IU-Verdes Lorca denuncia que la CHS está autorizando pozos para abastecer a macrogranjas en zonas donde no está garantizada ni el agua de boca.
La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado esta mañana que la Confederación Hidrográfica del Segura esté actuando como «colaboradora necesaria» en el movimiento especulativo creado en torno al sector porcino en el municipio. La edil ha asegurado que el organismo de cuenca está autorizando la apertura de pozos para abastecer macrogranjas en zonas donde ni siquiera está garantizada el agua de consumo humano ni el abastecimiento de la agricultura y la ganadería tradicional.
Concretamente, se ha referido a las pedanías del norte del municipio, como Ortillo, Jarales, Humbrías, Zarzalico, Nogalte o Béjar, cuyos habitantes no disponen en muchos casos de suministro domiciliario de agua potable. Incluso recordó que en veranos de fuerte sequía, el Ayuntamiento ha tenido que suministrar agua con cubas para que los vecinos pudieran beber.
Sin embargo, la CHS ha tenido a bien autorizar varios pozos para abastecer explotaciones porcinas que consumirán miles de metros cúbicos cada año, con riesgo de sobre explotación del acuífero del Alto Guadalentín. «Lo está haciendo precisamente el organismo que tiene que velar para que esto no suceda, quien tiene que planificar la hidrología y debe velar por el aprovechamiento racional y sostenible de nuestros recursos hídricos».
Martín se refirió por ejemplo, a la autorización de un pozo por parte de la CHS para el abastecimiento de una macrogranja de recría de 8.600 lechones en el paraje de Las Barracas (Ortillo) que, además, será construida junto a varias viviendas. Una de las vecinas afectadas, Consuelo Franco Alcázar, ha relatado que el Ayuntamiento ha concedido las licencias de obras y de actividad a pesar de un informe técnico que advierte de la «infradotación» de recursos hídricos de esta explotación. El informe asegura que la macrogranja necesitaría 8.858 m3 de agua por año para cumplir con la guía de mejores técnicas disponibles del sector porcino del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, las licencias se han concedido con la cuantificación que figura en el proyecto, que es de 6.990m3/año.
Para Gloria Martín, este es el «modus operandi» habitual: el Ayuntamiento autoriza la construcción de las granjas a sabiendas de su infradotación hídrica, se generan unos derechos para el empresario y, una vez en funcionamiento, la CHS autoriza la apertura de pozos que no se contemplaban en el proyecto inicial por el que se concedieron las licencias. Es, por ejemplo, el caso de la explotación construida en la finca El Secano, en El Consejero. Hace menos de dos daños, el Ayuntamiento concedió las licencias también con una advertencia de infradotación hídrica, y ya hay una perforadora pinchando en el acuífero para dar de beber a los cerdos.
La concejala de IU-Verdes ha informado que el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones planteadas por los afectados, a los que ya sólo les queda el «largo, farragoso y costoso camino del juzgado». Sobre este asunto, Gloria Martín ha lamentado que «el poder económico y sus ansias vivas de acumulación de riqueza» se imponga frente a una adecuada gestión del agua, que es un bien un público, y también frente a los derechos constitucionales de los vecinos a la salud, a la intimidad personal y familiar, y a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
Al respecto, junto a Martín también ha comparecido Feliciana Arcas Molina, vecina de Fontanares que observa impotente la construcción de una macrogranja de miles de cabezas de cerdo a escasos 100 metros de su vivienda. Feliciana, que está en tratamiento psicológico por este motivo, ha relatado su «impotencia» y «desesperación» porque «hemos ahorrado durante toda nuestra vida para poder pasar la jubilación en este antiguo cortijo familiar, y ahora nos van a terminar echando de aquí porque el Ayuntamiento permite construir este tipo de granjas a 5 metros de las viviendas».
Ambas vecinas y otros afectados por estas explotaciones están dispuestos a llegar «hasta el final» y ya han puesto sus casos en manos de abogados. «Sabemos que esta lucha durará años, pero no vamos a rendirnos porque confiamos en la justicia», aseguran. Sobre este asunto, han recordado la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que impone a los poderes públicos la obligación de protección a los individuos cuando éstos se ven afectados en sus derechos, especialmente el de su vida privada. Consuelo y Feliciana se agarran a la sentencia ‘López Ostra’, que consideró inadmisible la pasividad del Ayuntamiento de Lorca, por la construcción de una depuradora que generaba graves molestias por olores y ruidos excesivos a las víctimas. El Tribunal consideró las emanaciones perniciosas que sobrepasaban los límites permitidos y entrañan daño para la salud de los habitantes de las viviendas próximas. También tuvo en cuenta las condiciones medioambientales adversas que obligaron al cambio de domicilio de una de las familias afectadas o la falta de adopción de las medidas necesarias por los organismos públicos competentes.
En estos casos, «el Ayuntamiento de Lorca no está sabiendo mantener un justo equilibrio entre el interés económico empresarial, el derecho de los vecinos a su vida privada y familiar y la protección del medio ambiente», dijo Gloria Martín, quien aseguró que se van a mantener al lado de estas familias.
