El PP exige que la nueva tasa del gobierno sanchista sobre residuos urbanos no repercuta en otra subida del recibo que pagan los lorquinos

La concejal de Economía y Hacienda en el ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Rosa María Medina, ha reclamado que el consistorio municipal no repercuta en el recibo que pagamos todos los lorquinos por el servicio de recogida de basura la nueva tasa que Pedro Sánchez ha decidido aplicar a los residuos urbanos. Estamos hablando de un nuevo impuesto que obliga a los ayuntamientos a pagar 40 euros por tonelada entregada en el vertedero y 20 si estos residuos se derivan a incineración.

Estamos hablando de otra forma más de vaciar los bolsillos de los ciudadanos a través de impuestos y tasas. En Lorca ya hemos sufrido esto con particular dureza por parte de los gobiernos sanchistas que tenemos en el ayuntamiento y en Moncloa. Con Diego José Mateos y Pedro Sánchez nos han multiplicado por dos el importe que pagamos por el IBI, han subido el sello del coche, el impuesto de matriculación, el precio del gasoil, han credo nuevas tasas para obligar a las familias a que paguen más hasta por llevar a sus hijos a la escuela de música, a lo que se le suma la subida de la luz, la prima de todos los seguros, el encarecimiento de las cuotas de los autónomos… A todo esto se le suma, además, la próxima subida del recibo del agua en un 30% y el cobro hasta por usar las carreteras.

Nosotros rechazamos que ahora el sanchismo lorquino tenga la tentación de hacer que sean los ciudadanos a través de sus recibos los que terminen pagando este nuevo «tasazo» sobre la basura, por ello reclamamos que se articulen los mecanismos y herramientas necesarios para evitarlo, ya que no se puede dejar caer todo el peso de la crisis sobre los hombros de los lorquinos, a quienes han vaciado los bolsillos con sus impuestos y tasas.

Rosa Medina ha señalado que el actual Gobierno de España, desde la aprobación de los PGE para el año 2021, lleva adoptando medidas financieras que supone una mayor presión fiscal y tributaria para las familias de nuestro país. En los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se incluyó un aumento de recaudación derivado de la subida de impuestos por importe de 8.000 millones de euros. Desde el 1 de enero de 2021:

• Ha subido el impuesto de matriculación.

• Se ha incrementado el IVA de las bebidas azucaradas hasta el 21%.

• Ha subido el impuesto a pólizas de seguros de hogar, de vehículos, de decesos, del comercio etc. que tienen 17,8 millones de españoles, el 95% de las familias.

• Han comenzado a funcionar las tasas Google y Tobin que se aplican sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras respectivamente.

• Las desgravaciones que tienen millones de españoles por sus respectivos planes de pensiones, que tanto se han incentivado hasta ahora como ahorro, han quedado reducidas a una mínima cuantía. Mientras los distintos gobiernos de la Unión Europea han optado por bajar la presión fiscal a los ciudadanos, el gobierno de Sánchez decide subirlos cuando los ingresos en familias, autónomos o empresas se están viendo muy reducidos y, en algunos casos, han desaparecido, contribuyendo al mayor empobrecimiento de los españoles, especialmente aquellos con rentas medias y bajas.

Además de esta mayor presión fiscal aprobada en los presupuestos generales del estado para el año 2021, conocemos que, entre los más de 2.000 folios del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» enviado a Bruselas, el Gobierno de España esconde otra subida histórica de impuestos. Entre los aspectos más destacados podemos mencionar:

• La eliminación de la reducción por tributación conjunta en el IRPF que beneficia a 3,7 millones de hogares, sobre todo si tienen hijos a cargo y uno de los cónyuges está en paro o registra unos ingresos muy bajos.

• La eliminación o modificación de 13 beneficios fiscales (reducciones, exenciones, bonificaciones) desde los tipos reducidos de IVA o la exención de este tributo en sanidad y educación, la reducción en IRPF por alquiler de viviendas o las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante (es decir, aumento del impuesto que grava el diésel).

• Además, a partir de 2024 el gobierno impondrá el pago por uso (peaje) en las vías de alta capacidad (autopistas y autovías) no sólo estatales sino también autonómicas.

Por todo lo anterior, llevaremos una moción al próximo pleno con el objetivo de que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno de España a anular el incremento de impuestos incluidos en los PGE para 2021 de cara al plan fiscal de 2022, e instamos al Gobierno de España a no poner en marcha las subidas de impuestos, los nuevos tributos y los peajes en las autovías y autopistas españolas incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Exigiremos, además, que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a retirar su propuesta y no implantar peajes por circular por las vías españolas.