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La Comunidad bloquea la venta de 10.000 latas de refresco por no cumplir con las normas de etiquetado.

Los inspectores de Consumo de la Comunidad detectaron que los envases no llevaban el etiquetado en español .

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La Comunidad bloquea la venta de 10.000 latas de refresco por no cumplir con las normas de etiquetado.

La Inspección Regional de Consumo, perteneciente a la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, ha ordenado paralizar la venta de unas 10.000 latas de refresco que se estaban distribuyendo en distintos establecimientos de la Región de Murcia. Dicha paralización viene motivada por la falta de etiquetado en español.

Los inspectores de Consumo de la Comunidad, en su labor de vigilancia y control del mercado y de los requisitos comerciales establecidos, detectaron que estos productos no cumplían con la normativa, por lo que según explicó el director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril, “se procedió a prohibir la comercialización de la mercancía, solicitar la factura de procedencia del producto y comunicar la situación a otras comunidades autónomas a las que podría haber llegado este producto sin etiquetar en español para que procedan a realizar las actuaciones pertinentes”.

“No se ha detectado que el producto esté en mal estado, pero el riesgo que entraña el que no lleve el etiquetado en el idioma correspondiente es el desconocimiento por los consumidores de los ingredientes o posibles sustancias que puedan causar alergias o intolerancias”, añadió Abril.

El director general aseguró que “desde el Gobierno regional velamos para que los consumidores de la Región puedan consumir productos de manera segura, y esto implica que las normas de etiquetado tienen que ser cumplidas por cualquier fabricante”.

La vigilancia del mercado se encarga de verificar que los productos cumplen la normativa, así como de establecer medidas que limitan la circulación de aquellos no conformes en la Unión Europea. De esta manera, se garantiza la protección de todos los aspectos del interés público, como son la salud y la seguridad de las personas o el medio ambiente, al tiempo que se garantiza una competencia leal.