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El PP lleva al juzgado los gastos atribuidos al concierto de Ella Baila Sola ante el intento de Diego José Mateos de esconder la información e impedir su acceso

• Los populares presentan un recurso contencioso administrativo tras no haber recibido ni un solo papel, ni una explicación documentada a los escritos oficiales registrado en el Ayuntamiento y la pregunta elevada al Pleno de la Corporación Municipal. • El concierto contó con 300 espectadores y costó más de 100.000 euros, a 1.000 euros el minuto de actuación. Las facturas han seguido llegando al ayuntamiento hasta diciembre.

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El PP lleva al juzgado los gastos atribuidos al concierto de Ella Baila Sola ante el intento de Diego José Mateos de esconder la información e impedir su acceso.

La concejal de Participación Ciudadana en el ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Mari Huertas García, ha informado esta mañana que esta formación política va a trasladar al juzgado un recurso contencioso administrativo ante los continuos impedimentos de Diego José Mateos para impedir que se tenga acceso a los gastos atribuidos al concierto de Ella Baila Sola.

Hemos tratado de evitar la judicialización de este tema, pero no nos han dejado otra salida. Nuestro objetivo es saber qué ha pasado con este asunto, para que los ciudadanos cuenten con la información que se merecen, porque no es de recibo que un concierto al que fueron 300 personas, haya costado más de 100.000 euros.

Desde el Partido Popular consideramos que todo lo que rodea este evento es un absoluto disparate y así nos lo traslada también la gente. Lo que no puede ser es que la respuesta del gobierno de Mateos sea esconder la información, insultar a los concejales y hacer como que aquí no ha pasado nada.

Mari Huertas García ha explicado que el día 2 de noviembre solicitamos oficialmente que nos facilitara la información referente a los gastos derivados del concierto de Ella Baila Sola. Reclamamos copia de la factura y de la documentación que acreditara la recaudación generada por la venta de entradas de este concierto. En esa fecha denunciábamos que se había incurrido en gastos que ascendían al menos a 92.500 euros, es decir, que cada minuto del concierto había tenido un coste de 1.000 euros.

En nuestra denuncia pública reclamábamos copia de las facturas, explicación de los conceptos, fechas reales de emisión y la mencionada documentación acreditativa de la recaudación obtenida por la venta de entradas. La única respuesta que obtuvimos por parte del gobierno de Mateos fueron descalificaciones y desprecios.

Fueron pasando los días sin que se nos proporcionara ningún tipo de documentación, por lo que en el Pleno de ese mismo mes insistimos sobre el asunto, exigiendo la citada documentación. La respuesta fueron evasivas y balones fueras, pero ni un solo papel.

Días más tarde, seguimos detectando la llegada de facturas relacionadas con este evento, ya que los gastos seguían creciendo, situando el coste por encima de los 100.000 euros.

Ante estos hechos, volvimos a presentar un segundo escrito de forma oficial en el Ayuntamiento, en el que reclamábamos copia y explicación de una veintena de facturas relacionadas con este concierto. En su respuesta, el concejal optó por insultarme tratando de hacer el gracioso.

La realidad es que no se nos ha aportado ninguna documentación ni del primer escrito ni del segundo, ni de la pregunta que llevamos al Pleno.

Es evidente que no estamos hablando de una recopilación que requiera de un trabajo extraordinario, sino de remitir las facturas y aclarar los conceptos. Por tanto, nos vemos obligados a recurrir al Juzgado para que se nos entregue toda la documentación que ya tenía que habernos proporcionado el Sr. Mateos.

Consideramos vulnerados nuestro derecho de acceso a la información como concejales del ayuntamiento. El recurso que vamos a dirigir está amparado por la Constitución, la Ley de Bases de Régimen Local, el reglamento orgánico municipal, así como el de funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales. Asimismo, el gobierno del Sr. Mateos incumple las leyes de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.