La cancelación del festival Fortaleza Sound 2026 ha abierto una crisis que va mucho más allá de la suspensión de un evento musical. A la incertidumbre de cientos de asistentes que esperan recuperar el importe de sus entradas se suma la preocupación de numerosos proveedores que aseguran mantener deudas pendientes derivadas de la edición celebrada en 2025.
La promotora del evento, Creativa Promociones Artísticas S.L., anunció la cancelación de la tercera edición del festival, prevista para los días 26 y 27 de junio en Lorca, alegando problemas de viabilidad económica debido a que no se alcanzó el volumen mínimo de entradas necesario para garantizar la celebración del evento.
La decisión ha provocado malestar entre los compradores, que habían adquirido sus entradas con meses de antelación, y entre quienes además contrataron alojamiento, transporte y otros servicios vinculados a su asistencia al festival.
Los consumidores pueden reclamar más que el precio de la entrada
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (CONSUMUR) ha recordado públicamente que los afectados tienen derecho al reembolso íntegro del importe abonado por las entradas.
👉 https://www.consumur.org/cancelacion-del-festival-fortaleza-sound/
Además, al no tratarse de una cancelación motivada por una causa de fuerza mayor, la organización de consumidores considera que los asistentes podrían reclamar también otros perjuicios económicos derivados de la suspensión, siempre que puedan acreditarlos documentalmente. Entre ellos figuran reservas hoteleras no reembolsables, billetes de transporte o gastos directamente relacionados con la asistencia al evento.
La falta de información detallada sobre el calendario y procedimiento de devolución ha incrementado la inquietud de muchos compradores, que continúan esperando instrucciones concretas por parte de la empresa organizadora.
Un problema que, según proveedores, viene de lejos
Sin embargo, la cancelación del festival ha sacado a la luz una problemática que, según diversos empresarios consultados, se arrastra desde la edición de 2025.
Distintas empresas vinculadas a la prestación de servicios para el festival afirman mantener facturas pendientes de cobro correspondientes a trabajos realizados durante la pasada edición. Entre los afectados figuran proveedores relacionados con instalaciones de sonido y equipos musicales, servicios de catering, alquiler de mobiliario para zonas de recreo y espacios VIP, suministros de alimentación y bebidas, así como otros servicios logísticos y auxiliares.
Según estas fuentes, algunas de las cantidades reclamadas de varias decenas de miles de euros, continúan pendientes más de un año después de la celebración del evento.
La situación habría llevado ya a varios acreedores a iniciar actuaciones judiciales o trámites previos de reclamación para intentar recuperar las cantidades adeudadas.
El impacto sobre las empresas locales
La situación genera especial preocupación entre empresarios y autónomos de Lorca que participaron en el festival confiando en el impacto económico que este tipo de eventos suele generar para la ciudad.
Muchos de ellos destacan que prestaron servicios, asumieron costes de personal, materiales y logística, y emitieron las correspondientes facturas tras la celebración del evento. Ante la falta de cobro, algunos afirman haberse visto obligados a recurrir a asesoramiento jurídico para defender sus derechos como acreedores.
La cancelación de la edición de 2026 ha aumentado el temor de estos proveedores ante la posibilidad de que la situación económica de la promotora complique aún más la recuperación de las cantidades pendientes.
Además las perdidas se han ampliado este año por las centenares de reservas perdidas en hostelería local, según afirman propietarios de distintos restaurantes lorquinos, al igual que las perdidas en reservas hoteleras y de otros servicios.
Las subvenciones públicas, en el centro del debate
Entre las cuestiones que más debate están generando figura el respaldo institucional recibido por el proyecto durante sus anteriores ediciones.
Diversos empresarios afectados cuestionan cómo un evento que contó con ayudas y subvenciones públicas superiores a los 130.000 euros ha llegado a una situación en la que conviven reclamaciones de consumidores y denuncias de impago por parte de proveedores locales.
Los acreedores consultados consideran que debería analizarse si existían mecanismos suficientes para garantizar que las empresas contratadas cobraran por los servicios efectivamente prestados antes de la concesión o liquidación de determinadas ayudas públicas.
Las obligaciones de pago corresponden legalmente a la empresa organizadora, pero varios afectados reclaman mayor transparencia sobre los controles aplicados en relación con los fondos públicos destinados al proyecto.
Los movimientos societarios aumentan las preguntas
Las dudas sobre la situación económica de la promotora se han visto incrementadas por diversos movimientos societarios conocidos en los últimos meses.
Según consta en el Registro Mercantil, Creativa Promociones Artísticas S.L., administrada por Carlos Caro González, realizó durante 2025 varias ampliaciones de capital que elevaron de forma significativa el capital social de la empresa.
La creación de esta nueva empresa, cuyo objeto social guarda similitudes con el de la promotora del Fortaleza Sound, ha despertado inquietud entre algunos acreedores, que consideran necesario aclarar la situación económica de la organizadora y las relaciones existentes entre las distintas sociedades vinculadas a sus responsables.
Varios empresarios consultados expresan su preocupación por la posibilidad de que la actividad empresarial relacionada con la organización de eventos continúe desarrollándose a través de nuevas estructuras societarias mientras permanecen pendientes obligaciones económicas derivadas de la actividad anterior.
No obstante, hasta la fecha no existe ninguna resolución judicial que haya acreditado la existencia de un vaciamiento patrimonial, una descapitalización fraudulenta o cualquier otra actuación irregular por parte de los responsables de las sociedades implicadas.
Un conflicto con dos frentes
La crisis del Fortaleza Sound presenta actualmente dos dimensiones claramente diferenciadas. Por un lado, los consumidores que reclaman la devolución de las entradas y, en su caso, la compensación de otros gastos derivados de la cancelación. Por otro, los proveedores que aseguran seguir esperando el pago de servicios prestados durante la edición de 2025.
La evolución de las reclamaciones y de los procedimientos judiciales que puedan iniciarse en los próximos meses será determinante para conocer el alcance real de las responsabilidades económicas derivadas de la cancelación del festival.
Mientras tanto, tanto asistentes como empresarios locales comparten una misma reivindicación: obtener respuestas claras, transparencia sobre la situación económica de la organización y garantías de que las obligaciones pendientes serán atendidas.
