Archivan la denuncia de IU contra las licencias otorgadas a macrocebaderos.
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha informado que la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia ha archivado las diligencias de investigación iniciadas en octubre pasado después de que esta formación política denunciara posibles irregularidades en algunos macrocebaderos implantados en Lorca.
La Fiscalía entiende que los hechos denunciados no son constitutivos de ilícito penal, si bien comunica que pueden reproducirse ante el Juzgado competente, lo que está siendo valorado por los asesores jurídicos de la Plataforma ‘Stop cebaderos junto a las casas’. En ese sentido, Martín ha asegurado que «puede que no haya responsabilidad penal en que el Ayuntamiento de Lorca conceda licencias de obras sin solicitar informes a la Confederación Hidrográfica del Segura, que debe pronunciarse sobre la disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer nuevas demandas, o en enterrar cadáveres de cerdos en agujeros en la tierra y verter purines indiscriminadamente», pero «seguimos creyendo que son irregularidades y vamos a continuar al lado de quienes padecen sus consecuencias». Para Martín es un hecho «objetivo» que la proliferación descontrolada de granjas está generando en Lorca «serios problemas» de convivencia vecinal porque hay ciudadanos que sienten lesionados sus derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente adecuado. Por ello, aseguró que IU-Verdes va a seguir apoyando sus reivindicaciones y exigiendo al Ayuntamiento una nueva ordenación urbanística que concilie los usos residenciales y ganaderos del suelo.
La edil de IU-Verdes, ha agradecido el trabajo desarrollado por el Fiscal y ha valorado positivamente que su denuncia haya contribuido a situar en la agenda política los problemas medioambientales ligados a la ganadería industrial, especialmente los relacionados con el suministro de agua y con el vertido intensivo, y a menudo incontrolado, de purines. En ese sentido, manifestó también su satisfacción porque la Dirección General de Salud Pública haya anunciado hoy el incremento de la plantilla de inspectores en los cebaderos para garantizar «más transparencia y control en el sector».
«Nos consta que hay nerviosismo e incertidumbre», lo que se ha traducido en iniciativas políticas en la Asamblea regional y en el propio Ayuntamiento de Lorca «para regular los caudales destinados a la ganadería», dijo. «Sabemos que es una preocupación para muchos empresarios ya que hasta ahora no se había puesto el foco en cómo se realiza el suministro de agua en sus explotaciones», aseguró. La edil de IU-Verdes comprende que el sector necesite «seguridad jurídica» pero manifestó su oposición a que el Trasvase Tajo-Segura sea «exprimido» para atender a los intereses de la industria privada en detrimento de los de la población. Por ello pidió «cordura» y que cesen las presiones sobre la CHS porque «la avaricia puede romper el saco».
Martín aseguró que IU va a seguir apostando por un desarrollo rural y agropecuario sostenible que, «frente a la sed infinita de beneficios de un reducido y poderoso lobby empresarial, apoye a cooperativas y pequeños productores y dé prioridad a actividades como la ganadería extensiva y ecológica y el turismo rural y de naturaleza». «Sabemos que es la lucha de David contra Goliat, pero estamos comprometidos con el derecho de las personas a la salud, con la preservación del medio ambiente y también con la ganadería tradicional, ligada a la tierra, y que contribuye a fijar población en el medio rural», dijo. La edil explicó que las macrogranjas «destruyen el triple de empleos de los que generan», ya que su alta automatización requiere muy poca mano de obra y los trabajos que crea «son de peor calidad, precarios y mal remunerados», además de ser una industria «muy contaminante».
La concejala de IU-Verdes opinó que 652 granjas de porcino, con 601.388 cabezas (datos oficiales) en Lorca son «suficientes» y que fue «una temeridad» que el consejero Francisco Jódar hoy destituido de la cartera de Ganadería- anunciara una ampliación del 20% de la capacidad de las explotaciones. «Creó que le faltó perspectiva y que se obstinó en satisfacer a toda costa las exigencias del gremio sin escuchar a una importante parte de la sociedad que demanda un modelo económico más diversificado y sostenible, que redistribuya mejor la riqueza, sea responsable con el agotamiento de los recursos naturales y preserve el medio ambiente». Por ello, deseó que su sucesor o sucesora actúe con «más sensibilidad, sensatez y visión de futuro».
Martín también pidió al Ayuntamiento que deje de otorgar licencias para la construcción de macrocebaderos «sin atender a planificación alguna ni realizar una ordenación adecuada del sector». «Nadie escuchaba a IU cuando alertaba de las consecuencias de la política desaforada del ladrillo, o clamaba contra la degradación del Mar Menor», por eso, a tenor de los hechos, «el PP debería aprender de los errores cometidos y no acumular desastres sociales y medioambientales que después tendrán que tratar de solucionar otros cuando quizá ya no haya remedio».
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