Vecinos de Lorca afectados por los cebaderos de porcino en la huerta llevan su protesta a las calles.
Vecinos de Lorca afectados por la proximidad de cebaderos de porcino a sus casas en la huerta se concentraron ayer frente al ayuntamiento para reclamar una modificación del plan urbano que haga compatible el uso residencial del suelo con el ganadero, aumentando la distancia entre viviendas y granjas.
Los vecinos, que han reunido casi mil firmas en apoyo a su petición de modificación de la normativa, portaban pequeñas pancartas con mensajes como ‘Derecho a una casa sin gases ni olores’, ‘Stop a la indefensión vecinal’ ‘Respeto a nuestra vida privada y familiar’ y ‘No cebaderos junto a viviendas’. Según explicaron, la concesión de una licencia para ampliar una explotación porcina en el Camino de los Aceites que pasará de 200 a 1.200 cabezas y que está ubicada a sólo 35 metros de varias viviendas ha sido el detonante que ha disparado todas las alarmas.
Melchora Martínez , propietaria de uno de esos inmuebles ha relatado «el infierno» que supone para ella y su familia esta situación y ha afirmado que «con 200 cerdos ya apenas podemos hacer vida en la calle, no quiero imaginar lo que puede suceder con más de mil».
«Mis nietos no quieren venir a casa porque el hedor es insoportable, tienen que estar en el interior porque hay días en que el aire es irrespirable», ha relatado Martínez, vecina de Tercia.
Ana Belén Bravo, otra de las vecinas afectadas expuso como ni siquiera puede tender la colada en su jardín «porque el olor a purines se impregna en todo» y censuraba que el Ayuntamiento «dé prioridad a los intereses de una explotación ganadera frente a la calidad de vida y la propia salud de los vecinos». La mujer afirma que su familia vive «rodeada de excrementos y malos olores» y que la situación derivada de la proximidad de una granja a su casa «nos está afectando hasta psicológicamente».
Concepción Bravo, portavoz de la plataforma apostillaba que «no estamos en contra de los ganaderos pero sí creemos que las administraciones públicas deben gestionar adecuadamente para hacer compatible el desarrollo de esta actividad con el derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente adecuado».
Francisco José Lucas, abogado de la plataforma, explicó que no se trata de «una guerra de los vecinos contra los ganaderos», sino de conciliar los derechos de los ciudadanos con los intereses económicos de esta actividad profesional. El letrado sostiene que lo ideal sería que las administraciones públicas pudieran armonizar ambas realidades pero ha señalado que ante la colisión actual deben prevalecer los derechos de las personas sobre los intereses mercantiles.