La licitación de autobuses en sustitución de los Cercanías certifica la «isla ferroviaria» a la que el Gobierno central somete a la Región.
El Ejecutivo regional manifestó hoy que la licitación del servicio de autobuses en sustitución de los trenes de Cercanías «certifica la isla ferroviaria a la que el gobierno de Pedro Sánchez somete a todos los habitantes de la Región de Murcia, y le pone fecha de inicio: el 20 de noviembre».
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, calificó la decisión de «unilateral, desleal y oscurantista» y mostró el «rotundo rechazo» del Gobierno regional a la interrupción total del tráfico ferroviario, que elimina los trenes que conectan a la Región de Murcia con el resto de España.
«El Gobierno central sentencia a la Región de Murcia a un aislamiento ferroviario sine die, a tenor de los incontables incumplimientos de compromisos a los que nos tiene acostumbrados en materia ferroviaria: jamás han cumplido su palabra», afirmó el consejero.
Denunció que «se priva arbitrariamente de un servicio público esencial de movilidad», e informó de que «no se ha comunicado nada oficialmente a las autoridades regionales, ni locales de las poblaciones afectadas, y se efectúa dando la espalda a la sociedad que ya se ha manifestado en contra».
Díez de Revenga anunció que «el Gobierno regional va a hacer todo lo que esté en su mano, tanto en el ámbito legal, político como social, para revertir esta situación, que es fruto de una decisión sectaria que da un estoque mortal a este servicio público imprescindible».
«Jamás en la historia la Región de Murcia tuvimos tal desconexión por tren que nos convierte en una auténtica isla ferroviaria, y nunca antes se habían adoptado decisiones con tanto impacto en la población sin contar para nada con los habitantes afectados. Estas formas de gestión son propias de otros tiempos, o de otros regímenes», afirmó el responsable regional.
Insistió en que el desarrollo del Corredor Mediterráneo «es perfectamente compatible con el mantenimiento de los trenes; así estaba planificado, proyectado, licitado y contratado, y así ha sido desarrollado en el resto de comunidades».
Graves consecuencias
El consejero expuso que la «isla ferroviaria» impuesta por Pedro Sánchez traerá «gravísimas consecuencias en el ámbito turístico porque nos aleja aún más del resto de España y pone más trabas para que el resto de ciudadanos pueda visitar nuestra región».
«Impide la ansiada recuperación económica cuando más lo necesitamos y para los que hay fondos Next Generation», manifestó Díez de Revenga, quien puso de manifiesto que el corte del tráfico de trenes «imposibilita que miles de personas puedan usar los Cercanías para llegar a su puesto de trabajo o simplemente para ir a estudiar a la universidad. Esto influye también a la hora de elegir dónde trabajar o estudiar».
También, mostró su preocupación por la pérdida de viajeros que supondrá una interrupción tan prolongada de servicios, «que hace que los usuarios cambien sus costumbres de movilidad y, por tanto, provoca la pérdida irremediable de viajeros que perdurará en el tiempo».
«Esta decisión provocará más atascos y contaminación», afirmó el consejero. Argumentó que va exactamente en dirección contraria a las directrices que marca la Unión Europea y el Pacto Verde de reducción de emisiones y fomento del transporte colectivo frente al vehículo privado.
Asimismo, declaró que la inexistencia de servicios de Cercanías entre Lorca y Murcia supondrá el incremento de circulación de más de 3.000 vehículos diarios por la ya saturada autovía A-7, y «el agravamiento del atasco perpetuo del nudo de Espinardo».