Proponen que las 59 viviendas del Ayuntamiento en el barrio de San Fernando formen parte de un plan de vivienda joven para Lorca.

La concejala de IU-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha anunciado que su formación pedirá en el próximo Pleno que el Ayuntamiento acometa la redacción y puesta en marcha de un Plan Municipal de Vivienda para el periodo 2018-2023 «con la participación de vecinos y agentes sociales y económicos».

Martín lamentó que el municipio no cuente con esta herramienta, «imprescindible para identificar y cuantificar las necesidades del municipio en esta materia». Por ello, exigió al equipo de Gobierno local del PP «que articule las medidas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los vecinos y vecinas», tal y como la Constitución Española reconoce en su art. 47, en el que insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias que garanticen este fin.

La edil de IU-Verdes recordó que es «obligación del Ayuntamiento» colaborar para hacer efectivo este mandato constitucional, para lo que debe «regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general y articular un Plan que de soluciones a las dificultades de acceso a la vivienda que padece una parte importante de la población».

Dicho Plan debe incluir, a juicio de Gloria Martín, líneas de ayuda específica para facilitar la emancipación de los jóvenes lorquinos menores de 35 años y facilidades para que familias desahuciadas puedan acceder a viviendas de propiedad de entidades financieras mediante rentas reducidas. Consideró necesario, además, establecer un programa específico para acciones de mejora de eficiencia energética, así como abordar la rehabilitación de edificios, especialmente en el casco histórico y en zonas deprimidas del municipio.

Parque de vivienda joven en San Fernando

Por otra parte, IU-Verdes también pedirá que los 59 inmuebles de propiedad municipal ubicados en el barrio de San Fernando, se destinen a la creación de un parque de vivienda joven.

Martín recordó que en 2016 el Consistorio se convirtió en agente promotor de la reedificación del 25 por ciento de dicha barriada, asumiendo la titularidad de 59 de las 232 casas, cuyas cuotas de propiedad habían sido expropiadas a sus antiguos dueños mediante la Ley de Sustitución Forzosa para evitar que su oposición paralizase la reedificación del conjunto.

El ayuntamiento de Lorca dedicó 354.000 euros al pago de las 59 expropiaciones mediante una subvención obtenida de la Comunidad con cargo al préstamo del Banco Europeo de Inversiones para la recuperación de la ciudad. Para su edificación recurrió a los fondos del Sepes destinados a Lorca tras los seísmos que dependen del ministerio de Fomento (cuatro millones de euros).

El 10 de octubre de 2016, durante una visita al piso piloto del nuevo residencial, el entonces Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, aseguró que los inmuebles propiedad del Ayuntamiento servirían para poner en marcha «una promoción de vivienda joven». Sin embargo, recientemente, en declaraciones a medios de comunicación el nuevo primer edil, Fulgencio Gil Jódar, señalaba sobre esta misma cuestión que «hasta que no termine la edificación el Consistorio no determinará el uso que dará a las viviendas de su propiedad».

Para Martín, independientemente de las deficiencias en la gestión relacionada con la recuperación de Lorca tras los terremotos que asolaron la ciudad en 2011, y que han llevado a que, seis años después, los vecinos de esta barriada aún no hayan podido regresar a sus hogares y a que, incluso, varias familias continúen aún viviendo en barracones, resulta imprescindible conocer qué destino tendrán, finalmente, esas 59 viviendas.