EN OTRO ESCALÓN por Antonio de Cayetano.

Me contaron que en una noche de fiesta, a un joven parlamentario regional, el mismo que hoy ocupa la presidencia de su Comunidad y el liderato de su partido, una chica le pidió el teléfono (su número), respondiendo este que cuál le daba, “el que pago yo o el que pagas tú”, encogiéndose la joven de hombros, atónita por su respuesta y sin saber que contestar. Y es que, quien vive de la cosa pública, quien no sabe de la austeridad ni lo que significa despilfarro, se comporta de esta manera, presumiendo insolentemente de su privilegiada posición. Una condición que es completamente legitima, pues ya se encargan ellos de otorgarle la debida legalidad, anteponiendo sus intereses a los del resto de ciudadanos y situándose en un nivel muy superior. Pero unos privilegios que no son buenos ni para la democracia ni para el país. Un país donde los políticos van perdiendo credibilidad, los partidos militancia y votos las urnas, aumentando la distancia entre el gobierno y los gobernados, entre la administración y administrados.

Y todo porque los políticos, los que representan al pueblo, están en otro escalón diferente, siendo juez y parte a la vez y posicionándose como un linaje blindado y privilegiado. Pero no solo su superioridad ha ido subiendo escalones, sino que también se ha ido elevando la preocupación del pueblo por sus acciones, por sus corrupciones y despilfarros. Pues para ellos todo está bien, no hay responsabilidades políticas, quedando lejos de toda ética su ilícito enriquecimiento, cuando precisamente la salud democrática de un país, obedece siempre a la calidad ética de sus dirigentes. Políticos que no se sonrojan ante nada ni se avergüenzan ante situaciones incomodas, por muy delicadas que estas sean, tal como estamos viendo estos días durante el juicio de uno de los casos de corrupción más sonados, ya que aunque las evidencias demuestren lo contrario, lo suyo es siempre negarlo todo y culpar al contrincante de falsas acusaciones. Según ellos, nada tienen que ver con el pago en B, con las facturas ficticias, con los contratos amañados o con las modificaciones falsas de proyectos, obteniendo mordidas de hasta un 30% que salen siempre del erario público.

Como tampoco va con ellos el trasiego de sobres, maletines o bolsas de basura llenas de dinero opaco. Y es que, como dijo una ministra socialista en 2004, “el dinero público no es de nadie”. Así que si no tiene dueño, pues a repartírselo entre todos, que si se pierde nadie será responsable. Y como la mayoría son aforados, pues la resolución de los procedimientos donde están investigados (antes imputados) se dilatan en el tiempo, habiendo prescrito luego la mayor parte de sus delitos en caso de ser juzgados. Un excesivo retraso debido por una parte, a la escasez de medios que sufre la Fiscalía que investiga estos desmanes, pero también a las directrices que reciben desde arriba y a los numerosos recursos y apelaciones que las defensas presentan, alegando siempre sentirse injustamente tratados por la justicia. Cuando ellos disfrutan de un trato especial, ya que si la justicia fuese igual para todos, serian investigados y juzgados por el mismo juez que juzga ante cualquier causa a cualquiera de sus vecinos. Pero no, ellos en vez de ser investigados y juzgados, son apadrinados y brindados por sus respectivos tribunales de justicia, los mismos que son permisivos con sus excesos y archivan las causas en la primera oportunidad que tienen.

Pero el aforamiento es solo uno de los muchos privilegios con que cuenta nuestra clase política, por lo que ser político en nuestro país, se ha convertido en un autentico chollo. Es vergonzoso que mientras España es el tercer país de la Unión Europea donde más ha crecido el riego de pobreza, por detrás de Grecia y Chipre, el sueldo de algunos de nuestros políticos llegue hasta los 194.000 euros anuales, como es el caso de Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, que con la subida del pasado año, tiene unos ingresos de 13.896 € al mes (14 pagas). Pero es que su marido, amigo de Rajoy y presidente de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra, cobró en el año 2015 (último del que se han publicado datos), la cantidad de 79.385 € entre sueldo y variables, por lo que de continuar con la misma retribución, este matrimonio que vive de la cosa púbica, ingresa de las arcas del Estado casi 274.000 € al año. Una autentica barbaridad, cuando el salario medio de los españoles es de 1.878 € al mes según el INE, un 0,8% menos que el año anterior, o el de nuestros jóvenes que cobran un 30% menos que hace una década.

