Los afectados por la devolución de las ayudas suspenden el encierro tras firmar un acuerdo con López Miras.
Los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de Lorca han suspendido el encierro que iniciaron hace una semana en el ayuntamiento al alcanzar un acuerdo con la Comunidad de Murcia para resolver la problemática de la justificación de las subvenciones que recibieron hace siete años para reparar sus casas.
El presidente se ha reunido en el Ayuntamiento de Lorca con los vecinos que están pendientes de justificar las ayudas, y ha subrayado que «hemos conseguido el acuerdo que mis vecinos nos pedían y necesitaban»
Resalta que están suspendidos todos los embargos tramitados para el reintegro de las ayudas recibidas, y se ha notificado a cada uno de los vecinos que se ha suspendido su expediente
Lamenta que el Gobierno de España «no haya condonado el pago de los intereses derivados de la recepción de ayudas» y anuncia «más iniciativas para que el Ejecutivo central sea sensible con Lorca»
El acuerdo ha sido firmado por el consejero de Fomento, Patricio Valverde, y la portavoz de la plataforma de afectados y concejala de IU, Gloria Martín, ante el presidente de Murcia, Fernando López Miras y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.
El texto del documento, que previamente ha sido aprobado por una asamblea de los afectados que han protagonizado el encierro incluye acuerdos como la paralización total de las 159 órdenes de embargo y la resolución en un plazo de cinco meses de todos los expedientes abiertos en aplicación de la Ley 8/2018 de ayudas a Lorca aprobada en julio por el Parlamento regional.
Tras la firma del acuerdo los afectados se han fundido en abrazos con la presidenta de la plataforma, con el presidente Fernando Lopez Miras, el alcalde Fulgencio Gil y el consejero Valverde, que no ha podido reprimir las lágrimas.
La Comunidad dará conformidad en cinco meses a los expedientes que justifiquen las ayudas recibidas por los terremotos de Lorca.
«Nos pedían que la Administración se pronunciara antes de mayo sobre esa memoria de justificación de las ayudas, pero hemos adelantado ese proceso y lo vamos a hacer en cinco meses», resaltó el presidente, como uno de los acuerdos adoptados en la reunión de trabajo mantenida hoy en el Ayuntamiento de Lorca para dar respuesta a las inquietudes de aquellos vecinos que se beneficiaron de ayudas para la reconstrucción de viviendas tras los terremotos de 2011 y que están pendientes de justificación.
«Hemos conseguido traer el acuerdo que mis vecinos nos pedían y necesitaban», dijo López Miras, que señaló que quienes deban llevar a cabo esa justificación tendrán a su disposición la ayuda y el asesoramiento de técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento.
Según el presidente, la situación derivada por los terremotos de Lorca del año 2011 «fue excepcional, y pocas administraciones están preparadas para eso». Señaló que «en 24 horas se hizo algo muy difícil que fue paralizar todos los embargos», en aplicación de la Ley 8/2018 impulsada por el Gobierno regional, y se notificó individualmente la suspensión de los 159 embargos.
Por otro lado, en relación a la solicitud de prescripción del derecho de la Comunidad a exigir el reintegro de las ayudas, tal y como explicó el presidente, el Gobierno regional elevará consulta inmediatamente a los servicios jurídicos de la Comunidad, sin perjuicio de que la prescripción debe resolverse caso por caso.
Otro acuerdo alcanzado hoy es que el Ayuntamiento de Lorca, como entidad colaboradora y gestor de la oficina del terremoto, atenderá los expedientes singulares que serán tratados en la Comisión Mixta. El proceso de comprobación de los expedientes de justificación se ajustará a la Ley 8/2018, impulsada por el Gobierno regional el pasado mes de julio y que fue aprobada en la Asamblea Regional por todos los grupos parlamentarios.
Por otro lado, el presidente lamentó que el Gobierno de España «no haya procedido de la misma manera que el Gobierno regional condonando a los lorquinos el pago de los intereses derivados de la recepción de ayudas, y exigió que haga lo mismo que el Ejecutivo autonómico y perdone el 50 por ciento de su parte de los intereses». En este sentido, indicó que «vamos a impulsar más iniciativas tanto en la Asamblea regional como en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de España sea sensible con lo que está pasando en Lorca».
