Exigen que el Ayuntamiento no asfixie económicamente a una afectada por los terremotos octogenaria.
La concejala de Izquierda Unida-Verdes ha exigido hoy responsabilidades en el Ayuntamiento por el requerimiento a una afectada de los terremotos para que aporte un certificado final de obra cuando el plazo para justificar la subvención que le concedieron acaba el próximo 25 de enero.
Se trata de un procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Lorca, a través de la oficina del terremoto, relacionado con una ayuda municipal para la demolición de viviendas que fueron declaradas en ruina y no contaban con cobertura aseguradora. El requerimiento un reparo de justificación ni siquiera contiene la rúbrica ni la firma electrónica de la trabajadora municipal que lo efectúa, lo que Martín calificó de «inadmisible» en una administración pública. «¿Cómo es posible que nuestro Ayuntamiento esté obligando a los ciudadanos a firmar papeles que no ofrecen ninguna garantía frente a una posterior alteración o manipulación de su contenido y que no identifican de manera inequívoca al firmante frente a una posible exigencia de responsabilidades como exige la Ley?», se preguntó Martín.
Al margen de esta «chapuza administrativa», la concejala de IU-Verdes tildó de «gravísimo» que el Ayuntamiento esté exigiendo certificados a una damnificada de los terremotos cuando faltan 44 días para que acabe el plazo del que dispone, «bajo la amenaza de que, de lo contrario, el Ayuntamiento continuará con los trámites», tendentes a que la afectada devuelva la ayuda.
J.M.G., de 78 años, solicitó esta ayuda municipal después de que su vivienda, dañada por los terremotos, fuera declarada en ruina económica. Tras la demolición, la afectada solicitó inmediatamente la licencia de obras, tal y como establecen las bases de la convocatoria de esta ayuda, que le fue concedida el 25 de enero de 2018. A partir de ese momento, contaba con un plazo de 24 meses para ejecutar la obra, que se cumplirán dentro de 44 días. Martín explicó que en la oficina del terremoto conocen la complicada situación de esta vecina que, con una pensión de 600 euros mensuales, se vio obligada a pedir otra ayuda para la reconstruir su vivienda, cuyos daños estaban tasados en 200.356,80 euros.
Antes de la declaración de ruina económica la afectada recibió 20.500 euros de una ayuda para reparación. Una cantidad que ha sido descontada de la ayuda de reconstrucción por valor de 94.416,48 que finalmente le fue concedida cuando el inmueble fue declarado en ruina económica. Se trata del único dinero del que ha dispuesto hasta el momento J.M.G porque de la ayuda para reconstrucción, aprobada el pasado mes de mayo por la Consejería de Fomento, no ha percibido aún ni un solo euro a pesar de que la administración ha dado por justificado el inicio de la obra y la ejecución del 50%.
«Esta vecina está haciendo todo el esfuerzo posible, pero su delicada situación económica le impide terminar la obra si Fomento no le abona la ayuda que le corresponde», dijo Martín, quien explicó que la afectada ha llegado a solicitar un préstamo al banco que no le ha sido concedido debido a su avanzada edad y a sus escasos recursos económicos. «En vez de ser sensibles a esta situación, absolutamente justificada, y de modificar las bases de una convocatoria municipal, ahora su Ayuntamiento le asfixia pidiéndole documentación antes de tiempo para quitarle la ayuda de 5.445 euros que le dieron para demoler su casa», denunció Martín. Al respecto, la concejala de IU-Verdes lamentó amargamente que sea el propio Ayuntamiento de Lorca el que ahora da una nueva vuelta de tuerca para ahondar en el calvario que están sufriendo las víctimas del terremoto.
No se trata de la única persona afectada por la amenaza de devolución de las ayudas municipales para demolición, de las que se beneficiaron 60 familias en Lorca. Al despacho de IU-Verdes ha llegado otro caso, el de un vecino ya fallecido que demolió su vivienda pero no pudo acometer las obras de reconstrucción debido al avanzado estado de su enfermedad de Parkinson. Ahora, su heredero quiere cumplir con todos los requisitos pero el problema de los plazos se lo impide.
Martín recordó que la movilización social hizo que la Asamblea regional aprobase hasta dos leyes para facilitar los procedimientos de justificación a los afectados por la devolución de las ayudas para reparación, mientras ahora el Ayuntamiento es incapaz de modificar unas simples bases para permitir a los damnificados cumplir con los plazos.
Por si fuera poco, el pasado mes de septiembre el equipo de gobierno municipal solicitó a Fomento devolver 1.248.642,74 € correspondientes a las ayudas para demolición que no se habían justificado, a pesar de que el convenio con la comunidad autónoma en esta materia estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. El gobierno municipal solicitó expresamente que esa cantidad fuera empleada en «obras pendientes de ejecutar del Banco Europeo de Inversiones que no disponen de financiación». Es decir, sin dar la oportunidad a los beneficiarios de estas ayudas para que puedan cumplir con todas las condiciones, el Ayuntamiento pretende «reinvertir el dinero destinado a paliar su tragedia» exigiendo incluso los mismos intereses de demora que supuestamente piden que el Estado condone al conjunto de los afectados.
«Nosotros no queremos que nadie se salte la ley, pero del mismo modo que Fomento cedió a nuestras presiones para que fuera posible modificar plazos y poner en marcha mecanismos flexibles de justificación, esperamos que el Ayuntamiento haga ahora lo mismo», reclamó Martín. «Quizá para algunas personas 5.000 euros no sean nada, pero para otros representan la diferencia entre poder vivir dignamente o quedar en la ruina, cuando el Ayuntamiento sabe perfectamente que el objeto de la ayuda, que era la demolición de las viviendas siniestradas, está cumplido», concluyó.
