Los conductores lorquinos serán los más afectados por las prohibiciones de la nueva Ley de Movilidad: el 40% de los coches no podrá acceder a calles del centro.
El Partido Popular, a través de su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Lorca, ha exigido con carácter urgente y de forma oficial copia del expediente en el que el actual gobierno local ha establecido de forma unilateral las calles del centro de nuestra ciudad que se verán afectadas, incluso cerradas al tráfico de determinados vehículos a partir del próximo 1 de enero por la nueva Ley del gobierno central.
Esta normativa obligará a los propietarios de los vehículos que no pueden obtener las etiquetas medioambientales de la DGT a inmovilizarlos, sacarlos de la ciudad o desprenderse de ellos. El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Lorca ha informado que en nuestro municipio tendrán que sacarse de la circulación de estas calles un total de 17.233 vehículos, por lo que resulta irresponsable que desde el actual gobierno no se haya dicho nada. La afección en Lorca es un disparate, más de 7 puntos superior al resto de ciudades de la Región, cuyas consecuencias para conductores, comerciantes y vecinos no se han analizado. Es una manifiesta irresponsabilidad.
Es una Ley profundamente injusta y discriminatoria, que penaliza a quienes no cuentan con capacidad económica suficiente para poder renovar sus automóviles. Además, no se ha establecido un plan que estimule la modernización de vehículos a través de su sustitución a través de incentivos económicos. Tampoco han tenido en cuenta, en ningún momento, el evidente perjuicio que va a tener esta medida en el comercio y la hostelería de las calles que se hayan elegido por parte del actual gobierno local.
No compartimos la decisión del actual gobierno local de no haber consultado con ningún colectivo, incluidos los grupos municipales, esta serie de decisiones que tanto va a afectar a nuestro municipio. Estamos hablando de un asunto que va a suponer una transformación muy importante en nuestra ciudad, y que, por lo tanto, exigía de una amplia participación ciudadana, dentro de un proceso de comunicación general. Sin embargo, todo se está llevando “de tapadillo”, sin ofrecer ningún tipo de información, una actitud que tiene que ser corregida de inmediato, ya que estas prohibiciones y restricciones se ponen en marcha en menos de dos meses, y aquí hasta el momento ningún miembro del actual gobierno local ha dicho absolutamente nada al respecto.
De acuerdo con la nueva Ley, las zonas de bajas emisiones referidas en el Artículo 18, así como en el Artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, serán definidas y reguladas por los Ayuntamientos en sus correspondientes ordenanzas de movilidad sostenible. El uso general de las zonas de bajas emisiones lo determina cada municipio y la circulación por las zonas de bajas emisiones de vehículos que no se incluyan en la selección realizada se considerará un aprovechamiento especial del dominio público y podrá ser gravado mediante la aplicación de la correspondiente tasa municipal.