El colegio de abogados muestra su malestar e inquietud ante el retraso injustificado de las obras del nuevo Palacio de Justicia y la falta de respuesta de la delegación del gobierno.
El retraso que están sufriendo las obras de construcción del nuevo Palacio de Justicia de Lorca, en pleno casco histórico de la ciudad, está motivando la inquietud, malestar y preocupación de muchos colectivos que no entienden cómo es posible que después de haberse adjudicado el proyecto los trabajos sigan paralizados.
Un cartel de grandes dimensiones colocado en la calle Selgas hace mención a que el Ministerio de Justicia ha adjudicado las obras correspondientes al nuevo edificio de los juzgados de Lorca a la empresa Construcciones San José S.A. en la cantidad de 8.006.397 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses a partir del pasado mes de mayo, pese a lo cual los trabajos siguen paralizados.
El primero en mostrar su inquietud y preocupación es el alcalde, Fulgencio Gil, quien ha trasladado una consulta al Ministerio de Justicia para que le den explicaciones sobre la situación porque, según él, «no es normal lo que está pasando».
El alcalde recuerda el especial interés que supone la ejecución del proyecto para una ciudad donde todas sus sedes judiciales siguen distribuidas por distintos puntos de la misma y después de haber conseguido que el plazo de ejecución se redujese a la mitad y que la infraestructura se levantase dentro del casco histórico para reactivar su economía cuando los planes del ministerio eran otros.
El alcalde reconoce, no obstante, que se llegaron a realizar en el solar donde irá ubicado el Palacio de Justicia los primeros trabajos de limpieza y abastecimiento de servicios, «pero ahora todo sigue paralizado sin que nos hayan dado una respuesta». Según Gil, «se trata de una reivindicación que los lorquinos llevan esperando más de 30 años y por la que siguen trabajando muchos colectivos del municipio».
Crítico también con la situación ha sido el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, quien asegura que el colectivo al que representa se siente indignado e impotente después de lo que han luchado hasta conseguir el objetivo.
Según García Aragón, «cuando parecía que todo estaba resuelto, aparecen los problemas técnicos que señalan que el proyecto no está bien hecho». Por parte del citado colegio «se va a convocar una asamblea para informar de lo que está sucediendo y en la que se decidirán las medidas a emprender por unanimidad de sus miembros», según García.
García Aragón afirma que «sigue habiendo mucha preocupación porque las condiciones en las que se trabaja en los actuales juzgados son precarias». Recuerda que se dan casos en los que el juez, la secretaria judicial y el funcionario de turno tienen que salir a la calle a practicar las diligencias a los convocados con grado de invalidez porque estos últimos no pueden subir a los despachos por las barreras arquitectónicas existentes.
Después de varias semanas esperando una contestación a lo que está sucediendo por parte de la empresa adjudicataria del proyecto, Construcciones San José S.A., un representante de la misma se dirigió el pasado jueves a esta Redacción para manifestar que «la empresa no tiene nada que comunicar». Desde la Delegación del Gobierno en Murcia informan que la empresa adjudicataria del proyecto se encuentra en estos momentos adaptando el proyecto a la realidad del terreno, remitiéndolo posteriormente al Ministerio de Justicia, con el objetivo de que los trabajos se puedan reanudar lo antes posible.
