente por tratarse de fenómenos cada vez más frecuentes debido a las olas de calor, los ayuntamientos deberían disponer de protocolos específicos acordados previamente con comerciantes y organizaciones afectadas. De este modo, cuando las condiciones lo permitan, podrían aplicarse medidas alternativas sin necesidad de recurrir automáticamente a la suspensión total y, cuando ésta sea inevitable, todos los implicados conocerían de antemano el procedimiento a seguir.