Exigen una «solución política» a los afectados por los terremotos a los que se les pide la devolución de las ayudas.

Los concejales Pedro Sosa y Gloria Martín, han anunciado que su formación presentará una moción al próximo Pleno Municipal para que se «archiven» los casos en los que técnicos de la Administración comprueben que las obras de reparación están realizadas

Izquierda Unida-Verdes de Lorca liderará las soluciones planteadas a los afectados por el requerimiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) de devolución de las subvenciones concedidas para afrontar los daños ocasionados en viviendas tras los seísmos sufridos en Lorca el 11 de mayo de 2011.

Esta formación, que lleva dos semanas realizando labores de asesoramiento personal a los afectados, presentará una moción al próximo Pleno Municipal en la que solicitarán que técnicos de la Administración realicen una nueva visita de comprobación de las obras de reparación realizadas, explicó su portavoz, Pedro Sosa.

«Entendemos que los casos en los que la Administración compruebe que las reparaciones se han efectuado deben quedar archivados, y dejar de molestar a los vecinos con reiteradas peticiones de facturas», exigió Sosa.

El portavoz municipal de IU-Verdes exigió al resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento que dejen de «criminalizar» a los afectados por los terremotos, ya que «un inmenso porcentaje gastó el dinero de las subvenciones, que en ocasiones se quedó corto, en arreglar sus casas para poder volver a ellas».

Sosa recordó que IU-Verdes fue el primer partido político en alertar sobre el envío de comunicaciones masivas y en ponerse a disposición de los afectados para facilitarles las alegaciones a ese requerimiento. Por ello, se congratuló de que el resto «ahora se suba al carro» a pesar de que en un primer momento prefirieron sembrar la sombra de la duda sobre los damnificados en vez de señalar a la «desidia» de la CARM como auténtica responsable de este «desaguisado».

Ya en el año 2011, IU-Verdes pidió una tutela pública de todo el proceso de reconstrucción a través de la empresa pública de Suelo y Vivienda (SUVILOR), incluidas las subvenciones y ayudas, que deberían haber ido a una cuenta participada entre la Administración y los afectados de modo que se facilitase, no sólo su control, sino también una ejecución «racional, integral y participativa» de las obras. «Hoy podríamos tener barrios ejemplo de modernidad, basados en el ahorro energético, en la peatonalización de viales con el objetivo de fomentar la accesibilidad, así como en la liberación de espacio público para crear más equipamientos para cultura y ocio que favorecieran actividades dinamizadoras de la actividad social», dijo Sosa.

En vez de ello, los gobiernos dejaron en manos de los afectados el «complejísimo» proceso de reconstrucción que sigue afectándoles seis años después mediante innumerables trabas administrativas y burocráticas.

Comunicaciones irregulares

Por su parte, la concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que gran parte de las comunicaciones que están recibiendo los afectados son irregulares desde el punto de vista administrativo. «Además de no constar la fecha de emisión, no se hace alusión alguna al acuerdo por el que la CARM inicia el procedimiento de comprobación y reintegro de las subvenciones ni el órgano que se lo atribuye. Tampoco consta el plazo para resolver el procedimiento, qué efecto tiene el incumplimiento del acuerdo ni los recursos a que tienen derecho los afectados», explicó Martín.

La edil de IU-Verdes también consideró que la actuación de la CARM es «extemporánea» ya que, según la Ley General de Subvenciones, el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar el reintegro la subvención es de cuatro años, que empiezan a computarse pasados seis meses desde la finalización de las obras, un extremo que los afectados pueden demostrar con facturas o declaraciones de testigos.

Mientras la CARM hace gala de una «opacidad absoluta» a la hora de gastar los fondos recibidos por Lorca para la recuperación por los terremotos, empleando parte del dinero en obras que nada tienen que ver con los seísmos, como la reparación de carreteras en Mazarrón, «se permite el lujo de obligar a los damnificados a remover Roma con Santiago para buscar facturas que datan de hace casi 6 años», criticó Martín.

En ese sentido recordó que IU-Verdes lleva años exigiendo, en vano, una auditoria sobre las actuaciones realizadas con cargo al dinero del BEI y que se faciliten todas las cifras relacionadas con la recuperación tras los terremotos. Por ello, se preguntó a quien pretende servir de ejemplo el Gobierno regional del lorquino Fernando López Miras al que exigió «una solución política» a esta cuestión.

Martín señaló también que si atender las necesidades de los vecinos y realizar labores de asesoramiento a favor de quienes se encuentran «absolutamente desinformados y desprotegidos» es «populista», entonces «lo somos», en alusión a las críticas vertidas por el PSOE a la labor que estos días realiza el equipo humano de Izquierda Unida-Verdes en Lorca.

«A mí me daría bastante vergüenza andar pidiendo flexibilización para la devolución de las subvenciones sabiendo que en la gran mayoría de los casos, la obligación de devolver el dinero ha prescrito», aseguró Martín. Una actitud similar a la que mantiene el equipo de Gobierno local del PP.

«Nos dicen que están haciendo todo lo posible por solventar una situación que afecta a más de 800 familias, cuando realmente, han dado instrucciones para que los vecinos que se acercan a registrar alegaciones a la Ventanilla Única sean remitidos a la Oficina del Terremoto donde lo que hacen es ponerles encima de la mesa un impreso de autoliquidación para que paguen, sin más asesoramiento», denunció la edil de IU-Verdes.