La rebaja fiscal del PP asciende a 6 euros con 94 céntimos al año por ciudadano.

Pedro Sosa ha presentado esta mañana, en nombre de su coalición de izquierdas, toda la batería de propuestas en materia tributaria local que defenderá en el Pleno municipal extraordinario sobre ordenanzas fiscales de Lorca que se celebrará el próximo lunes 23 de octubre. Afirma el edil que, de ser estimadas por el resto de grupos políticos, esas enmiendas al proyecto de OOFF del PP supondrían un giro de 180 grados a la política impositiva en Lorca, tan necesitada de justicia, progresividad e inteligencia, con una bajada sensible de tributos a la mayoría social y una subida a quienes manifiestan más poder económico, tal y como ordena la Constitución Española a los poderes públicos.

Sosa exige que las nuevas Ordenanzas Fiscales de 2024 plasmen debidamente todos los acuerdos adoptados por el pleno municipal en relación a los distintos tributos. Y quiere que expresamente se integren en el texto de la modificación los acuerdos aprobados en el pasado pleno, en una moción suya relativa a la tasa de basura y que expresamente proponía que los 1.500 lorquinos que no pagan tasa de basura (prorrateando ese impago en el resto de contribuyentes lorquinos) por la ineficiencia de quienes han gobernado, empiecen a contribuir, engrosando el padrón de la tasa de basura y, por consiguiente, contribuyan al pago de la misma, y que sea la Concejalía de Hacienda  y los funcionarios públicos adscritos a ella quienes tengan acceso permanente y actualizado al padrón de la tasa de basura del municipio de Lorca, ahora en poder de una empresa privada.

Sosa ha hecho también una crítica muy severa al «callejero fiscal» de Lorca, aprovechando la propuesta de revisión que hace el gobierno local. Según el edil de izquierdas se sigue abundando en el castigo fiscal a las calles de las zonas urbanas de la ciudad y los barrios de Lorca. En el acuerdo hay nada menos que 75 nuevas propuestas. De las 10 que afectan al casco urbano, encontramos propuestas que plantean dotar a las nuevas calles de categorías fiscales de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, lo que evidencia que aquí al menos se hace un ejercicio de aplicación de criterios. En las 65 revisiones del callejero que afectan a las pedanías, prácticamente todas plantean otorgar la 5ª categoría fiscal.

El informe que sustenta esta propuesta habla de varios factores: prestación de servicios, comercio y datos urbanísticos (el último de los cuales es la valoración catastral) sin explicar cómo se conjugan esos criterios en cada una de las propuestas

Con su enmienda, Sosa solicita una completa reconsideración del callejero fiscal de Lorca, de manera tal que el valor catastral de los inmuebles se convierta en el criterio básico que determine la categoría de una calle, reduciendo o acabando con los evidentes agravios comparativos que se producen cuando se comprueba como calles de barrios obreros y muy deprimidos de Lorca tienen 2 categorías fiscales por encima de avenidas, travesías y calles de algunas pedanías jalonadas en algunos casos de mansiones con jardín y piscina.

La propuesta estrella de la coalición de izquierdas pasa por abundar en la rebaja del IBI. Sosa afirma que la rebaja del tipo impositivo que plantea el gobierno del PP, que pasaría del 0,743 al 0,728, es muy escasa. Teniendo en cuenta que el valor catastral medio de los inmuebles urbanos en Lorca está fijado para este año 2023 en 46.311,9 euros (datos de los servicios públicos estadísticos regionales) esa rebaja del tipo de gravamen implicaría un ahorro medio de 6,94 euros para el ciudadano lorquino. Una cifra más que discreta.

Así pues, y toda vez que la Ley de Haciendas Locales establece un margen que oscila entre el 0,4 y el 1,10, y considerando también que Lorca es uno de los 45 municipios de la Región con el tipo de gravamen más alto, creemos que hay margen para bajarlo y movernos con gravámenes similares a los de los principales municipios de la Región, como es el caso de Murcia con 0,650, o Cartagena con un 0,598.

Es evidente que ello implicaría una disminución de ingresos que, en la propuesta fiscal que planteamos, debería ser compensada con una ampliación importante de la fiscalidad a otras realidades económicas y a otros hechos imponibles que ya contribuyen en muchos ayuntamientos de España, entre los que se plantean: recargo del 50% en el IBI para las viviendas vacías que sean propiedad de bancos y entidades financieras; la creación de una nueva tasa nueva dirigida a las poderosas empresas eléctricas que grave la utilización del espacio público (del vuelo) de Lorca por los tendidos eléctricos existentes en el municipio, al modo en el que lo hacen ya bastantes ayuntamientos españoles; la revisión de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de telefonía móvil; la ampliación de la tasa por utilización privativa del dominio público consistente en la existencia de un cajero automático de cualquier tipo instalado en la fachada u ocupando la vía pública.

Sosa ha vuelto a pedir que se supriman los regalos fiscales a las grandes empresas agrícolas de Lorca, a las que se bonifica el Impuestos de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) en porcentajes indecentes, teniendo en cuenta las millonadas que ganan. Es el caso de la bonificación del 85% del impuesto a los empresarios de los invernaderos, cuando este mismo impuesto es bonificado a los discapacitados que tiene que hacer obras en su casa con sólo un 50% cuando la Ley posibilita una bonificación de hasta el 90%.

El edil de izquierdas también ha criticado que se supriman de la Ordenanza Fiscal del ICIO todas las disposiciones transitorias (primera, segunda, tercera y cuarta) que contenían todo el régimen de bonificación a las obras relacionadas con el terremoto, y ha pedido al PP que se mantengan esas disposiciones hasta tanto se justifique que ya no son necesarias para cualquier lorquino que sufriese en sus propiedades inmobiliarias los efectos de los terremotos de 2011.

Por último, también ha criticado la subida de la tasa por expedición de documentos administrativos y la de los precios públicos en materia de instalaciones deportivas municipales. Según Sosa, el intento de hacer descansar casi las únicas nuevas aportaciones de ingresos municipales en quienes practican deporte o en los que nos requieren como administración un documento (que habitualmente lo hacen por exigencia de otra administración) no hace otra cosa que abundar en la injusticia tributaria de nuestro Ayuntamiento, por lo que plantea que esas propuestas de subida sean retiradas.