SERVICIO PÚBLICO NEGOCIO PRIVADO – por Antonio de Cayetano.

La pasada semana, como suelo hacer cuando llueve, me metí en la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura, más concretamente en el apartado del SAIH (sistema automático de información hidrológica), encontrándome que este visor de precipitaciones de la cuenca, se hallaba temporalmente fuera de servicio. Luego he sabido, que lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, cuando se acabó el contrato de la empresa externa que lo gestionaba, continuando inactivo en el día de hoy.

http://www.chsegura.es/chs/index.html

Yo solo tenía curiosidad por saber el agua caída en diferentes puntos de la región, no siendo de importancia esos datos para mí, solo una forma más de pasar el tiempo, pero sí que para la C.H.S. son importantísimos y el carecer de ellos puede poner en juego la vida de muchas personas. La misma Confederación se congratuló del funcionamiento de este sistema tras la riada que afectó a nuestra comarca en septiembre de 2012, invirtiendo un año más tarde dos millones de euros en la instalación de 10 nuevos puntos de control y sus redes de comunicación en diferentes parajes de la cuenca, ya que estos datos son imprescindibles en la toma de decisiones ante cualquier alerta por posibles avenidas e inundaciones. Pero precisamente en los meses en que suelen producirse las riadas, el sistema está fuera de servicio, y lo que más sorprende es el motivo, que no es otro que haber finalizado el contrato con la empresa que llevaba su mantenimiento y gestión.

Así es la administración, no se cansan de anunciar una y otra vez los millones que se invierten aquí o allí y luego no son capaces de sacarles provecho ni ocupase de su mantenimiento, o como en este caso, dejando inutilizado un sistema clave en la protección civil de la región, todo, por no haber sido previsores convocando un nuevo concurso con antelación o renovando provisionalmente el que había. Es el problema que tenemos con los servicios públicos, que todo ya se está poniendo en manos de empresas privadas, desde colegios y hospitales a servicios de emergencias como el 112 o la lucha contra incendios forestales. En mi opinión, un servicio público es un derecho que tenemos como ciudadanos, como contribuyentes que al final pagamos, y partiendo de esa base, no debemos de convertirlo en un negocio para empresas particulares, que es lo que está pasando con los servicios más elementales, que los gestionan las empresas privadas.

La prestación de cualquier servicio público tiene unos costos determinados derivados del personal necesario, vehículos o maquinaria, material, compras y gastos varios, siendo la suma de todo ello, la tasa que debemos de pagar todos los ciudadanos que hacemos uso del mismo. Pero solo el importe que cuesta la prestación del servicio en cuestión, no el valor añadido que le incrementan las empresas privadas, pues está claro, que estas empresas tienen que tener un beneficio por su gestión, margen que por pequeño que sea, implica un incremento en el importe de la prestación. En esto hay como en todo, partidarios y detractores, hay quien opina que las empresas privadas gestionan mejor, con mayor interés, porque está en juego el volumen de sus ganancias, pero también es verdad que a veces sus beneficios se obtienen a costa del interés público, tal como ha pasado en Lorca con el trasporte urbano, que el servicio que ha venido haciendo ha sido de pésima calidad, cuando sin embargo ahora que lo ha retomado provisionalmente el AyuntaMIENTO, el servicio ha mejorado sensiblemente. Incluso creo que nuestro municipio es lo suficientemente importante como para crear su propia empresa municipal de transportes, y gestionar directamente el trasporte urbano, tal como lo hacen muchas otras ciudades de nuestro país. Así se evitaría lo que ha sucedido hasta ahora con este servicio y al no estar bajo las estipulaciones de ningún contrato, se podrían llevar a cabo los cambios e innovaciones que sobre la marcha se estimen oportunos.

También, pues todo hay que decirlo, se evitaría el riesgo que lleva un nuevo concurso, con sus posibles chanchullos y corrupciones, cosa que desgraciadamente sucede con mucha frecuencia, porque no siempre se le asigna la concesión a la empresa más eficiente y a la que más meritos tiene, sino que el concurso se lo lleva, la empresa más cercana al partido que gobierna. En los años setenta el servicio de recogida de basura y limpieza viaria de nuestra ciudad se atendía por parte del AyuntaMIENTO, pero tras llegar la primera corporación democrática, este servicio le fue adjudicado a Ingeniería Urbana, una filial de Sellberg, S.A., empresa que fue citada por la prensa de entonces, como posible pagadora de comisiones ilegales al PSOE, pues fueron varios los ayuntamientos gobernados por socialistas que adjudicaron servicios a esta empresa. Pero años más tarde, la recogida de basuras y limpieza viaria pasó de nuevo a ser gestionada por el AyuntaMIENTO, creándose en noviembre de 1986 la empresa municipal LIMUSA (Limpieza Municipal de Lorca S.A.), alegándose tras el cambio, que desde el municipio se prestaría mejor el servicio y este sería menos costoso para las arcas municipales. Evidentemente es así, pues las ganancias revierten de nuevo en la empresa reduciendo los costes de gestión y aunque el servicio es mejorable, esta empresa municipal ha ido creciendo y modernizándose con el paso del tiempo, quedándose en el año 2003, también con el servicio de la grúa y los aparcamientos de la zona azul que hasta entonces los prestaban sendas empresas privadas.

