Multas de hasta cien euros para quien no use la mascarilla.
El fin del estado de alarma y la entrada en la «nueva normalidad» estará tutelado por el Gobierno con un real decreto ley que recoge todas las medidas sanitarias para mantener a raya el coronavirus hasta su extinción de forma natural o el hallazgo de una vacuna eficaz. Lo anunció el miércoles el presidente Pedro Sánchez y ayer se presentó a las comunidades autónomas un borrador, previo a su aprobación en el próximo Consejo de Ministros. La nueva norma es urgente. Algunas autonomías podrán poner fin a la vigencia del estado de alarma incluso antes del 21 de junio.
El borrador del decreto, es un ejemplo de cómo el Ejecutivo no quiere perder el control de la epidemia. Establece limitaciones de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Estas limitaciones son comerciales, deportivas, médicas y se aplicarán en todo el territorio nacional hasta el fin de la crisis sanitaria».
La mayoría ya se están implementando en todo el Estado mientras está vigente el mando único. El texto insiste en que serán las administraciones -las autonomías- las que deban asegurarse del cumplimiento. Entre ellas, del cumplimiento de las normas de aforo y acondicionamiento de los establecimientos comerciales o la realización de test PCR a todo caso sospechoso, como ya se hace. Así como el uso «a rajatabla» de la mascarilla por todos los ciudadanos de más de seis años en espacios cerrados o en la vía pública mientras no sea posible garantizar una distancia de seguridad de entre 1,5 y 2 metros. El borrador del decreto establece que el incumplimiento, será considerado infracción leve y sancionado con una multa de hasta cien euros.
Suministro de material
También se deja en manos de las comunidades de suministrar el material sanitario necesario, así como los medicamentos. El Gobierno marca también requisitos para garantizar aquellos medicamentos considerados esenciales en la crisis sanitaria del Covid-19 y así considere la Agencia Española del Medicamento. Asimismo, se advierte que el Ministerio de Sanidad podrá ordenar priorizar la fabricación de esos fármacos esenciales.
Además, haciendo hincapié en la estrategia tomada en las últimas semanas de detección precoz, rastreo y rápida actuación, el Gobierno urge a las Comunidades Autónomas a tener lo que llaman un plan de contigencia ante nuevos rebrotes, que consistiría, entre otras cosas, en la capacidad de ampliar el acceso a camas hospitalarias en un plazo máximo de cinco días.
Las empresas estarán obligadas a organizar las condiciones de trabajo de forma que se garantice la distancia de seguridad y proporcionar a sus empleados equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. También hay directrices en la misma línea para los centros docentes. Las administraciones educativas deberán garantizar el acondicionamiento de los centros para «evitar aglomeraciones». Y las mismas recomendaciones de vigilancia de aforo y desinfección se aconsejan en hoteles, restaurantes, centros comerciales, espectáculos o competiciones deportivas. A todos se les indica la importancia de mantener ese patrón de oro del 1,5 y 2 metros de distancia social.
Contacto de pasajeros
A las compañías aéreas y operadores de transporte terrestre se les conmina a mantener un número de asiento preasignado y «deberán conservar la información de todos los pasajeros un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje». Esos listados se deberán facilitar a las autoridades de salud pública para trazar los posibles contactos. El Ejecutivo regulará la oferta de plazas y el volumen de ocupación, y obligará a Aena a destinar parte de su plantilla al control sanitario de pasajeros internacionales en los aeropuertos.
