Denuncian la concesión de licencia de obras y actividad a un cebadero que tenía decretada orden de demolición y exigen la correcta ordenación del sector porcino.
La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca ha denunciado el incumplimiento del Ayuntamiento sobre la orden de demolición que pesa sobre un cebadero, cuyo promotor fue sancionado por la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Lorca al incumplir el Plan General en cuanto a la distancia mínima de 500 metros al suelo urbanizable sectorizado de la Hoya. Además, para la realización de la obra, el infractor tampoco aportó autorización de la Consejería de Agricultura y Agua, según reza la documentación que ha sido facilitada a IU-Verdes.
Por ese motivo, Urbanismo declaró las obras «no susceptibles de legalización» y ordenó su demolición el 20 de mayo de 2014, sin que se haya llevado a cabo casi cuatro años más tarde. El propio Servicio de Intervención Urbanística apreció un «agravante» en la actuación del infractor por «resistencia a las órdenes emanadas de la autoridad, relativas a la defensa de la legalidad urbanística» una responsabilidad que también se extiende al técnico director de las obras ya que se prosiguió con la construcción de la nave a pesar de las órdenes, primero de paralización, y luego de demolición.
En la diligencia de notificación al infractor, se le ordenaba que procediera a la demolición de una nave de 360 m2 en un plazo de 30 días, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento «las actuaciones serían ejecutadas por las brigadas municipales o personal contratado a costa del obligado», de conformidad con la ley, lo que no se ha producido.
Por si fuera poco, el ganadero tampoco realizó en su momento las actuaciones a que le obligaba la legislación en materia de bienestar animal por lo que el Jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la CARM propuso la disminución de la capacidad autorizada a un máximo de nueve cerdas reproductoras, tal y como contempla el Real Decreto 1392/2012.
De forma extemporánea, el infractor solicitó de la Consejería de Agricultura y Agua un informe favorable sobre ampliación de su explotación en relación a una nave de gestación animal de 360m2 (la nave declarada ilegal) con capacidad para 90 plazas reproductoras. La Consejería de Agricultura no encontró «inconveniente» a dicha ampliación y emitió informe favorable sin entrar a valorar el cumplimiento de las distancias mínimas que establece el Plan General, ni las condiciones impuestas por la normativa sectorial aplicable relacionada con el carácter molesto o el riesgo sanitario o medioambiental, ni siquiera el incumplimiento previo de la legislación relativa al bienestar animal.
Por si fuera poco, en julio de 2014, tras una inspección ocular de la consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, se comprueba que en la explotación existen 280 madres reproductoras, lo que incumple flagrantemente lo expuesto por el solicitante de la autorización en el proyecto, según las denuncias de los afectados.
Y, por último, en marzo de 2016, la Teniente de Alcalde delegada de Urbanismo, Saturnina Martínez, concede licencia de actividad y obras al cebadero afectado por una orden de demolición de su propia concejalía, desestimando las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de La Hoya y por seis familias directamente afectadas, amparadas en denuncias del SEPRONA.
Por todo ello, los afectados acusan al Ayuntamiento de Lorca de «priorizar los intereses económicos de este ganadero frente a los derechos de los ciudadanos» y de «no defender la legalidad vigente», por lo que han tenido que recurrir a la interposición de un recurso contencioso-administrativo que está a la espera de resolución judicial.
Al respecto, Martín ha pedido explicaciones a la concejala de Urbanismo sobre la concesión de una licencia de actividad y obras a una explotación que, al mismo tiempo y con conocimiento del Ayuntamiento, «incumplía el Plan General y tenía decretada una orden de demolición por parte del propio consistorio». El Plan General no ha cambiado al respecto y exige que las nuevas ampliaciones de las explotaciones de ganado porcino no queden a menos de 500 metros del suelo urbanizable sectorizado, algo que sigue incumpliendo esta explotación.
IU-Verdes Lorca exige un estudio exhaustivo del sector porcino y su correcta ordenación.
La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca, Gloria Martín, ha lamentado la «falta de responsabilidad» de los grupos políticos con representación en la Asamblea regional por la reciente aprobación, por unanimidad, de una moción que exige a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la asignación exclusiva de agua para el sector ganadero, «sea de la procedencia que sea y a un precio asequible para los ganaderos». Es decir, «agua subvencionada» que terminan pagando todos los contribuyentes.
Martín aseguró que el peso de la ganadería en el Producto Interior Bruto de la Región es del 2%, mientras que, por ejemplo, el de la industria supone el 19%. Por ello se preguntó por qué hay que subvencionar el agua para el porcino y no para actividades que generan mejores empleos, un mayor valor añadido y una mejor redistribución de la riqueza. Y es que, si bien las macro granjas conllevan una inversión importante para el ganadero, sólo un pequeño porcentaje de ese gasto se destina al empleo (menos de un 3%) que además es precario o conlleva condiciones insufribles y abusivas para los pequeños productores del sistema de granjas integradas. «Existe una fuerte concentración de explotaciones en pocas y poderosas empresas que además son propietarias de fábricas de piensos y mataderos lo que les permite imponer sus condiciones», dijo Martín. Al respecto, señaló que «la concentración y la integración vertical relegan al ganadero tradicional a un papel marginal, con una gran pérdida de empleo para el mundo rural, cada vez más despoblado».
La edil de IU-Verdes aseguró que la propuesta de la Asamblea regional incide en la gestión insostenible del agua en la Región y en la absoluta falta de control en la expansión de un sector que amenaza con convertirse en una nueva «burbuja». En ese sentido, recordó que en los últimos meses se están acelerando, mediante una política de «manga ancha», los trámites para la construcción o ampliación de macro cebederos sin tener en cuenta de dónde va a salir el agua o qué se va a hacer con la enorme cantidad de purines que generan.
Por ello, Martín abogó por afrontar los graves impactos ambientales y sociales que genera la expansión descontrolada de la industria del porcino, mediante un estudio exhaustivo del sector y su correcta ordenación. «Lo fácil es hacer brindis al sol y plegarse sin objeciones a las demandas de los grandes magnates del porcino, pero ¿quién piensa en la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente de la población y en el control de un bien escaso como es el agua?, se preguntó la edil.
Para IU-Verdes-Lorca es «urgente» apostar por una ganadería de calidad respetuosa con las personas y el entorno que ponga freno a megaproyectos que destruyen el empleo y el medio ambiente. En ese sentido, lamentó la falta de valentía de los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional, sumisos ante los intereses del lobby del porcino e incapaces de adoptar decisiones que ordenen y controlen su actividad.
El portavoz de la plataforma, Agustín Aznar, expuso que los vecinos son conscientes de que habitan en una zona rural y no se oponen a las granjas porcinas tradicionales, con las que «estamos acostumbrados a convivir», pero sí a los macrocebaderos «que nos montan prácticamente al lado de nuestras casas» y que «no respetan el medio ambiente».
El representante vecinal relató que los afectados se han enterado «por casualidad» del inicio de las obras y criticó que el Ayuntamiento no les advirtiera del proyecto con la antelación suficiente para presentar alegaciones. Acusó además al Consistorio de «poner trabas» a los intentos vecinales por acceder al proyecto técnico de la granja amparándose en la ley de protección de datos. Por ello, Aznar reclamó a la Concejalía de Urbanismo tener acceso a los estudios previos de Patrimonio, de la Dirección General de Bienes Culturales y de la Confederación Hidrográfica del Segura.
