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El Ayuntamiento requiere a más de 100 propietarios el arreglo de sus casas abandonadas que presentan peligro para los viandantes en casco urbano y pedanías.

A lo largo del año pasado se llevaron a cabo 106 actuaciones de mejora en diferentes construcciones y solares que suponen un coste económico de más de 550.000 euros, más del doble que los 237.700 euros que se ejecutaron en el año anterior y que correspondían a 76 órdenes municipales dictadas.

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El Ayuntamiento requiere a más de 100 propietarios el arreglo de sus casas abandonadas que presentan peligro para los viandantes en casco urbano y pedanías.

El Ayuntamiento de Lorca dictó a lo largo del año pasado un total de 101 órdenes de ejecución para que los propietarios de inmuebles que presentaban deficiencias en su estructura o mantenimiento actuasen para evitar posibles daños en la vía pública en la que se encuentran. Dicha cifra obliga a los dueños de los inmuebles a la realización de múltiples tareas con un montante económico que supera los 550.000 euros.

En términos globales, según la concejala de Urbanismo, Saturnina Martínez, en 2018 se materializaron un total de 139 órdenes de este tipo, incluidas las efectuadas de forma subsidiaria por el Consistorio exigidas a los propietarios, conformando un gasto general de 668.695 euros.

Martínez explicó que el balance de actuaciones señala además, que a lo largo del pasado año el Ayuntamiento se vio en la obligación de elevar hasta 33 sus intervenciones, lo que constituye en la práctica casi cuadruplicar el número de ejecuciones subsidiarias materializadas sobre inmuebles de titularidad privada con el objetivo de evitar posible eventualidades a peatones, construcciones colindantes o via pública, lo que acarreó un gasto extraordinario para las arcas municipales cifrado en algo más de 116.000 euros, muy por encima de los 27.000 euros que se tuvieron que emplear en ese mismo sentido durante el año 2017.

A lo largo del año pasado se llevaron a cabo 106 actuaciones de mejora en diferentes construcciones y solares que suponen un coste económico de más de 550.000 euros, más del doble que los 237.700 euros que se ejecutaron en el año anterior y que correspondían a 76 órdenes municipales dictadas.

Los decretos municipales levantados por parte de los servicios de urbanismo se refieren a inmuebles ubicados en el casco urbano y en pedanías, entre las que cabe mencionar Zarzadilla de Totana, Doña Inés, La Paca, Torrealvilla, Tercia, Río, Carrasquilla y Coy. Dichas órdenes de obligado cumplimiento, oscilan entre los 300 y los 74.500 euros, siendo esta última la cifra más elevada de cuantas se han decretado hasta la fecha por parte del ayuntamiento, afectando en concreto a una construcción radicada en la diputación de Río sobre la que se decretó una intervención para la retirada de elementos inestables, saneo de fachadas y limpieza de escombros, entre otras cuestiones.