Un insulto para los ciudadanos que cada día vemos más amenazada la subsistencia, el estado del bienestar o la calidad de vida, como somos los que integramos las listas del paro, esperamos largo tiempo para ser operados o no recibimos las prestaciones a las que tenemos derecho por la Ley de dependencia. Así mientras los políticos cobran sueldos de escándalo, al pueblo corriente se le aprieta el cinturón o se le quitan ayudas. Siendo este el caso de una valenciana de 94 años, ciega, que cobraba una pensión no contributiva de apenas 150 € mensuales, la cual ha perdido al convivir con su hermana, que al quedarse viuda cobra una pensión de viudedad. O la de otras dos hermanas que vivían en una residencia de Soria y que han tenido que separarse por no perder una de ellas la pensión no contributiva de 380 € al mes, teniéndose que marchar a vivir sola la otra. Así de cruel es nuestra sociedad, mientras nuestros mayores se mueren solos en sus casas sin que nadie se acuerde de ellos, gran parte de nuestros políticos viven a todo tren con el dinero de todos los españoles. Pero lo más indignante, es que buena parte de su sueldo no tributa a la Hacienda Pública como si que lo hace el del resto de ciudadanos.

Los 350 diputados y 266 senadores tienen asignado un sueldo de más de 2.800 € mensuales, pero a esta remuneración se le suman como mínimo otros 1.800 € en forma de dietas, manutención, alojamiento o gastos de representación o de libre disposición, importes que están exentos de tributar por el IRPF, por lo que entre el 40% y el 70% de lo que cobran son dietas y complementos libres de impuestos. Unos extras que cobran incluso los meses en que no hay actividad parlamentaria alguna. Hacienda somos todos, pero no sus señorías, pero para descaro, el del propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que teniendo tres viviendas en Madrid, ha cobrado su correspondiente dieta por alojamiento, retribución a la que tienen derecho los diputados de fuera de la capital de España, siendo más de medio centenar los hechos de este tipo, algunos hasta con cinco viviendas en Madrid, como fue el caso de la diputada popular Elvira Rodríguez, una madrileña y ex ministra que era diputada por Jaén, igual que antes lo había sido por Murcia. Y es que hay ministros que aparte de su sueldo como miembro del gobierno, también cobran como diputados. Una duplicidad de cargos que quería eliminar Rajoy para esta legislatura, pero no por los sueldos, si no por evitar perder alguna votación, al no poder contar siempre con el voto de estos ministros-diputados cuando están fuera de Madrid por motivos de su otro cargo ministerial.

Pero no paran aquí los privilegios de los “representantes” del pueblo, pues aparte de las ayudas para alojamiento, también disponen de una tarjeta para pagar el taxi que los desplace por la capital de España, una tarjeta personalizada con un saldo mensual de 250 €, lo que le supone un extra de 3000 € al año más. También disponen de billetes gratis para viajar en avión y no precisamente en clase turista, pago del kilometraje si lo hacen en su propio coche, así como equipos informáticos y teléfonos de última generación, esperándoles tras su jubilación, unas pensiones de lujo que se ven incrementadas con un plan de pensiones extra pagado por el pueblo al que representan. Un pueblo que es cómplice de los privilegios que estos disfrutan, un pueblo que caya y otorga mientras le saquean sus bolsillos con unos impuestos abusivos. Unos impuestos que en su mayor parte salen de las nominas de los trabajadores y de las pequeñas empresas o autónomos, ya que según los propios inspectores de hacienda, las grandes empresas son las responsables de más del 70% del fraude en nuestro país. Un fraude al que no se tiene voluntad de atajar, estando la Agencia tributaria al límite de su normal funcionamiento, al carecer de suficientes medios para ello, ya que según denuncian los mismos técnicos de Hacienda, en la actualidad hay 3.000 funcionarios menos que en 2009.

