La Unidad de Control del Padrón detecta nuevas irregularidades y alcanza los 267.000 euros en multas desde su puesta en marcha.
Órdenes de paralización, de demolición, inscripción de la carga en el Registro de la Propiedad, ejecuciones subsidiarias por el Ayuntamiento a costa del obligado, multas que ascienden a 267.000 euros y ahora el incremento del recibo del IBI de un total de 36 expedientes, sumando otros 391.253 euros.
“Son personas que han modificado su propiedad de manera indebida en detrimento de los derechos de las personas y que ahora tienen que hacer frente a los cargos pertinentes. Punto que no exime, además, de la obligación de demoler lo construido de forma ilegal; algo que de no hacer el propietario será el propio Ayuntamiento quien lo ejecute a su costa”.
“Todas estas medidas son consecuencia de las inspecciones que periódicamente llevan a cabo funcionarios del Órgano de Control de Padrón, bien de oficio o bien por denuncia, y que han permitido la detección de numerosos incumplimientos en inmuebles, tanto del núcleo urbano como de pedanías”.
La inspección del órgano de control está revelando en el caso urbano diversos casos de viviendas unifamiliares, almacenes, trasteros, garajes y locales comerciales convertidos en infraviviendas que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad. Y en zonas de huerta y pedanías, instalaciones con uso agrícola y ganadero transformadas también en infraviviendas.
Tal es el caso, ha recordado la edil del Padrón, Belén Pérez, de los dos almacenes convertidos en siete infraviviendas detectadas en una zona de huerta que, tras ser desestimado el recurso interpuesto por el infractor, se va a proceder a su demolición.
Además, el Ayuntamiento se ha dirigido hasta en 10 ocasiones a los Juzgados debido a que los propietarios se han negado a consentir el acceso de los funcionarios municipales a los inmuebles para su inspección.
De igual forma, se han remitido cuatro expedientes administrativos a Fiscalía por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio.
Cabe destacar que, en lo que va de año, el Órgano ha tramitado un total de 56 expedientes sancionadores por vulneración del ordenamiento urbanístico y 74 por infracción de la ordenanza reguladora de control del Padrón donde las multas -recordemos- pueden alcanzar los 3.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
Asimismo, se han dictado 10 órdenes de ejecución en viviendas que incumplen condiciones mínimas de habitabilidad con graves deficiencias en cuanto a seguridad y salubridad.
“Como vemos, de manera continua se materializan las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Unidad de Control del Padrón, un servicio pionero puesto en marcha por el Gobierno de Lorca, con el alcalde, Fulgencio Gil a la cabeza, que continúa avanzando en su lucha contra la infravivienda en Lorca, frente aquellos que deciden hacinar a personas en viviendas, combatiendo el fraude en relación al Padrón de habitantes, adecuándolo a la realidad del municipio y respondiendo con ello a las demandas de nuestras ciudad, dejando atrás el modelo de ciudad dormitorio que imperaba en nuestro municipio”.
“Las personas son lo primero y todos aquellos que cometan este tipo de infracciones, serán perseguidos. No podemos permitir estas situaciones. Y seguirán llegando sanciones para todos aquellos que incumplan sus obligaciones en relación al Padrón. Y seguiremos buscando, además, que el empadronamiento fraudulento sea tipificado específicamente como delito en el ordenamiento jurídico español, y se contemplen penas de privación de libertad y sanciones económicas, procesando a quienes se lucran con estas prácticas y a quienes participen en su comisión”.
Actuaciones reales por la defensa de los derechos de las personas
Todo esto no es sino consecuencia de las diferentes actuaciones y novedades continuas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Lorca en relación a la Unidad del Padrón. Si primero destacábamos su carácter transversal, cabe destacar que este se ha intensificado desde su activación. Hablamos de la implicación de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Registro, Catastro, Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Servicios Sociales, Sanidad o, incluso, el estamento judicial, entre otros.
Además, la Unidad se ha enriquecido con la incorporación del director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lorca, así como de un nuevo Arquitecto Técnico, en este último caso con el objeto de incrementar las inspecciones en aquellos inmuebles. A ellos, hay que añadir la oferta de empleo público prevista en los presupuestos de este año, donde van recogidas las plazas de dos agentes censales.
Ha implementado una línea de WhatsApp, poniendo a disposición de los ciudadanos un número para que puedan trasladar de manera ágil y rápida conductas sospechosas (608 87 72 04); haciendo así partícipe a los lorquinos para “que nos ayuden a proteger nuestra ciudad ante el problema de la infravivienda”.
“Ahora, recordemos, todas las ‘trasgresiones’ cometidas en esta materia constarán en el Registro de la Propiedad y se traducirán en una carga para el inmueble afectado, protegiendo con ello a terceros adquirentes de buena fe.
A ello se suma la reciente modificación de la Ordenanza Municipal del Padrón, ampliando las tipologías infractoras tras atender, desde el arranque de la Unidad, en junio de 2023, con el nuevo equipo de Gobierno, a nuevas casuísticas que, hasta ahora al no tener previsión legal, se escapaban al control municipal.
“Hitos que refuerzan la posición referente de esta Unidad en el ámbito nacional, siendo numerosos los Ayuntamientos que han contactado con el Consistorio lorquino para seguir nuestros pasos en la lucha frente a la infravivienda”, ha reseñado Belén Pérez.
Unidad de Control del Padrón en cifras
Desde su puesta en marcha, este órgano ha realizado 782 requerimientos a propietarios y residentes, iniciándose 327 expedientes de baja de oficio y generándose 251 cambios de domicilio, además de 88 altas, identificándose, por parte de la policía local, a más de 2.000 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación previa y no habiendo podido hacerlo con más de 450 personas por no residir en los domicilios donde figuran empadronados.
Y es que vivimos en un país de pandereta, sin control, respeto ni orden, y poco a poco está situación nos lleva al abismo. No hay Economía ni Sociedad que la resista y deberían tomar medidas urgentes para cambiar y endurecer la ley de extranjería y las que sean necesarias, reforzando las fronteras con uso de tecnología para detectar y monitorizar el origen de cada movimiento, ampliando efectivos de los cuerpos de seguridad mejor equipados y de la Armada en alta mar, para cortar de raíz el efecto llamada y que se den la vuelta o ser remolcados al punto de origen, con los acuerdos necesarios con esos países que hacen la vista gorda, REGULANDO los pasos de esas personas de forma legal y controlada desde el origen, de la misma forma que lo hicieron nuestros padres y abuelos cuando emigraron a trabajar a Europa y América.
España desde el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional, necesita practicar más la RECIPROCIDAD con todos los países, también en los aeropuertos exigiendo pruebas de salud a todos los que llegan, de la misma forma que nos lo exigen a los españoles.
¿Que viajero de Bolivia u otro lugar de procedencia, con alto contagio actual que pretenda venir y gastarse un dineral en el vuelo, no va a pagar el test PCR 48h en origen, si se lo exigen?.
Con este episodio son ya cuatro los casos de conducción bajo la influencia de drogas o alcohol de vehículos de grandes dimensiones y tonelaje destinados al transporte de mercancías, cuyos conductores han arrojado positivo al control de drogas y alcohol realizado por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia durante el presente año :
