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El PP reclama que el ayuntamiento de Lorca proceda cuanto antes a devolver de oficio del dinero cobrado a los ciudadanos por la plusvalía

• Solicitan la elaboración de un informe detallado que incluya el número de vecinos afectados y las cantidades económicas que han de ser reintegradas. Otros ayuntamientos ya han tomado medidas, pero los socialistas en Lorca siguen bloqueados desde octubre.

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El PP reclama que el ayuntamiento de Lorca proceda cuanto antes a devolver de oficio del dinero cobrado a los ciudadanos por la plusvalía.

La concejal de Economía y Hacienda en el ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Rosa María Medina, ha reclamado que el Consistorio Municipal proceda a la devolución de oficio con carácter inmediato del dinero que se haya cobrado a los contribuyentes lorquinos por el pago del impuesto de la plusvalía. Así están actuando ya numerosos ayuntamientos españoles a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, en la que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, referidos al sistema de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). 

            Medina Mínguez ha indicado que Lorca tiene que seguir el ejemplo de otros municipios como Sevilla, Zaragoza, Burgos, Getafe o Valladolid, que ya han impulsado medidas para evitar pleitos con el ciudadano. Hemos de subrayar que el tribunal contencioso administrativo le está dando la razón a quienes solicitan la devolución, por lo que cuanto antes se proceda al reintegro del dinero a los lorquinos, mejor. Es evidente que el ayuntamiento tiene que encajar ya esta sentencia y evitar que los ciudadanos se vean obligados a recurrir a la justicia. Se trata, además, de evitar que el propio ayuntamiento tenga que devolver el dinero más los intereses correspondientes, lo que supondría una merma para los recursos municipales.

            El Grupo Popular ha reclamado la elaboración de un informe municipal en el que se detalle cómo se encuentra este asunto en el ayuntamiento, incluyendo las cantidades pendientes de devolver, cuántos ciudadanos han solicitado que les reintegren el dinero pagado y cuál ha sido la respuesta por parte del Consistorio. Cabe señalar que la recaudación que el ayuntamiento obtiene en 2021 por este impuesto se sitúa en 3,8 millones de euros, cantidad que está lejos de ser compensada por la aportación del gobierno de Pedro Sánchez, que permanece obsesionado por castigar a nuestro municipio, dejándonos sin trenes, palacio de justicia y agua.

            Reclamamos que el gobierno de España ponga a disposición del Ayuntamiento un Fondo Estatal de Compensación, que palíe estas pérdidas. De lo contrario, mucho nos tememos que el alcalde socialista caiga en la tentación de sacar de un bolsillo de la gente lo que antes sacaba de otro, y eso lo tenemos que evitar, porque ya sabemos lo que le gusta al Sr. Mateos subir los impuestos a los lorquinos para financiar su derroche económico.

            El impacto que esta situación tiene para las arcas municipales aún no ha sido resuelto por parte del gobierno de España pese a las promesas del gobierno sanchista. De hecho, el ‘parche’ del Real Decreto-Ley, aprobado por los socialistas para reformar los artículos del tributo que se declararon inconstitucionales, no ha servido más que para prolongar el problema. Lo que reclamamos ante este nuevo desatino, es que se articule un mecanismo que compense las pérdidas económicas a los municipios, porque de lo contrario serán los ciudadanos los que terminen “pagando el pato”, afrontando nuevas subidas de impuestos.

            Rosa Medina ha reclamado celeridad al gobierno local socialista para proceder a la reforma de las ordenanzas fiscales municipales, que ya podría estar implementada, ofreciendo la seguridad jurídica y certidumbre que los ciudadanos merecen. Se trata de una cuestión que saben que tienen que asumir desde el pasado mes de octubre, por lo que tiempo han tenido más que suficiente.            Esta sentencia pone de manifiesto la necesidad de que los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, cuenten con un marco de ingresos acorde a la realidad, que permita hacer frente a las competencias impropias que tiene, algo que ha venido reclamando el Partido Popular durante años.