Solicitan 6 años de prisión a dos empresarios por apropiarse dinero de un notario de Lorca con el que se asociaron.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar entre hoy y el próximo 5 de septiembre a los dos empresarios para los que la Fiscalía pide seis años de prisión por supuestamente haberse aprovechado de la alteración psíquica de un notario que ejerce en Lorca con «comportamientos incomprensibles en el terreno económico y en los negocios» para quedarse con el dinero recibido para las operaciones crediticias de una sociedad que habían conformado con él.
Según indica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, los dos acusados serían responsables como autores de la presunta comisión de tres delitos societarios continuados de administración desleal, de falsedad de contabilidad y de negación de información a otros partícipes por los que habrían de pagar también sendas multas de 12.000 euros, de resultar condenados.
La situación de la supuesta víctima, notario de profesión en la localidad de Lorca, derivó, en virtud de una sentencia de un juzgado de Primera Instancia de Granada, en una declaración de «prodigalidad», la cual se utiliza para aquellas personas que presentan una incapacidad para controlar sus gastos, que llega a afectar al patrimonio de sus familias.
Estas «alteraciones psíquicas» y la «solvencia económica personal importante» del notario eran conocidas por uno de los acusados, al parecer marido de una sobrina suya. Así las cosas, le propuso la constitución de una sociedad de gestión inmobiliaria el 21 de abril de 2005, junto con el otro procesado.
Posteriormente, «lo embaucaron para que realizara a la mercantil, de la que era socio minoritario, aportaciones en metálico y concertara operaciones crediticias de las que él se constituía como persona solvente en avalista personal», todo ello «sin tener como contrapartida el incremento de su participación en la sociedad».
Los acusados, en paralelo, se habrían encargado de «desviar el dinero recibido por las operaciones crediticias avaladas y el metálico aportado directamente» a «financiar mercantiles de las que solo eran partícipes» ellos.
Ello le lleva a afirmar al fiscal que esta sociedad inmobiliaria «fue creada con la finalidad de financiar las mercantiles de las que eran partícipes de manera exclusiva los acusados». Una de ellas le facturó una cantidad que ascendió a los 4,7 millones de euros hasta el año 2008.
Hubo avales por parte del supuesto engañado por 7,8 millones de euros, y aportaciones en metálico que ascendieron a los 1,9 millones de euros, de los que el administrador único, uno de los acusados, reconoce 779.560 euros.
Ambos acusados «carecían de patrimonio y solvencia» mientras su socio era «el único solvente» y, cuando pidió explicaciones, le fueron presentadas hasta «tres contabilidades diferentes sin coincidencia».
También queda en evidencia para el Ministerio Público que, con otra de sus mercantiles, «los acusados han seguido la estrategia de ocultación de información sobre la marcha de la misma, haciendo caso omiso de los requerimientos de información, solicitud de entrega de cuentas y examen de documentación«.
