El PP exige por vía oficial que el Ayuntamiento paralice inmediatamente el cobro del impuesto de plusvalía y asuma la sentencia del Tribunal Constitucional.
La secretaria general del Partido Popular, Rosa María Medina, ha presentado esta misma mañana en el Registro General del Ayuntamiento una petición expresa exigiendo que el actual gobierno local acate, aplica y cumpla inmediatamente la sentencia dictada por parte del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de la plusvalía municipal que cobra el Consistorio Municipal.
Nuestro objetivo prioritario es que los ciudadanos dejen de pagar este impuesto desde hoy mismo, que es a lo que obliga este pronunciamiento de la Justicia, y, al mismo tiempo, evitar que se puedan plantear nuevos problemas al Ayuntamiento en caso de caer en el error de continuar cobrándolo. De hecho, proponemos el bloqueo inmediato del cobro de la plusvalía, puesto que, si el Alto Tribunal ha sentenciado de la forma tan contundente que lo ha hecho, lo mejor para el funcionamiento interno del Consistorio es que se responda de inmediato a la nueva situación que se genera. El Ayuntamiento de Lorca tiene que adaptarse a las circunstancias y mostrar flexibilidad ante la nueva coyuntura.
Medina Mínguez ha reclamado que se aplique el principio de prudencia, por el que siempre ha apostado el Partido Popular en materia de gestión económica y tributaria, y al que el alcalde socialista sólo se refiere cuando le conviene.
Es el gobierno de España el que tiene que ofrecer una solución, ya que castiga a Murcia a ser la región peor financiada de todo el país, recibiendo dos millones de euros menos cada día que otras comunidades autónomas, y sin recibir ningún tipo de compensación.
Se ha gastado 800.000 euros en comprar coches, 400.000 en poner cámaras en las tuberías del agua, 1,2 millones en rescatar Limusa tras arrastrarla a pérdidas, y ha intentado cuadrar las cuentas municipales a base de disparar las multas de tráfico por las que ha sacado del bolsillo de los lorquinos 847.000 euros, la cantidad más alta de la historia.
Esta sentencia pone de manifiesto la necesidad de que los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, cuenten con un marco de ingresos acorde a las necesidades reales, que permita hacer frente a las competencias impropias a las que tiene, algo que ha venido reclamando el Partido Popular durante años. Por tanto, reclamamos que el gobierno de España ponga a disposición del Ayuntamiento un Fondo Estatal de Compensación, que palíe estas pérdidas. De lo contrario, mucho nos tememos que el alcalde socialista caiga en la tentación de sacar de un bolsillo de la gente lo que antes sacaba de otro, y eso lo tenemos que evitar, porque ya sabemos lo que le gusta al Sr. Mateos subir los impuestos a los lorquinos para financiar su derroche económico.
Esta sentencia no afecta en absoluto al cumplimiento de la orden que ha recibido el Sr. Mateos por parte del Pleno del Ayuntamiento para bajar los impuestos municipales, puesto que el Consistorio dispone de 5,5 millones de euros de superávit, 12,7 en la Tesorería, y tiene previsto ingresar 4 millones de euros por la venta de plazas de aparcamiento en el barrio de San Cristóbal, 1 millón por venta de parcelas en el polígono de Saprelorca y otros 3,5 por los pisos del barrio de San Fernando, que palían más que sobradamente los 1,2 que recaudaba por la plusvalía. Los datos y las cifras objetivas desmontan desde la base cualquier conato de resistencia del Sr. Mateos a la rebaja de impuestos impulsada por Fulgencio Gil y que está obligado a cumplir por mandato de la Corporación Municipal.
