El PP denuncia el «uso ilegal» de las redes sociales, página web y canales de comunicación institucional del ayuntamiento por parte del gobierno local.
La secretaria general del Partido Popular de Lorca, Rosa Mª Medina, ha informado que esta formación política denunciará esta misma semana ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia al actual alcalde y a su equipo de gobierno por utilizar de forma ilegal, partidista y en beneficio propio la página web del ayuntamiento, sus redes sociales y el resto de canales institucionales del Consistorio Municipal.
Medina Mínguez ha explicado que la actitud del actual alcalde contra el Grupo Municipal Popular es incomprensible. A lo largo de estos meses hemos sido objeto de continuas muestras de deslealtad institucional en el seno de la corporación municipal, que ayer “tocaron techo”. La gota que ha colmado el vaso ha sido la utilización reiterada de los medios institucionales y cana-les oficiales del ayuntamiento para atacar, desprestigiar y despreciar el trabajo desarrollado por el Partido Popular. Si no son capaces de mostrar respeto por sus propios compañeros de corporación, quedan deslegitimados para reclamárselo a los demás.
Resulta incomprensible que el actual alcalde esté permitiendo, cuando no jaleando, las salidas de tono de sus concejales. Parecía que estas actitudes habían cesado, e incluso hace unos meses decidimos parar la denuncia que habíamos preparado para su remisión ante el Consejo de la Transparencia, pero el ataque injusto y que sufrimos ayer no nos deja otra salida. Se da la circunstancia de que esta nueva falta de respeto la protagonizó una edil del PSOE que, paradójica-mente, votó a favor de la Ley que ahora incumple como diputada en la Asamblea Regional.
Existe nerviosismo en el actual gobierno local. Carecen de proyecto, de iniciativas propias, y se están limitando a vivir de las rentas y de los proyectos que el Partido Popular dejó pre-parados. Nos encontramos con un gobierno que no se ha consolidado, sino que ha defraudado incluso a quienes no lo votaron.
El Sr Mateos, ha sido advertido en innumerables ocasiones de que tanto él como su grupo están vulnerando de forma continua y sistemática la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De hecho, han sido repetidas las ocasiones en las que desde el Grupo Municipal Popular se le ha avisado de que no puede utilizar los canales, herramientas y medios institucionales del ayuntamiento para propagar mentiras, des-prestigiar a sus propios compañeros de Corporación Municipal o desarrollar campañas de des-crédito contra personas o grupos políticos por el simple hecho de no compartir su pensamiento ideológico.
Esta Ley prohíbe expresamente que los alcaldes y grupos de gobierno utilicen en beneficio propio los canales de comunicación del Ayuntamiento, y aquí en Lorca no hacen otra cosa que retorcer los medios públicos para hacerse marketing político. Llegan incluso a criticar, insultar y desprestigiar a concejales del propio Ayuntamiento valiéndose de estos medios, cuando, tal y como indica la Ley se prohíben las comunicaciones «que cuestionen implícita o explícitamente a otras instituciones entidades o personas (.) en la comunicación institucional no deberá cuestionarse a otras instituciones, entidades o personas».
La Ley impide lo que está haciendo el alcalde del PSOE, ya que prohíbe la comunicación institucional partidista, la utilización de la publicidad institucional como elemento de propaganda personal de cargos públicos, prohibiendo los puntos de similitud con la publicidad que lleve a cabo cualquier partido político.
El alcalde del PSOE y su equipo de gobierno se han estancado en la soberbia y se toman muy mal las críticas. Le han dado la espalda a la gente. Sus reacciones cuando otros opinan de sus medidas son desairadas y viscerales, guiadas por un inusitado rencor.
Están utilizando los recursos del ayuntamiento para beneficiar al PSOE, en vez de para solucionar los problemas de la gente. El traslado de estas infracciones contra la Ley de Comunicación Institucional al Consejo de la Transparencia no agota la posibilidad de enviarlas a otras instancias.