No hay dinero para mantener las pensiones, pero en vez de combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, creando nuevas plazas de inspectores de Hacienda y de Trabajo, las cuales se financiarían sobradamente con el dinero y la actividad aflorada, se nos dice que trabajemos más años y que nos hagamos planes de pensiones privados. La solución más fácil para disminuir la carga del Estado por un lado e incrementar los beneficios de las grandes compañías del sector por otro. Pero claro quién dice esto, quizá no sabe de fatigas ni lo que es trabajar duro, de la debilidad y el agotamiento al que se llega después de más de 50 años de faena. Años de trabajo donde se nos obliga si o si a cotizar a la Seguridad Social, a mantener el sistema, teniendo como contraprestación una vez jubilados (los que lo ven), unas pensiones que como mínimo deberían de ser dignas. Lo que es injusto, es pagar un “seguro obligatorio” por un lado y que te inviten por otro a trabajar más años si quieres cobrar luego o que te lo compenses con otro privado, cuando el dinero que uno aporta, debe de ser en parte para pagar esta pensión y una atención sanitaria en condiciones.

A quien vive casi 30 años de la cosa pública, con coche oficial, secretaria, sueldo de lujo y demás privilegios, claro que no le importaría seguir “trabajando” de esta manera hasta los ochenta años, y más con el premio de un plan de pensiones por el que no se ha tenido que resentir su bolsillo. Ya está bien de despreciar a los trabajadores de este país, a la gente corriente y a quienes les han otorgado su confianza. Porque se le conoce muy bien por estos hechos y por sus frecuentes salidas de tono, por sus insultos y vejaciones a sus subordinados, escoltas y choferes, por llamarle “tontitos” al personal discapacitado del Congreso, o por jugar con su ipad al tiempo que se preside una importante sesión del Parlamento. Un comportamiento impropio de un cargo público, al que se le paga para que nos represente y gestione, no para que se eche la siesta y nos insulte después. Y lo malo de estos políticos (afortunadamente no son todos iguales), es que están muy bien situados en el partido donde militan, no solo ellos sino también su cónyuges, por lo que no hay forma de sacarlos del poder, pasando de un cargo a otro sin dejar hueco para otros que pueden estar mejor preparados o capacitados. Pero eso pasa por no limitar el tiempo que se está en un cargo e incluso en política, dejando que se viva vitaliciamente de la cosa pública y con unos sueldos y dietas desproporcionados.

Creo que hay que ir sustituyendo a todos estos políticos que hacen de la política su medio de vida, porque una cosa es servir al pueblo y otra servirse de él. No es lo mismo aspirar al poder para servir a los ciudadanos, que servirse de los ciudadanos para llegar al poder, siendo luego sus políticas contrarias a los sentimientos de sus votantes, ya que lo que impera siempre son las directrices del partido, lo que mejor le venga a él, olvidándose de los problemas del territorio o de sus ciudadanos. Es lo que ha pasado en nuestra región con el tema del agua, con el “tasazo” del Trasvase, que los intereses del PP están por encima de los de nuestros agricultores, no votando los parlamentarios populares a favor de que se elimine esta tasa cuando no se reciben los caudales durante un tiempo, algo que es completamente razonable en cualquier actividad. Es como si pagásemos el importe de la potencia contratada del recibo de la luz, mientras la compañía no es capaz de suministrarnos energía alguna. Pero esto es así, lo importante para la mayoría de los políticos no son los ciudadanos, sino llevarse bien con su “amo”, conservar el cargo, aunque esto vaya en detrimento del pueblo a que representan.