LA VERDAD 2009 SOBRE LIMUSA

Con la prestación de este servicio por parte del municipio, la responsabilidad está en los dirigentes de turno, siendo así más fácil y cercana su gestión y por tanto más eficaz el resultado, pero lamentablemente, también ha habido despilfarro y escándalo político. Todos recordamos cuando se destapó el caso Limusa en marzo de 2009 con la detención de su gerente, siendo detenidos meses después ex concejales, empresarios y hasta el ex alcalde, quedando demostrado en el juicio que se celebró en junio de 2011, que hubo un delito continuado de malversación de caudales públicos por un importe superior a los 800.000 euros, con excesivos gastos en comidas y viajes de los directivos, cargando a la empresa municipal gastos particulares del gerente y comidas durante los fines de semana en restaurantes de Lorca y Águilas, siendo hasta 40 las comidas de este tipo realizadas en un solo año. Viajes a Madrid y Barcelona para ver partidos de la Copa de Europa y hasta una noche de juerga en un club de alterne de Sevilla, por la que se llegaron a pagar unos 5.000 euros de dinero público.

Una gestión delictiva es lo que se hizo con la empresa municipal, en vez de ser totalmente escrupulosa como cabía esperar. Tampoco en mi opinión la gestión del gobierno municipal fue la correcta, ya que solo se limitaba a aprobar las cuentas anuales por partidas, cuando lo apropiado y al tratarse de dinero público, hubiese sido examinar previamente y detenidamente los conceptos de cada apartado, comprobando así que todos lo considerado como gasto era efectivamente eso, un gasto necesario para llevar a cabo el servicio. Esto es solo lo que se conoció tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 6/2011 del 26 de septiembre, sentencia por la que se condenó al ex gerente a siete años y medio de prisión y en la que fue absuelto el ex alcalde, ya que fue retirada la acusación por haber prescrito el delito del que se le acusaba. Pero siempre nos quedará la duda de las supuestas comisiones que por aquellos años pudieron correr o incluso pueden seguir corriendo, teniendo en cuenta las grandes cantidades de dinero que se manejan en la compra de vehículos y maquinaria en este tipo de empresas.

Visto lo anterior, ya es más discutible quien es el mejor indicado para gestionar un servicio público, si la administración o una empresa particular. Sabido es, que la decisión será siempre de quienes dirigen la administración, pues todo es cuestión de intereses, defendiendo cada partido lo que más le convenga en cada momento y no siendo siempre lo mejor para el pueblo. En Lorca hemos pasado por tres etapas gobernando el mismo grupo político, en la primera la mejor opción para la recogida de basura era una empresa privada, luego fue al contrario, lo más beneficioso para Lorca era la gestión municipal. Pero sin embargo, en enero de 1998 la gestión del servicio municipal de aguas pasó a manos privadas, argumentando que una empresa mixta era lo mejor que le podía pasar a ese servicio, necesitado como estaba de algunas inversiones. Aunque quizá el verdadero motivo era hacer caja por parte de nuestro AyuntaMIENTO , haciéndose de una cuantiosa suma como canon de entrada y quitándose gastos, personal y obligaciones, sumándose así a la tendencia de entonces y creándose Aguas de Lorca S.A. Una empresa que forma parte de Hidrogea, que a su vez pertenece a uno de los dos grupos que acaparan el negocio del agua en nuestro país con cuantiosos beneficios.

Así un servicio público sin ánimo de lucro, pasó a ser un servicio comercial más, con la agravante de que es un monopolio sin competencia, y encima beneficiándose de las inversiones públicas, favorecidas tras los terremotos con la renovación de las tuberías de suministro y saneamiento en decenas de calles, tuberías que al ser completamente nuevas tardaran muchísimos años en deteriorarse y causar problemas, con la consiguiente disminución de incidencias y del dinero gastado en su mantenimiento, lo que llevará, a obtener mayores beneficios la empresa concesionaria. Tampoco esta empresa mixta se ha visto libre de polémicas, pues en julio de 1999, al año siguiente de su puesta en marcha, el concejal del equipo municipal de gobierno responsable de la misma, se firmó un autocontrato justo al día siguiente de hacerse cargo de este servicio, situación que llevó a nuestro AyuntaMIENTO (ya con equipo de gobierno de distinto color) a presentar denuncia ante la Fiscalía en abril de 2011, hecho que hizo que el ex concejal dejara de pertenecer a la empresa de un modo voluntario aquella misma tarde. Igualmente la contratación de familiares directos de componentes del gobierno municipal, han sido objeto de controversia, cosa que ha pasado asimismo con Limusa. También el grupo municipal de Ciudadanos viene denunciando desde principios de año, irregularidades contables y en la gestión de la empresa, poniendo de manifiesto sobrecostes en diferentes partidas de gastos. Pero nos encontramos en una lucha sin aliados, en un David contra Goliat, algo similar a lo que le pasó al empleado que durante mucho tiempo estuvo denunciando lo que sucedía en Limusa sin que nadie le hiciese caso.

