El estudio técnico municipal sobre las Zonas de Flujo Preferente contradice al del gobierno central y reduce a menos del 40% la superficie realmente afectada.

El Grupo Popular ha propuesto que nuestro ayuntamiento ponga a disposición de todos los afectados por las Zonas de Flujo Preferente el estudio encargado por el Consistorio Municipal a petición del Partido Popular con el objetivo de ayudar a los miles de ciudadanos damnificados a defender sus intereses.

Nosotros hemos tenido acceso al contenido de este estudio, y tras analizar en profundidad, hemos de señalar que viene a ratificar con fundamentos técnicos las denuncias trasladadas por parte de los vecinos, en el sentido de que al menos el 60% de los terrenos que han sido declarados como Flujo Preferente por parte del Ministerio de Transacción Ecológica no deberían haber recibido tal calificación, que supone arruinar a las familias propietarias, puesto que a partir de esta denominación, no podrá realizarse ningún tipo de actividad en ellos, ni construir, ni implantar actividades profesionales, ni nada de nada.

Los mapas del estudio municipal, contradictorios con los del Gobierno del PSOE, han sido elaborados por una ingeniería especializada, y reducen hasta la mínima expresión el impacto de estas zonas en pedanías como Purias, mientras que en La Torrecilla y Campillo también se minimiza el área a restringir, tal y como hemos venido defendiendo desde el Grupo Popular y el colectivo de lorquinos afectados.

Estos informes costaron aproximadamente 34.000 euros, pagados con el dinero de todos los lorquinos, por lo que no compartimos la decisión del PSOE de meterlos en un cajón y mantenerlos ocultos a los afectados. Estamos hablando de una documentación que resulta de gran utilidad para los damnificados de las Zonas de Flujo Preferente, y que, en muchos de los casos, sería un estudio clave para rebatir esta medida tan injusta impulsada por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

Proponemos que nuestro Ayuntamiento actúe con total transparencia en este sentido y deje de poner obstáculos al acceso de los afectados a este estudio, de forma que puedan tener acceso directo a un documento tan importante. Así, reclamamos que se pueda descargar directamente de la página web municipal para que cada uno de los vecinos damnificados sepan la afección real que deberían tener sus terrenos, y que se contradice con la implantada unilateralmente por parte del gobierno del PSOE.

En los próximos días vamos a mantener una nueva serie reuniones con los vecinos en sus propias pedanías con el objetivo de informarles de esta documentación y recabar sus propuestas cara a la celebración del próximo pleno extraordinario que desde el PP hemos forzado que se celebre en nuestro Ayuntamiento para defender los intereses de los damnificados. De momento, podemos anticipar que exigiremos entre los puntos del orden del día de esta sesión de la Corporación Municipal que se publique en la web municipal el citado informe en su totalidad, incluyendo los diferentes mapas y planos elaborados por los técnicos. Este estudio lo han pagado los lorquinos, por lo que tienen todo el derecho del mundo a que se les entregue.

Otro de los acuerdos que vamos a reclamar será el inicio de los trámites por parte del Consistorio para la defensa legal de los afectados por esta decisión del gobierno del PSOE, algo que venimos exigiendo desde hace meses ante el total inmovilismo de los socialistas lorquinos, que en todo este asunto siguen poniéndose de perfil en vez de defender a Lorca. Debemos señalar que aún a día de hoy el gobierno de Sánchez no ha respondido a ninguna de los cientos de alegaciones presentadas por los afectados, en un nuevo ejemplo de la actitud soberbia que el PSOE viene demostrando en todos y cada uno de los pasos de un procedimiento plagado de chapuzas, de nula fiabilidad técnica y ejecutado a espaldas de las personas.

Se trata de una decisión del Ministerio de Transición Ecológica de la que el PP viene advirtiendo desde septiembre de 2020, y que supone la ruina de 3.000 hectáreas, con pérdidas económicas superiores a los 100 millones de euros, afectando a pedanías como Río, Campillo, La Torrecilla, Purias, Cazalla, Ramonete, Aguaderas y La Hoya, entre otras.