Nuestro país está necesitado de una fuerte poda para eliminar las ramas viejas, pero también para suprimir las mal orientadas y poco sanas, dejando solo las de savia nueva, las fuertes y vigorosas. Pero primando siempre su valía, no la casta de donde proceden, porque esta es otra, ya que si el poder se va pasando a los delfines que han recibido las mismas lecciones, nos encontraremos con la misma gente, igual de mediocre y oportunista, deseosa siempre de un cargo público. Y claro, si han bebido del mismo vaso, pues tendrían la misma inclinación. Es lo que sucedió con Luis Roldan, el exdirector general de la Guardia Civil durante el segundo y tercer mandato socialista, que hizo lo que hacían según él, llevarse todo el dinero que pudo, ya que parce que era habitual el trasiego de sobres de dinero, dentro del departamento de Interior del gobierno de entonces. También en aquel tiempo se habló de tirar de la manta, pero la manta no se movió y no dejó a nadie al descubierto, tal como pasará ahora. Como tampoco aparecieron los más de 10 millones de euros de dinero público. Pero eso sí, fuimos el hazmerreir de Europa, al ser buscado por Interpol el exdirector general de la Guardia Civil, aquel que tuvo bajo su mando 60.000 agentes en nuestro país. Algo similar a lo que pasa hoy con otro prófugo de la justica, un político catalán que quiere gobernar su comunidad residiendo fuera de nuestras fronteras, un verdadero disparate.

Pero para disparate, el gasto de las autonomías y todos sus cargos, ya que aparte de lo que nos cuestan los 616 diputados y senadores nacionales, tenemos que mantener también los 17 parlamentos autonómicos y los dos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Parlamentos donde desarrollan su labor 1.248 diputados y por donde se van al año más de 336 millones de euros, siendo el catalán el más caro con unos 52 millones de euros. Que si, que si queremos autonomías tenemos que asumir unos costes, pero unos costes que sean racionales y proporcionados. Lo que no puede ser, es que mientras la comunidad de Castilla y la Mancha con 5 provincias y 919 municipios, con siete veces más de extensión que la de Murcia y con un 40% más de población, tenga 33 diputados regionales, y nosotros siendo una región uniprovincial, con menos extensión y población que ellos y con menos del 5% de sus municipios, tengamos 45 diputados. Lo que nos supone un gasto de más de 10 millones de euros, por encima que Castilla la Mancha y más del doble de La Rioja que también es una región uniprovincial. Regiones que dicho sea de paso, nos libramos de contar también con diputados provinciales, porque aparte de los 1.206 autonómicos, también tenemos en nuestro país 1.031 diputados provinciales, más los correspondientes a las diputaciones forales y a los cabildos y consejos insulares.

Siendo la profesión de “diputado provincial” una profesión muy bien pagada, con sueldos que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros mensuales. Pero parece que a sus señorías, esto le parece insuficiente, por lo que también se conceden dietas por cada reunión a la que asistan, reuniones de organismos provinciales o consorcios a los que están adscritos y que pueden suponer unos 300 euros por reunión, pudiendo ser estas semanales, quincenales o mensuales, dependiendo de la importancia de los temas a tratar o de las veces en que se quieran dividir (cobrar) los asuntos. Unas diputaciones provinciales que no tienen razón de existir en la España autonómica, al no ser que sirvan de agencia de colocación para los militantes del partido en el poder o para promover casos de corrupción, tal como hemos visto en las distintas autonomías. Estas instituciones fueron creadas para dar servicio a los municipios pequeños por medio de consorcios y otros organismos mancomunados, pero en la actualidad son las propias autonomías las que ofrecen estos servicios, por lo que l único que hacen es duplicar los mismos por las dos administraciones o dejar estos sin prestar.

