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Solo Lorca entre siete municipios consigue poner en marcha el plan especifico contra incendios según exigía la fiscalia.

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Solo Lorca entre siete municipios consigue poner en marcha el plan especifico contra incendios según exigía la fiscalia.

Solo Lorca ha hecho los deberes. A pesar de que en 2018 se obtuvo el mejor dato de los últimos 20 años en cuanto a hectáreas afectadas por incendios en la Región, la Fiscalía de Medio Ambiente abrió expediente a los municipios con alta recurrencia de siniestros, solicitándoles información sobre la existencia en sus demarcaciones de planes de prevención y gestión de incendios forestales a los que obliga la normativa.

El pasado mes de enero, la fiscalía de Medio Ambiente se ponía en contacto con 151 ayuntamientos españoles con alta incidencia de incendios forestales que carecían de los correspondientes planes. Siete en la Región de Murcia: Murcia, Cartagena, Lorca, Calasparra, Jumilla, Abarán y La Unión. Todos están considerados, según el plan Infomur, zonas de riesgo alto y con máxima prioridad de defensa. En consecuencia, todos deben elaborar los correspondientes Planes de Actuación de Ámbito Local de Emergencia por Incendios.

Casi un año después, solo Lorca ha elaborado un plan específico de prevención de incendios durante 2018, el Plan Infolor, que aún está pendiente de homologación por parte de la Comisión de Protección Civil. Lorca es el municipio de la Región de Murcia que más superficie forestal tiene, con 89.993 hectáreas. El plan Infolor, presentado el pasado mayo, fue aprobado en Junta de Gobierno y trasladado a la Consejería de Presidencia de la Comunidad y Delegación del Gobierno para su homologación por parte de la Comisión Regional de Protección Civil. Se trata de un documento que establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios de titularidad local, al objeto de dar una respuesta municipal inicial a las emergencias por incendios forestales. Incluye el refuerzo de la Brigada de Pronto Auxilio con tres vehículos de intervención rápida.

Por su parte, Antonio Merino, concejal de Protección Civil de Calasparra, informa que desde su consistorio contestaron en su momento a la Fiscalía con su compromiso de aprobar la actualización de su plan de prevención municipal actual, que data de los años 90, antes de final de año. Están trabajando en su redacción conjuntamente Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Policía Local y Oficina Técnica, y en coordinación con la Dirección General. El Plan de Emergencias Municipales incluirá como anexo el Plan Municipal contra los Incendios Forestales, actualizando respecto al antiguo consideraciones respecto a climatología o zonas geográficas de riesgo. Actualmente actúan reforzando el Plan Infomur.

El Ayuntamiento de La Unión, a través de su concejal de Hacienda, Elena Lozano, informa de que en su momento contestaron a la fiscalía que al tratarse de un municipio de menos de 20.000 habitantes no están obligados a contar con un plan municipal. Están adscritos al Plan Infomur y disponen como refuerzo de un vehículo híbrido desplazado por la distancia al parque de bomberos de más de 15 minutos.

También les asisten desde el parque de bomberos de Cartagena por cercanía. Desde el incendio sufrido hace dos años en el que ardieron 57 hectáreas en Portmán, no han vuelto a lamentar incidencias destacables, por tanto, considera que están actuando correctamente.

Consecuencias penales

Están en ello. Es la respuesta que dan a LA OPINIÓN el resto de consistorios. En el Ayuntamiento de Jumilla «se está trabajando en la actualización» del plan del que ya disponían. En Cartagena, Juan Pedro Torralba, concejal de Seguridad Ciudadana, informa de que «se está elaborando y va muy avanzado». Por su parte, Ignacio Carrillo, concejal de Agricultura, Policía y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Abarán, explica que «en este momento se está elaborando, y se espera poder llevarlo a pleno en septiembre». Fuentes del Ayuntamiento de Murcia aseguran que lo tendrán listo el próximo mes de octubre.

Los incendios forestales pueden constituir un delito contra la seguridad colectiva y, en última instancia, contra el medio ambiente. En el caso de que vuelva a producirse un siniestro de importancia, la ausencia de planes de prevención municipales puede ser considerada un causante del incendio, y por tanto imputarse al correspondiente ayuntamiento como culpable en un procedimiento penal.