La gestión privada del agua es un filón de oro que nadie quiere perder, un mercado sin competencia, con un cliente o usuario seguro y permanente. Privatizar ese servicio fue un acto de sabotaje a la economía lorquina, ya que hemos ido pagando después el agua a un precio muy superior al coste del servicio y con grandes diferencias con otros municipios de la región, municipios donde el agua tiene la misma procedencia y está gestionada por el mismo grupo privado. Así el precio del agua en Lorca es hasta un 150% más cara que en Águilas, donde el primer bloque está en 0,264 € metro cubico, mientras que en Lorca se paga a 0,668 €. También hay grandes diferencias en cuanto a la cuota fija que pagamos en cada recibo por el servicio domestico (contador de 13 m/m), siendo de 18,38 euros en zona urbana y de 24,34 en la rural, cuando en la ciudad de Murcia es de 13,80 para todo el municipio y en Cartagena de 11,22. Bajando hasta 8,32 € si nos vamos a una ciudad como Córdoba, donde se gestiona el agua a través de su empresa municipal, costando la cuota fija menos de la mitad que en Lorca ciudad y un tercio de lo que se paga en las pedanías de la huerta.

Lorca y Murcia son las ciudades con la tarifa del agua más caras de España

Un reciente estudio llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios, indica que el metro cubico de agua es un 36% de media más caro si lo factura una empresa de titularidad mixta (Lorca) que si la gestión es municipal (Córdoba). También un informe del Tribunal de Cuentas, concluyó que la gestión directa de los servicios públicos locales, llevada a cabo por los ayuntamientos, es más eficiente y más barata que la privada. Pero aquí no nos queremos enterar, reduciendo el déficit municipal con recortes que es lo más fácil, en vez de con una buena gestión municipal de todos los servicios que hoy son prestados por empresas privadas, ahorrando el propio AyuntaMIENTO por un lado, lo que se trasformaría en mejores servicios o menos carga impositiva para el ciudadano, y tener un servicio tan elemental como es el agua, a un precio más asequible, pagando rigurosamente el coste real del servicio. Tampoco es justo el precio del agua por bloques, con una tarifa progresiva que penaliza al usuario que más gasta, sin tener en cuenta que en la vivienda del titular del contrato pueden vivir seis personas y por ello sus necesidades son mayores que donde solo habitan dos, dándose el caso de que seis pagan el agua mucho más cara aunque su consumo individual sea de menos litros.

Hoy son muchos los ayuntamientos que están volviendo a la remunicipalización del agua. Países como Holanda, prohíben expresamente privatizar este servicio y la misma Unión Europea, ha eliminado una directiva en pro de la privatización. En el año 2001, el recién elegido alcalde socialista de París, se propuso retomar de nuevo la gestión del agua de la capital de Francia, agua que estaba en manos de empresas privadas y con unas tarifas que habían subido un 265% desde 1985, el doble que en otras grandes ciudades francesas y con contratos sobrevalorados a sus propias filiales. Y aunque el cometido no fue fácil, al final lo logró y a partir del uno de enero de 2010 pasó a ser un servicio municipal, consiguiendo en su primer año, un ahorro de 35 millones de euros, lo que condujo a una reducción del 8% en su tarifa de agua.

Esperemos que aquí nuestros políticos se caigan también del burro, que se den cuenta del error de privatizarlo todo. Precisamente el motivo de que tengamos uno de los mejores servicios sanitarios del mundo es precisamente eso, que la gestión es pública, aunque eso conlleve que cuando vamos a pedir una cita al mostrador, observemos con indignación como el teléfono suena mientras uno de los administrativos/as está en la página de Amazon o de la agencia de viajes. Del resultado de poner el agua en manos privadas sabemos mucho los lorquinos, creo que no hay que recordar aquellos tiempos en que el agua de riego era objeto de conflictos por estar solo al alcance de los más pudientes. Creo que si el agua es un bien público y un derecho humano fundamental, debe de estar gestionada siempre por la administración o sus usuarios, buscando siempre el mejor servicio, no el mayor beneficio, que es lo que busca la empresa privada.