IU-Verdes denuncia que los lorquinos se ven obligados a tramitar el Ingreso Mínimo Vital en la oficina del INSS de Caravaca.
La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha pedido al alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE) que interceda ante el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, para que las oficinas de la Seguridad Social ubicadas en el municipio «recuperen la normalidad». La concejala de la formación de izquierdas ha denunciado que, desde el pasado verano «es prácticamente imposible concertar cita previa con el INSS para tramitar el Ingreso Mínimo Vital en la oficina de atención e información de la Seguridad Social ubicada en la calle Lope Gisbert».
Por ello, la concejala de IU-Verdes ha pedido «medidas urgentes» para garantizar el servicio y los derechos de los ciudadanos, ante los problemas «graves» de atención al público que «no están justificados por la crisis sanitaria del COVID19».
Martín ha explicado que los usuarios no tienen otra posibilidad de relacionarse con la Seguridad Social más que a través del teléfono o de Internet, «cuando muchos de ellos tienen graves dificultades para acceder a esta vía de comunicación por tener competencias digitales limitadas o porque ni siquiera disponen de un ordenador». Además, cuando intentan obtener cita previa, obtienen una simple disculpa pregrabada como única respuesta y la recomendación de intentarlo más tarde seleccionando un municipio diferente. «Es intolerable que los lorquinos que necesitan solicitar el Ingreso Mínimo Vital se estén viendo obligados a desplazarse a la oficina del INSS de Caravaca», aseveró.
Gloria Martín mostró un documento oficial que demuestra cómo en las oficinas de Lorca, Totana o Murcia 1 «no hay siquiera disponibilidad de cita previa», y aseguró que la indignación de la ciudadanía está «más que justificada». «Ante la imposibilidad de contactar, muchos vecinos acuden a las puertas de las oficinas de Seguridad Social, pese a que no pueden ser atendidos sin cita previa, y allí comprueban con estupefacción que las mesas de atención al público están prácticamente vacías», relató la edil.
Para Gloria Martín, el colapso del sistema de citas previas y las dificultades para la atención presencial, «supone el retraso en la gestión de prestaciones muy necesarias para familias que se encuentran en una situación muy vulnerable». De hecho, la edil de IU-Verdes llamó la atención sobre las bajas cifras relacionadas con la aprobación de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Y es que, hasta el pasado mes de mayo, «sólo se ha concedido el 24% de las ayudas presentadas en la Región de Murcia».
La concejala de IU-Verdes también mostró su disconformidad con que la denegación del Ingreso Mínimo Vital se produzca en un plazo de treinta días, mientras que las familias a las que finalmente se les concede la prestación «tienen que esperar seis meses para recibir la resolución estimatoria, cuando se supone que el sistema es el mismo». En este último caso, los/as solicitantes tienen que estar «prácticamente mendigando» a familiares y amigos hasta que les llega la ayuda.
Gloria Martín también se quejó de los sucesivos cambios en la normativa que regula el Ingreso Mínimo Vital y que es exigible incluso en solicitudes ya en tramitación. Al respecto, comentó que hay ciudadanos que han terminado con la solitud denegada habiendo presentado toda la documentación inicialmente porque, de un día para otro, se les exigía que aportaran una fe de vida mediante una carta certificada que olvidaron recoger.
La concejala de IU-Verdes aseguró que si el Gobierno quiere cumplir con las expectativas que generó el Ingreso Mínimo Vital «tiene que mejorar el sistema, empezando por permitir a las personas que puedan tramitar presencialmente sus solicitudes».
Por último, Martín informó que la oficina del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca ha ayudado a más de 600 vecinos y vecinas con la tramitación de esta prestación, desde junio del año pasado. Aproximadamente el 80% son mujeres; de ellas, aproximadamente la mitad son madres jóvenes sin estudios y, la otra, mayores de 45, solteras o divorciadas, que han perdido su empleo y se han quedado descolgadas del mercado de trabajo. Esto demuestra que esta prestación «es una medida social necesaria para atajar la pobreza femenina» y la «desigualdad laboral que afecta a las mujeres», sobre todo a partir de cierta edad, concluyó Martín.
