Los plazos se echan encima y el alcalde, Diego José Mateos, tiene que decidir esta misma semana qué destino dará a las 59 viviendas del nuevo barrio de San Fernando, que son de propiedad municipal. Sobre la mesa, varias opciones, como la venta de los pisos, que están sin estrenar, el alquiler social o su catalogación como vivienda protegida.
La intención del equipo de Gobierno (PSOE-Cs) es que la fórmula a adoptar cuente con el consenso de todos los grupos municipales. «Es una decisión importante, queremos analizar los pros y contras de las distintas opciones» y, por ello, la cuestión será sometida a consulta a lo largo de los próximos días con PP, IU-Verdes y Vox.
La intención es que en la Junta de Gobierno Local, que se celebrará el viernes se resuelva definitivamente la cuestión, para remitir los informes pertinentes a la Comunidad Autónoma y que se tramite la calificación de las viviendas. Si la decisión municipal no se alcanza esta semana, habrá que esperar a septiembre, por lo que los plazos podrían retrasarse, advirtió la edil.
El Ayuntamiento tuvo que asumir mediante expropiaciones la propiedad de los 59 pisos con el fin de garantizar que el proyecto de reconstrucción del barrio de San Fernando, que fue demolido por los daños de los terremotos de 2011, saliera adelante.
Muchos de 238 propietarios del barrio original abandonaron la reedificación por diversas razones y solo se han incorporado a los nuevos bloques de pisos 148 familias. La Comunidad Autónoma es propietaria de otros 18 pisos del complejo que, según la concejal, está previsto que se destinen a alquiler social.