Cuando la supresión de estas administraciones provinciales, forales e insulares, nos ahorrarían unos 22.000 millones de euros que salen de las arcas del Estado, cantidad que casi en un 50% se destina a la propia organización de estas instituciones. Instituciones de las que se puede prescindir, asumiendo sus funciones las comunidades autónomas de su territorio y ahorrando más de 10.000 millones de euros. Pero claro, para ello también hay que prescindir de los políticos ahí colocados, y eso ya es más complicado. En el pacto de investidura del PSOE y Ciudadanos estaba la propuesta de eliminar las diputaciones provinciales, pero como luego quedó en nada, no se ha vuelto a hablar más del tema. Ahora toda la atención es Cataluña, un asunto que es importante, pero no el único que preocupa en nuestro país. Claro que mientras se hable de Cataluña, no se habla de otra cosa, y como pasaba en el franquismo, aquello que no se habla, es aquello que no ha sucedido. Estamos rodeados de políticos mediocres, tanto los de un lado como los del otro, cuando si cada uno se hubiese dedicado a hacer política, no estaríamos en este punto sin salida, en este ridículo que no tiene límites y al que se le llama política.

Pero mientras se encuentra la mejor solución, lo cierto y verdad, es que mientras el pueblo sufre las decisiones de sus políticos, estos siguen cobrando del pueblo. Carles Puigdemont era el presidente autonómico que más cobraba en nuestro país, con un sueldo de casi 10.000 euros mensuales (14 pagas) 139.585 € al año. Pero es que una vez que ha dejado la presidencia, tiene derecho a seguir cobrando durante un mínimo de cuatro años el 80% de su sueldo, lo que le supone más de 111.000 euros al año, lo mismo que sigue cobrando su predecesor Artur Mas, ya que así lo establece el Estatuto de expresidentes. Otro chollo más de los políticos, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, es como si una junta de trabajadores decidiese el sueldo, sus indemnizaciones y sus condiciones de empleo en la empresa. Pero lo triste de todo esto, es su absentismo laboral, todos tenemos la imagen del hemiciclo casi vacío, donde solo acuden a la hora de votar, importándoles bien poco los debates y más si los que intervienen son los contrarios. Si que están adscritos a diferentes comisiones, pero estas no suelen coincidir con las sesiones del Parlamento, por lo que asistan o no, lo hagan bien o lo hagan mal, gestionen mejor o gestionen peor, ellos siempre ganan.

Aunque hay otros personajes públicos que ganan más. porque para sueldos de escándalo el de algunos futbolistas, sus representantes y el del presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, que cobró el pasado año la friolera de 879.033 euros, más de 73.250 € al mes. Más del doble que el año anterior y debiéndole a la Hacienda Pública 4,7 millones de euros esa entidad. Pero es que el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha cobrado 152.000 euros anuales por este cargo, 351.000 por ser miembro de la FIFA y 217.000 € por el de la UEFA, un total de 720.000 € en un solo año, casi 2.000 euros al día, aparte de gastos de representación y dietas. Pero lo más indignante es que se le figuró poco, y tuvo que coger dinero indebido de la caja de la Federación, siendo detenido por este motivo e ingresado en prisión en julio del pasado año.

Pero para indignante, lo que cobra Belén Esteban la “princesa del pueblo”, por sus apariciones como colaboradora de los programas rosa de Tele 5, nada menos que 500.000 € al año, más de 41.000 euros al mes, un verdadero disparate. Pero bueno, eso ya no es dinero público, y si se lo pagan es porque la cadena lo rentabiliza con creces, igual que pasa con el fútbol. Nuestros hijos toda la vida estudiando, sacándose la carrera, haciendo máster u opositando, y otras con solo tocarle la cosa a un torero tienen la vida resuelta, menudo ejemplo estamos dando a la juventud. Pero lo vergonzoso es, que toda esta gente famosa que tanto dinero gana, tenga siempre una larga deuda con Hacienda.

Precisamente una semana después de los terremotos de Lorca, la Agencia Tributaria le reclamaba a Belén Esteban 256.000 euros de los ejercicios 2006, 2007 y 2008, cifra que con los intereses y costas se situaba en 307.539 €. También durante esas fechas, nuestra “princesa del pueblo” abrió una cuenta solidaria para ayudar a los damnificados de los terremotos de Lorca, cuenta de la que se dice recaudó unos 5.000 euros, pero dinero que se perdió antes de llegar a Lorca. Dicen que fue debido a un engaño, pero no sabemos de quien.