Piden la creación de un órgano «coste 0» para aumentar la protección y los derechos de los ciudadanos de Lorca.

Transcurridos 8 años desde la declaración de Lorca como municipio de Gran Población y 4 años desde la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, el PP no ha puesto en funcionamiento este órgano, ni tampoco la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, lo que evidencia que el equipo de gobierno «ni cumple sus propios reglamentos, ni cree en la participación y en la transparencia».

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos solicitará en el próximo Pleno municipal la creación del Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, un órgano «coste 0» previsto por Ley, y que servirá para aumentar la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos. De igual modo, volverán a exigir la puesta en marcha de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones; una especie de «Defensor del Pueblo» en Lorca, que los socialistas solicitaron hace un año y que el PP mantiene «bloqueado».

Diego José Mateosha recordado que, en el pleno del pasado mes de septiembre de 2016, los socialistas propusieron al equipo de gobierno del PP»que en cumplimiento de la Ley 9/2007 pusieran en marcha de una vez por todas laComisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, a modo de órgano de defensa de los derechos de los lorquinos».

A los pocos días, el entonces Alcalde, Francisco Jódar, compareció ante los medios y afirmó que se pondría en funcionamiento en un plazo de 3 meses. Sin embargo, transcurrido más de un año «no se sabe nada» por lo que se trata, asegura, «no sólo de un incumplimiento de los acuerdos de Pleno, como es habitual en el Partido Popular, sino de un incumplimiento más de la palabra dada a los lorquinos y lorquinas». Mateos asegura que se trata de un nuevo ejemplo de que este equipo de gobierno del PP «no cree en la transparencia ni en la participación ciudadana».

Junto al anterior, existe otro órgano para aumentar los derechos y la protección de los ciudadanos que es el previsto en el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local,para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Mateos ha explicado que este órgano resulta «de obligada creación y funcionamiento» para el Ayuntamiento de Lorca, que además lo prevé en su propio Reglamento Orgánico de la Corporación en artículos como el 6, el 27.2.2 o el 65.3.c).

Con la omisión y la negativa a la creación de este órgano, Mateos asegura que «se está privando a los lorquinos de una vía de defensa que sí tienen los ciudadanos de Murcia o Cartagena» para responder a errores o abusos de la administración tributaria, por lo que se trata de una «discriminación a los ciudadanos de nuestra ciudad» que disponen de una posibilidad gratuita de recurso ante la administración «y por negativa del PP, no la tienen en su mano».

Mateos asegura que es «inexcusable» que se proceda a crear ambos órganos por dos razones muy claras: «porque las leyes están para cumplirlas y ambos están previstos en la normativa aplicable y son obligatorios, y porque estamos privando a los lorquinos y lorquinas de órganos que profundizan en la transparencia y la participación ciudadana y mejora su capacidad de respuesta ante errores, omisiones o abusos de la administración local».

El Ayuntamiento de Lorca tendrá un Código Propio de Buen Gobierno, a iniciativa del PSOE

Mateos ha anunciado que votarán a favor de esta iniciativa que se debatirá en el próximo pleno municipal. El Portavoz socialista afirma que este código es necesario para que el Ayuntamiento de Lorca mejore en calidad democrática, en sus relaciones con los ciudadanos y empleados públicos, y para profundizar en la democracia participativa y la aplicación de las nuevas tecnologías.

Se trata de una iniciativa que el propio Mateos ya propuso en comparecencia pública ante medios de comunicación el pasado 22 de agosto. Aunque el equipo de gobierno «vaya tarde», Mateos celebra que sea tras iniciativa del PSOE cuando el Ayuntamiento de Lorca se vaya a adherir a este marco de buenas prácticas en el que representantes políticos, empleados públicos y ciudadanía sepan cuáles son nuestros deberes y derechos, cuáles son los cauces de participación y de qué formas podemos contribuir a lograr un Ayuntamiento más cercano, más ágil, más eficiente y más democrático.