Denuncian que una cooperativa lorquina ha sido víctima de un presunto delito de usurpación de finca rústica.

La cooperativa lorquina Provesur ha sido víctima de un presunto delito de usurpación de una de sus explotaciones agrícolas. La empresa, que basa su actividad en el comercio al por mayor de frutas y hortalizas, ha visto como otra corporación desarrollaba su labor en una de sus fincas rústicas sin la existencia de un título jurídico que diera fe de dicho trabajo.

En concreto, este presunto delito se ha producido en una de sus plantaciones en los Guiraos, pedanía de Cuevas de Almanzora. Los hechos se produjeron este pasado miércoles, 10 de agosto, cuando la cooperativa lorquina, dueña del terreno, acudió a la finca para llevar a cabo sus tareas habituales.

Al llegar, los trabajadores se encontraron con maquinaria externa y con trabajadores de otra empresa arando el terreno para su jefe presuntamente de una sociedad de la localidad de Águilas. Estos mostraron una actitud impetuosa e impidieron que realizaran las labores previstas. Querían quedarse en la finca y llegaron a intimidar a los propios trabajadores con la maquinaria que estaban utilizando, poniendo en grave riesgo sus vidas. Inmediatamente se procedió a llamar a la Guardia Civil, quien se personó en las instalaciones agrícolas.

Según fuentes la empresa que allí estaba no mantiene ningún tipo de contrato, verbal o escrito, de arrendamiento, ni otro tipo de vínculo legal por el que le permite trabajar en este espacio y que tan solo es Provesur la propietaria del terreno. Sin embargo, la actividad de la empresa que presuntamente ha cometido el delito no ha cesado en su actividad, por lo que, también, se estaría lucrando de forma ilegal. Además, han dificultado el trabajo de la cooperativa lorquina desde entonces dejando la maquina en medio de la tierra para que no se puedan realizar la siembra o el cuidado del terreno previsto (fuera). A destacar, la empresa ha llegado a romper los trabajos realizados por Porvesur en la instalación agricola.

Provesur ha tenido que contratar vigilancia privada desde la noche del jueves, 11 de agosto, para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como el buen estado de la maquinaria y del material. Y este viernes ha denunciado los hechos a la Guardia Civil. Hay que recordar, que lo acontecido, podría hacer incurrir a dicha empresa en el cometimiento de un delito del Código Penal, en concreto, artículo 245.2 que castiga «al que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular».