Denuncian a la Delegación del Gobierno por pretender trasladar la concentración de afectados por los terremotos de Lorca.
El acto de protesta pacífica, convocado en la plaza Calderón para el próximo jueves, pretende ser cambiado a la plaza de Colón, para evitar «un mal trago» a las primeras Autoridades regionales y locales que acudirán al acto institucional de entrega de Honores y distinciones de la Ciudad, y que, según Gloria Martín, «se niegan a escuchar la voz desesperada de aquellos a quienes dicen representar»
Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca e integrante de la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas de los Terremotos de 2011, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Delegación del Gobierno en Murcia de modificar el lugar escogido para la realización de una concentración pacífica en protesta por el procedimiento de reintegro masivo de subvenciones iniciado por la CARM.
Martín se ha acogido a un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales por el que «cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos fundamentales». A través de dicho procedimiento, basado en los principios de preferencia y sumariedad, el Tribunal, en un plazo improrrogable de 4 días, convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes a una audiencia tras la que resolverá el conflicto.
Martín ha explicado que, tras informar que los afectados por la devolución de las ayudas tenían previsto realizar una concentración el próximo 23 de noviembre, a las 19 horas, en la plaza Calderón de la ciudad, recibió dos comunicaciones, una firmada por el recientemente designado Delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, y otra por la Secretaria General de este órgano, Josefa Navarro Abellán, en las que ambos indicaban que la protesta debe trasladarse a la plaza de Colón o, en su defecto, «será prohibida». La Delegación del Gobierno basa su decisión en un informe encargado por el Ayuntamiento de Lorca, en el que se asegura que la concentración, «coincide en lugar» con el acto institucional de entrega de Honores y distinciones de la Ciudad de Lorca, y que «la relevancia social» de éste es «de primer orden», porque se espera la asistencia al acontecimiento «de primeras Autoridades Regionales y Locales».
Al respecto, Gloria Martín ha explicado que el acto institucional se celebrará en el Teatro Guerra y no en la plaza Calderón, y ha criticado duramente que tanto Ayuntamiento como Delegación del Gobierno pretendan «cercenar» el derecho de reunión de los vecinos, que es «una manifestación primordial de sus derechos fundamentales», reconocido en el Artículo 21 de la Constitución Española.
Para Martín, la imposición de la Delegación del Gobierno constituye, además, un «flagrante incumplimiento» de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que faculta a la autoridad gubernativa para proponer la modificación del lugar de la concentración cuando existan razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, «con peligro para personas o bienes». «Este no es el caso porque se trata de una protesta pacífica», aseguró Martín, para quien Ayuntamiento y Delegación del Gobierno pretenden «conculcar» los derechos de los ciudadanos con el único objetivo de «evitar un mal trago» a determinados políticos «que se niegan a escuchar la voz desesperada de aquellos a quienes dicen representar».
Martín, quien confía en que la Justicia «esté del lado del pueblo», ha aludido a la Sentencia 610/2012, de 5 de septiembre de 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Les Illes Balears, que anuló la modificación del lugar de una concentración propuesta por la Delegación del Gobierno, en un supuesto muy parecido a este.
Por otra parte, ha agradecido a su formación política, y muy especialmente a su coordinador local, Pedro Sosa, al gabinete jurídico de esta organización, y a sus militantes, el «apoyo sin fisuras» prestado a esta causa, en la que IU-Verdes Lorca correrá a cargo de los gastos de su representación legal. Al respecto, Martín ha expresado su «profundo orgullo» por pertenecer a un partido que destina sus «escasos recursos» a «defender los derechos de casi un millar de familias lorquinas» que se sienten «abandonadas» y a las que se prometió «que no estarían solas». «Sosa y el resto de nuestros compañeros demuestran día a día, con hechos, el compromiso que asumimos con los afectados y que mantendremos hasta el final», ha dicho.
Por último, Martín ha hecho un llamamiento a todos los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos para que acudan a la concentración y «hagan valer su voz frente aquellos en cuyas manos está la solución del grave problema que les angustia».
Los manifestantes se habían citado a las seis de la tarde en el paso a nivel de Santiago el Mayor, lugar en el que vienen concentrándose (desde hace décadas cada martes) los miembros de la Plataforma Pro Soterramiento. En algunas convocatorias eran apenas un puñado de personas. Ahora, su mensaje ha calado de forma importante en la opinión pública. Las Asociaciones de Vecinos Carmelitanos, Ronda Sur, Santiago El Mayor, El Progreso, Ermita del Rosario, Infante Juan Manuel Murcia Sur y Vistabella se sumaban, vía comunicado, a la marcha.
No al muro. La consigna es clara. La hoja de ruta estaba prevista y difundida. Desde Santiago el Mayor, a la iglesia del Carmen, donde se apuntan vecinos llegados desde Alcantarilla. De ahí, a Martínez Tornel, a vibrar con Mil músicos por el soterramiento, como anunciaban en sus convocatorias. El lugar donde en Fiestas de Primavera se instala el Catafalco de la Sardina recibiría después a ciclistas y patinadores desde el Auditorio Víctor Villegas. Y de ahí, a Plaza Fuensanta.
Que nadie se engañe: quienes acudan a la manifestación de mañana tienen que saber que le están haciendo el juego a IU, pues es un acto más de precampaña electoral. Insultando, amenazando y promoviendo actos de acoso no se defiende ni la Sanidad ni al Barrio.