La oposición al completo reclama un pleno monográfico sobre las condenas por los convenios urbanísticos de 2005.
Los grupos municipales en la oposición, PSOE, IU-V y C’s, han reclamado al equipo de gobierno, del PP, un pleno monográfico para analizar la situación del Consistorio tras haber sido condenado a devolver 5,2 millones de euros a promotores urbanísticos por convenios para el desarrollo de residenciales que firmó en 2005 y que no se han ejecutado.
IU-V, el único partido que votó en contra en el Pleno municipal en el que fueron aprobados hace diez años con la mayoría absoluta del PSOE y la abstención de PP, fue la primera formación en solicitar, el pasado septiembre, la reunión extraordinaria y monográfica del Pleno sobre esta cuestión.
Su petición ha sido secundada en las últimas horas por PSOE y C’s, y ya hay un escrito en la alcaldía, con la firma de un tercio de los concejales, por lo que la celebración del Pleno es preceptiva y tendrá que ser convocado en un plazo de dos semanas.
Desde diciembre de 2013 la Fiscalía de la Región de Murcia investiga de oficio el caso de estos 17 convenios urbanísticos.
El ayuntamiento de Lorca ya suma ocho sentencias judiciales condenatorias que le obligan a devolver a promotores urbanísticos 4,8 millones de euros que éstos le adelantaron a cuenta hace diez años, a la firma de convenios urbanísticos para construir miles de viviendas que no han llegado a ejecutarse. El concejal de Economía y Hacienda, Fulgencio Gil, ha señalado que a esa cantidad hay que añadir los intereses y las costas judiciales y ha abundado en que el consistorio ya ha satisfecho a esos promotores la cantidad de 1,5 millones y tiene pendiente de pago 2,6 millones de euros más.
Estos ocho convenios forman parte de un paquete de 17 que fueron suscritos en un pleno municipal en 2005 para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano (SIDU) en el que construir 87.000 viviendas. De todos ellos ninguno ha llegado a desarrollarse y solo tres continúan la tramitación para su puesta en marcha en una fase aún muy inicial.
Todas las sentencias judiciales de condena son firmes, pero además otros cuatro convenios también están en vía judicial y los promotores exigen al consistorio la devolución de otros 5,7 millones de euros.
Los convenios fueron aprobados en solitario por el PSOE, que entonces gobernaba con mayoría absoluta, y en el pleno el PP se abstuvo de la votación e IU-V votó en contra. El ayuntamiento recibió unos 13 millones de euros a la firma de aquellos convenios, pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver todos los trámites urbanísticos en un plazo de tres años y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma de los intereses y de las costas judiciales.
