IU exige rigor y seriedad en la imposición y el cobro de las multas relacionadas con la pandemia en Lorca.

El Portavoz municipal de IU-Verdes, Pedro Sosa, ha explicado esta mañana la batería de propuestas en materia de sanciones y seguridad ciudadana relacionadas con el control del COVID-19 en Lorca, que defenderá en nombre de su grupo político en el Pleno Municipal ordinario de octubre a celebrar la próxima semana.

Ya el pasado mes de septiembre el edil de IU-V se interesó por las sanciones que se han tramitado como consecuencia de las denuncias formuladas por la Policía Local de Lorca. Sosa preguntó entonces por el número y estado de tramitación tanto de las denuncias relacionadas con el mal uso de la mascarilla, como con las vinculadas a fiestas y botellones, infringiendo la normativa sanitaria de la Región y las ordenanzas municipales. Esa solicitud de información fue «respondida» en el Pleno de septiembre por el Concejal de Policía. Consta literalmente en el acta de ese Pleno la siguiente respuesta:» Se han realizado 2170 denuncias. En fiestas, 165 más las de este fin de semana. Se han remitido 2170, y a mí me consta que 2 han sido remitidas a los infractores. 245 más las del fin de semana. Después se lo puedo desglosar y no tengo inconveniente en hacérselo llegar».

Pedro Sosa sostiene que como esa respuesta no satisface, en absoluto, el requerimiento de información realizado por su grupo y se aparta además de la filosofía de aquellas primeras intenciones manifestadas públicamente por el Alcalde de Lorca en el inicio de la pandemia en nuestro municipio, en las que el primer edil sostenía abiertamente que «el dinero de las multas será para comprar mascarillas», nos vemos obligados ahora tanto a que nos aclare en Pleno si el producto de las 175 multas que había puesto la Policía Local a los lorquinos por incumplir el confinamiento ha tenido el destino finalista expresado, como a proponer algunas medidas que redunden en el rigor y la seriedad debidas que hay que poner sancionando a los incumplidores.

El principal objetivo de la moción, sostiene Sosa, es hacer efectiva en Lorca una de las principales funciones teóricas del derecho sancionador, de la sanción como instrumento jurídico, que no es otra que la de la prevención general, disuadir a los administrados, con la amenaza de una sanción económica o de otra prestación obligatoria frente a la realización de conductas infractoras.

No podemos tolerar, continúa el concejal de IU, que el esfuerzo que realizan los agentes de la Policía Local de Lorca con esas más de dos mil denuncias formuladas se frustre por una ineficaz tramitación de los expedientes sancionadores. Y ese mensaje vale tanto para la administración regional (en lo que atañe a sus competencias) como para la local respecto de aquellos expedientes en los que las ordenanzas municipales residencian su competencia en la misma, como es el caso del consumo de bebidas en la vía pública sancionado por la ordenanza local de convivencia cívica.

Tenemos que evitar que el esfuerzo de los agentes locales de Lorca quede en nada y que la función disuasoria de las sanciones quede asimismo sepultada por la inoperatividad de la administración sancionadora, o por una eventual prescripción de los expedientes, por ello proponemos, sobre la base de las experiencias implementadas ya en otros municipios para combatir la expansión de la enfermedad en sus territorios, la aprobación de los acuerdos los que siguen:

Con independencia del destino -finalista o no- que se pueda dar al producto de las sanciones tramitadas por nuestra administración local relacionadas con la pandemia, este Pleno insta al gobierno local a que, a través de sus servicios técnicos, se valore a oportunidad y conveniencia de que los equipamientos de protección frente a la COVID-19 sean adquiridos por el Ayuntamiento a través de la conocida Central de Contratación de la FEMP.

El Ayuntamiento de Lorca, emulando a otras administraciones locales españolas, conformará en su plantilla de Policía Local un «Grupo Específico de Intervención» relacionado con la crisis sanitaria y la persecución de las infracciones vinculadas a la misma.

El Ayuntamiento de Lorca insta al gobierno local a que, a través de sus servicios técnicos, se valore la oportunidad y conveniencia de modificar la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales para que el consumo grupal de alcohol en la vía pública, además de ser castigado mediante las sanciones económicas previstas en la citada ordenanza, pueda ser atajado, en su caso, mediante la sustitución de esas multas por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad tales como limpieza de parques, cauces y zonas recreativas objeto de fiestas y botellones.

El Ayuntamiento de Lorca se dirigirá formalmente a la Consejería de Salud para requerirle oportuna y detallada información sobre el estado de tramitación de la totalidad de los expedientes sancionadores incoados por la misma tras las denuncias remitidas al efecto por la Policía Local de Lorca, dando cumplida información a este Pleno sobre la eventual respuesta (o su falta) de ese organismo autonómico.