El Ayuntamiento reclamará la construcción de las presas y el canal de Biznaga en la consulta pública del nuevo real decreto anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica
Fulgencio Gil Jódar, alcalde: “Apelamos a la sensibilidad del Gobierno central. En Lorca no hacen falta más decretos, ni más modificaciones a decretos, lo que hace falta es inversión y dirigir los esfuerzos económicos a construir ya las infraestructuras de defensa que necesitamos”.
El Ayuntamiento reclamará la construcción de las presas y el canal de Biznaga en la consulta pública del nuevo real decreto anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica.
Fulgencio Gil Jódar, alcalde: “Apelamos a la sensibilidad del Gobierno central. En Lorca no hacen falta más decretos, ni más modificaciones a decretos, lo que hace falta es inversión y dirigir los esfuerzos económicos a construir ya las infraestructuras de defensa que necesitamos”
El Ayuntamiento comparte la necesidad de definir cuáles son las zonas de riesgo de inundación, pero exige rigor y garantías y presentará alegaciones. “Se trata de un tema de seguridad para los lorquinos, que se ven desamparados una vez más”
El alcalde se reúne con los representantes vecinales de las pedanías más afectadas para informarles del nuevo procedimiento puesto en marcha por el Ejecutivo central, enfocado a ampliar más la burocracia en las “limitaciones de los usos en las zonas inundables”
Lorca, 15 de abril de 2025. “No podemos perder más tiempo perdidos en la niebla de la burocracia. En España nos perdemos en legislar, mientras que en otros países lo que se hace es invertir. ¿A cuántas nuevas legislaciones nos vamos a tener que enfrentar con tal de no construir las presas de laminación de Nogalte, Béjar y Torrecilla, y el canal de Biznaga? Llevamos años y años de continuos cambios normativos y distintos mapas de peligrosidad en relación a las zonas de riesgos de inundación y continuas propuestas de nuevos decretos, consultas públicas, periodos de alegaciones, anuncios, publicaciones, falsas promesas… Por favor, sólo pedimos seriedad y rigor y que realmente se proteja a los vecinos, que es lo que hay que hacer”.
Así lo ha declarado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, tras haberse hecho público el documento sobre la “Consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación”, planteado por el Ministerio de Transición Ecológica para “implementar nuevas medidas que minimicen el riesgo ante inundaciones”, es decir, endurecer y extender restricciones normativas porque han surgido ahora lo que ellos denominan ‘inundaciones de nueva generación’”.
El plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 19 de abril, es decir dentro de cuatro días. “Como institución, por supuesto que presentaremos alegaciones en el sentido de que antes de seguir enmarañando a los ciudadanos con más burocracia, lo que hay que hacer es precisamente eso “lo que hay que hacer”: invertir. El Ayuntamiento comparte con el Ministerio la necesidad de definir cuáles son las zonas de riesgo de inundación, pero también exige rigor y garantías. Lo primero que tiene que hacer este organismo es establecer compensaciones económicas a las personas que se están viendo afectadas por estos continuos vaivenes burocráticos, porque están sufriendo limitaciones de desarrollo en los terrenos en los que llevan viviendo toda la vida, tan restrictivas que les dejan sin poder hacer nada en su tierra, lo que constituye una expropiación encubierta de sus parcelas. Es una auténtica ruina, y el Ministerio no puede permanecer ajeno a esta realidad”.
Estamos hablando de familias que han invertido todo su patrimonio en sus terrenos, en sus hogares, cuando no eran ni zonas inundables ni de flujo preferente, y ahora se encuentran con que cambian la clasificación del suelo y les impiden hacer nada. Estos lorquinos tienen que ser indemnizados, dentro de un proceso que tiene que ser incluido en el nuevo Real Decreto del Ministerio. Es de pura lógica.
El Ministerio no puede retrasar más la construcción de estas presas, porque son el salvavidas de miles de vecinos de la comarca; y, en lugar de construir las infraestructuras de defensa frente a inundaciones, lanza ahora unos nuevos trámites que, en definitiva, suponen la expropiación encubierta de cientos de propiedades.
“Este organismo lleva años mareando a las instituciones locales y a los vecinos que, por cierto, se ven sometidos a reclasificaciones masivas de sus terrenos, quedando miles de personas afectadas por estos cambios. Ahora no es inundable y antes sí…”.
Aquí ya sabemos cuáles son las zonas inundables, ya se han establecido las Zonas de Flujo Preferente. ¿Cuántas veces vamos a tener que pasar por el mismo proceso, una y otra vez? ¿A cuántas nuevas legislaciones nos vamos a tener que enfrentar con tal de no hacer las presas o limpiar los cauces?
“Los Ayuntamientos, independientemente del signo político que los gestiona, lo único que hacemos es cumplir la normativa que impone el propio Ministerio, y si quiere cambiar la norma, por enésima vez, lo primero que tiene que hacer es reconocer que se ha equivocado. Porque las licencias que emiten los ayuntamientos cuentan con las respectivas autorizaciones del Ministerio”.
Ahora, los Ayuntamientos tendrán que moldearse nuevamente a los nuevos cambios y tendremos que adaptar las infraestructuras e “incorporar medidas de fomento de la adaptación al riesgo de inundación de los elementos vulnerables existentes en las zonas inundables”.
Y es que el documento menciona distintas normativas reglamentarias en relación a la gestión de los riesgos de inundación y sus distintas modificaciones, “y ahora quieren volver a cambiar las normas, reglamentos que ellos mismos han hecho… Consideramos que la situación vivida en Valencia está poniendo de manifiesto las graves carencias y graves errores que ha ido cometiendo de forma continuada este Ministerio que, en vez de tomar medidas para evitar riadas, se limita decir que el retorno económico de estas construcciones en Lorca no está justificado y a marcar manchas en un mapa para dejarlas inutilizadas, con el consiguiente impacto económico para esa familias y que se cuenta por decenas de millones de euros”.
